Sara Larraín de Chile Sustentable: "es preciso que el gobierno someta a sumario administrativo a la intendenta de Tarapacá"
"La conducta de la intendenta reviste doble gravedad si se atiende a que el sondaje minero fue rechazado por la Conaf, organismo a cargo de la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe)", señaló.
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13 de Septiembre, 2007 07:09
Por Sara Larraín
Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable
Al analizar con perspectiva el caso de la aprobación de actividades mineras en la Reserva Nacional Las Vicuñas, en la Región de Tarapacá, el lector puede comprobar una reincidencia de actuaciones irregulares en las Comisiones Regionales de Medio Ambiente (Corema), que se apartan gravemente de la ley vigente. Hoy asistimos al caso de la intendenta Antonella Sciaraffia, pero el modelito es una copia, y si no se le pone fin, el gobierno terminará por perder toda legitimidad ambiental y arriesga acusaciones a nivel internacional.
Como decía, el caso de Las Vicuñas es secuela de lo sucedido en octubre de 2006, cuando la Corema de Atacama aprobó vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA) la ampliación y cambio de combustible de la central termoeléctrica Guacolda III en el valle de Huasco, en circunstancia que correspondía someter el proyecto a Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para mitigar los perjuicios socio-ambientales de esta inversión.
Primero se aprobó la quema de carbón con lecho fluidizado (tecnología de alta captura de emisiones, entre ellas metales pesados cancerígenos) y luego se cambió por una de carbón pulverizado, más contaminante. La máxima autoridad ambiental de la época, la ministra de la Presidencia, Paulina Veloso, nada hizo al respecto.
Hoy, la compañía Vilacollo, del grupo Angelini (dueños de Celco) consiguió con el mismo modus operandi que la Corema de Tarapacá aprobara prospecciones mineras en la Reserva Nacional Las Vicuñas, zona protegida como reserva de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Esto contradice absolutamente la ley ambiental chilena y los compromisos internacionales del Estado. La zona amenazada es parte de la Reserva de la Biosfera Lauca, desde 1981; está protegida por el Convenio Trinacional para la Conservación y Manejo de la Vicuña; por la Convención de Washington; la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, además de acuerdos pactados con Canadá.
Se trata de un nuevo golpe a la legitimidad de la institucionalidad ambiental y a la función de Ley 19.300, que deberían proteger y tutelar la salud de las personas y el patrimonio natural. Cuando -el 10 de abril de 2007- la Corema de Tarapacá recibió la solicitud de sondaje de cobre, mediante DIA, lo que correspondía era rechazar y recomendar que se hiciera un EIA. Es tremendamente grave que el gobierno, amparado en informes improvisados de funcionarios de Conama y del Ministerio de Minería, pretendan blanquear acciones ilegales.
La conducta de la intendenta reviste doble gravedad si se atiende a que el sondaje minero fue rechazado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) , organismo a cargo de la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe), que ha reclamado que la presentación de una simple DIA no basta para pronunciarse responsablemente sobre el impacto del proyecto. Ello configura que a través de los procedimientos de aprobación ambiental se están violando las leyes sectoriales.
Este ejemplo es una ilegalidad recurrente, secuela de una mala señal dada por el gobierno en el caso Guacolda, y constituye una conducta reiterada de abandono de funciones por parte de la autoridad ambiental regional. La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, como presidenta del Consejo de Ministros de Conama, debe corregir la situación, anular el permiso ambiental entregado al proyecto minero y clarificar a las Corema la reglamentación para el cumplimiento de la ley ambiental nacional e internacional. También es preciso que el gobierno someta a sumario administrativo a la intendenta de Tarapacá, Antonella Sciaraffia, y a los funcionarios implicados, para que sepamos por qué se aprobó un proyecto fuera de la ley.-
Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable
Al analizar con perspectiva el caso de la aprobación de actividades mineras en la Reserva Nacional Las Vicuñas, en la Región de Tarapacá, el lector puede comprobar una reincidencia de actuaciones irregulares en las Comisiones Regionales de Medio Ambiente (Corema), que se apartan gravemente de la ley vigente. Hoy asistimos al caso de la intendenta Antonella Sciaraffia, pero el modelito es una copia, y si no se le pone fin, el gobierno terminará por perder toda legitimidad ambiental y arriesga acusaciones a nivel internacional.
