Prefectos Opositores Suspenden Diálogo en Bolivia
La detención de un dirigente cívico opositor llevó a los prefectos rebeldes que dialogan con el gobierno del presidente Evo morales, a suspender el diálogo y exigir garantías para retomar la negociación. Por Gloria Delucchi
Los cuatro prefectos opositores decidieron el miércoles congelar el diálogo, preocupados por la detención la víspera, en el sur del país, del dirigente cívico rebelde José Vaca, acusado de volar un ducto del gas que se exporta a Brasil. Las autoridades regionales consideraron que con esa detención el gobierno incumplió un acuerdo dentro de la negociación, según el cual no habría persecuciones políticas.
El prefecto de Tarija, Mario Cossio, quien oficia como portavoz de los prefectos opositores, denunció que con la captura de Vaca en unirregular operativo “con encapuchados”, el gobierno no cumplió con su compromiso de respetar las garantías constitucionales de las personas y no impulsar procesos contra las personas involucradas en las movilizaciones cívicas”. “Hemos soportado una permanente guerra psicológica, campañas medíaticas adversas y persecución a dirigentes que hicieron de las jornadas de protesta regional una actitud de defensa de los intereses de sus regiones”, manifestó Cossio.
Denunció, asimismo, que “los radicales del entorno del presidente quieren que el diálogo nacional fracase”, según publica el diario La Razón.
“Éstos son actos terroristas. No puede ser que el gobierno persiga y detenga a la gente cuando tiene un acuerdo firmado. Así no podemos seguir negociando”, sostuvo por su parte la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar.
El gobierno pidió a los prefectos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Beni, retornar al diálogo, que se realiza en la central ciudad de Cochabamba y negó la acusación de haber propiciado la detención del líder civil. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, expresó su preocupación por la ruptura del diálogo y señaló que “no es posible que los prefectos suspendan el diálogo con la intención de encubrir un delito común”. Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, indicó que el caso de Vaca no está en manos del gobierno, sino de la Justicia.
Morales y sus adversarios buscan concertar la aprobación de la nueva Constitución, los regímenes autónomos reclamados por los departamentos rebeldes y la redistribución de un impuesto petrolero que llegaba a las regiones y fue recortado en 2007 por el gobierno.
El diálogo se realiza desde hace dos semanas, bajo observación de UNASUR, la OEA, la ONU y la Unión Europea. Las negociaciones surgieron después de que en cinco de los nueve departamentos de Bolivia se produjeran violentas protestas entre agosto y septiembre, en contra del gobierno, que dejaron 19 muertos, 16 de ellos en una matanza de campesinos pro gobiernistas al norte del país. Como consecuencia de esta matanza, está detenido el gobernador del departamento de Pando, Leopoldo Fernández.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, expresó en conferencia de prensa, que la detención de Vaca en la ciudad de Villamontes, región sudoriental del Chaco, no fue por decisión del gobierno, sino de la fiscalía que investiga el hecho desde el 10 de agosto, día en que se produjo. “Nos preocupa que los prefectos no deseen participar del diálogo y los exhortamos a volver a la mesa de negociaciones”.
El fiscal del caso, Luis Madani, informó a los reporteros que acusará formalmente a Vaca por delitos de atentados contra servicios públicos, destrucción de bienes públicos y sedición, lo que conllevaría una pena de hasta 30 años de cárcel.
“Él (Vaca) admite haber participado en los hechos que se le imputan y la jueza cautelar decidirá mañana sobre su situación”, declaró el fiscal.
Previamente, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, expresó que el fiscal había ordenado la detención del acusado después de que éste desatendió dos citaciones a prestar declaraciones.
Fuentes:
AFP
BBC
Reuters
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