Diputada Valcarce presentará Proyecto de Ley para incluir al Boro

Dada la negativa que el Ministerio de Salud (MINSAL) otorgó a la iniciativa que la diputada Ximena Valcarce presento en el parlamento, de incluir al boro dentro de los elementos y sustancias químicas que deben ser controladas en el agua de consumo humano, la parlamentaria enviará un proyecto de ley para incluir definitivamente a esta sustancia en los controles que las empresas sanitarias deben establecer.
“No podemos esperar a que se nos tramite dos años para saber si estamos consumiendo veneno o no, la urgencia es ahora, por lo que considero contraproducente que la ministra nos diga que las dosis de boro que se encuentran en nuestras aguas, no serían nocivas para la salud de las personas, aún sabiendo que investigaciones anteriores han demostrado la existencia de 15 miligramos del elemento, es decir, 30 veces más de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)” enfatizó Ximena Valcarce.
El Proyecto de Ley que se enviará a la Cámara de Diputados, cuenta con el apoyo de los diputados Karla Rubilar (RN) y Álvaro Escobar (IND), y plantea la perentoriedad de incluir al boro en la tabla de contenidos máximos, ya que ésta no lo considera en la medición de calidad de agua.
Antecedentes
El MINSAL respondió negativamente a la iniciativa presentada por la diputada Ximena Valcarce de incluir al elemento en la tabla de elementos y sustancias químicas, argumentando que “las dosis de boro que la población de Arica está recibiendo en el agua potable, no deberían ser causa de efectos deletéreos en la salud de la población”, agregando además, que “de no ser por ello ya se habrían tomado medidas precautorias para controlar los posibles riesgos”.
Para Ximena Valcarce, la situación es grave, ya que considera que “existe un doble standard entre las autoridades de gobierno cuando se trata de cumplir con las normas internacionales”, siendo clara en decir que “siempre están dispuestos a cumplir con las reglas que imponen los tratados de libre comercio, o los acuerdos políticos y económicos, pero cuando se trata de cumplir una normativa que protege la salud de las personas, ésta pasa a segundo plano o simplemente no es tomada en cuenta por la autoridad central, que seguramente no actuaría de la misma forma si este problema estuviese en Santiago y no a dos mil kilómetros de distancia”.