Como decía, el caso de Las Vicuñas es secuela de lo sucedido en octubre de 2006, cuando la Corema de Atacama aprobó vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA) la ampliación y cambio de combustible de la central termoeléctrica Guacolda III en el valle de Huasco, en circunstancia que correspondía someter el proyecto a Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para mitigar los perjuicios socio-ambientales de esta inversión. Primero se aprobó la quema de carbón con lecho fluidizado (tecnología de alta captura de emisiones, entre ellas metales pesados cancerígenos) y luego se cambió por una de carbón pulverizado, más contaminante. La máxima autoridad ambiental de la época, la ministra de la Presidencia, Paulina Veloso, nada hizo al respecto.
Hoy, la compañía Vilacollo, del grupo Angelini (dueños de Celco) consiguió con el mismo modus operandi que la Corema de Tarapacá aprobara prospecciones mineras en la Reserva Nacional Las Vicuñas, zona protegida como reserva de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Esto contradice absolutamente la ley ambiental chilena y los compromisos internacionales del Estado. La zona amenazada es parte de la Reserva de la Biosfera Lauca, desde 1981; está protegida por el Convenio Trinacional para la Conservación y Manejo de la Vicuña; por la Convención de Washington; la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, además de acuerdos pactados con Canadá.
Se trata de un nuevo golpe a la legitimidad de la institucionalidad ambiental y a la función de Ley 19.300, que deberían proteger y tutelar la salud de las personas y el patrimonio natural. Cuando -el 10 de abril de 2007- la Corema de Tarapacá recibió la solicitud de sondaje de cobre, mediante DIA, lo que correspondía era rechazar y recomendar que se hiciera un EIA. Es tremendamente grave que el gobierno, amparado en informes improvisados de funcionarios de Conama y del Ministerio de Minería, pretendan blanquear acciones ilegales.
La conducta de la intendenta reviste doble gravedad si se atiende a que el sondaje minero fue rechazado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) , organismo a cargo de la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe), que ha reclamado que la presentación de una simple DIA no basta para pronunciarse responsablemente sobre el impacto del proyecto. Ello configura que a través de los procedimientos de aprobación ambiental se están violando las leyes sectoriales.
Este ejemplo es una ilegalidad recurrente, secuela de una mala señal dada por el gobierno en el caso Guacolda, y constituye una conducta reiterada de abandono de funciones por parte de la autoridad ambiental regional. La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, como presidenta del Consejo de Ministros de Conama, debe corregir la situación, anular el permiso ambiental entregado al proyecto minero y clarificar a las Corema la reglamentación para el cumplimiento de la ley ambiental nacional e internacional. También es preciso que el gobierno someta a sumario administrativo a la intendenta de Tarapacá, Antonella Sciaraffia, y a los funcionarios implicados, para que sepamos por qué se aprobó un proyecto fuera de la ley.-
FOTO: simoncharbonneau
Jueves 13 de Septiembre de 2007
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IMPORTANTE: MENSAJE PARA LA
IMPORTANTE: MENSAJE PARA LA SRA. SARA LARRAIN.
: Apreciada Sra. Sara, desde hace un año estoy recabando información para confeccionar el arbol genealogico de mi apellido GRANJA, necesito saber si algun antepasado suyo se llamaba ZARINA GRANJA NAVARRO, casada con un tal..... LARRAIN.
Gracias por su atención, atentamente, Mª Rosa Granja
Se puede desarrollar la
Se puede desarrollar la minería en la Región, pero lejos de los Parques Nacionales y de las comunidades que no quieren minería en sus tierras. Tienen todo el desierto para hacerlo y tienen todo el océano pacífico para sacar agua. Tienen energía solar y eólica para producir energía.
En los Parques nos dedicamos a la ganadería, agricultura y turismo. Usen las tierras que están improductivas. Transformen Arica en una Ciudad Tecnológica, en una Ciudad Universitaria, hagan producir al puerto, arrienden parte de él a Bolivia, Hagan un gran Puerto Seco para contenedores al norte de Arica, hagan el famoso dique en el Lluta, exporten tomates, aceitunas....¡Usen la Imaginación y dejense de llorar! No contraten más peruanos ilegales...gran parte del desempleo es por esa causa.
Reflexión.Referirse a la
Reflexión.
Referirse a la conservación del medio ambiente, con el propósito de impedir actividades mineras
en la nueva región (XV), específicamente en la provincia de Parinacota, sustentada en la mala aplicación de las normas que rigen a instituciones como Corema, Dia y de la ley 19.300, sin haber realizado un Estudio de impacto ambiental (EIA) y además de informes improvisados de funcionarios de Conama y del Ministerio de Minería, que sirvieron para que el gobierno, amparado en ellos pretenda blanquear acciones ilegales.
Me parece una acusación de graves consecuencias, dichas instituciones implicadas en los hechos señalados, deberían tomar las acciones legales correspondientes contra temerarias acusaciones de la susodicha. Y en relación a blanquear acciones ilegales, utilizando funcionarios improvisados de Conama y del Ministerio de Minería por parte del gobierno, éste debería instruir a las instancias que corresponda se siga una investigación inmediata, para que pueda ser sancionada en la forma y en la medida que corresponda. No se puede permitir acusaciones sin fundamento y alejada de derecho.
Respecto de someter a sumario administrativo a la intendenta de Tarapacá, Antonella Sciaraffia, y a los funcionarios implicados, para que sepamos por qué se aprobó un proyecto fuera de la ley, ( según sus propios dichos) tiene una doble implicatoria, acusa a funcionarios supuestamente implicados, porque nada se ha probado y se arroga la facultad de acusar a la intendenta de haber actuado fuera de la ley, cuando solo los tribunales de justicia tienen dicha facultad.
Por tal razón y las anteriores señaladas, nuestras autoridades en defensa de los legítimos derechos de esta nueva región, debe iniciar inmediata investigación de las verdaderas intenciones de la susodicha.
En relación a las fundaciones que destinan ingentes cantidades de recursos, para la conservación del medio ambiente y de zonas protegidas como reserva de la biosfera, me parece una loable labor y muy importante para la humanidad. El hombre y el medio ambiente deben saber convivir entre ellos, de lo contrario se rompen los equilibrios.
Refiriéndonos a la XV región y especialmente a la provincia de Parinacota, donde el nivel de desarrollo de su población y sus bajos ingresos, la ubican como las mas pobre del país, no puede aceptarse que se la relegue, como a chilenos de segunda, cuando todos somos iguales y tenemos los mismos derechos de crecer. Son nuestras fronteras vivas, protegen nuestro territorio de cualquier ambición de nuestros vecinos. Por estas razones y por muchas más debemos permitir las actividades mineras, bajo un estricto control, evitando cualquier daño en el medio ambiente.
La explotación de los recursos mineros no solo beneficiará a la provincia de Parinacota, sino también a la ciudad de Arica donde el nivel de cesantía es el más alta del país, donde cada día emigra parte su población y los que se quedan sobreviven con la esperanza de volver a tener las oportunidades de antes. Pensemos mas en el ser humano, de que sirve tener tantas riquezas si no podemos disfrutar de ellas, es como ser un rico que vive en la peor pobreza. Srs. de la XV región INICIEMOS LA REVOLUCIÓN DEL BIENESTAR EN REEMPLAZO DE LA POBREZA Y LA MISERIA.
Coincido con el articulo.
Coincido con el articulo. Quizas ahora la presidenta diga hagamos una comision para estudiar el caso ...
Por fin alguien la puso en
Por fin alguien la puso en su lugar a esta señora. SUMARIO ADMINISTRATIVO ES LO QUE CORRESPONDE. Ahora falta esperar si este gobierno tendrá el coraje de hacerlo y pedirle la renuncia de pasada. Si no lo hace será otra gran decepción de nuestra primera Presidenta.
Me pregunto si los dirigentes de la derecha regional pensarán igual, ya que la mayoría de estos saltaban en una pata cuando se aprobó la prospección. Una cosa son sus legítimas aspiraciones mineras y otra es que se haga por sobre la Ley. El fin no justifica los medios. Lo más probable es que si la decisión hubiese sido ilegal pero en otro ámbito de cosas ya estarían todos cacareando y pidiendo renuncias. Hay que ser coherentes.
Gracias Sara Larraín.