La Ley de Transparencia

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El lunes 20 de abril se inicia la aplicación de la ley de Transparencia y Acceso a la Información publicada el pasado 20 de agosto y destinada a ser aplicada en todas las instituciones del Estado con miras a facilitar el acceso a la información de interés público a la ciudadanía. La idea central de esta ley supone que mientras más información esté a disposición del público, en forma accesible y oportuna por parte de una institución estatal, más transparente es su gestión. Así de simple. ¿Para qué? Para prevenir, inhibir eventuales actos de corrupción, discrecionalidades y arbitrariedades.
Si tuviésemos que precisar un hito que marque el origen de esta ley, me atrevería a señalar que está dado por el famoso escándalo MOP-GATE y otros de menor escala, pero que en su conjunto remecieron a la sociedad chilena en su conjunto por la envergadura de los recursos comprometidos, pero por sobre todo, porque nos creíamos inmaculados en materia de corrupción, al menos en relación a nuestra vecindad. A partir de entonces, se instaló en nuestra sociedad una suerte de estado de alerta, al percatarnos que éramos inmunes a los efectos corrosivos de actos al margen de la ley y de los valores éticos que creemos sostener.
Un primer acuerdo político, destinado en primera instancia a desactivar la bomba que constituyó el conocimiento de los hechos, y a inhibir la repetición de casos similares, tuvo como principales protagonistas al entonces presidente Ricardo Lagos y Pablo Longueira. Como resultado de este acuerdo surge esta ley, en el que fueron importantes protagonistas los senadores de la Región del Maule, Jaime Gazmuri y Hernán Larraín.
La aplicación de esta ley implica un cambio cultural fortísimo, porque intenta pasar de nuestra tradicional cultura basada en el secretismo y el oscurantismo, a una cultura basada en la transparencia. A modo de ejemplo, mientras en los países desarrollados las rentas de los empleados públicos debe ser de conocimiento público, en nuestro país pareciera que fuera una suerte de secreto de Estado, que afectara la seguridad interior del Estado. Lo anterior, bajo el argumento de la “delicadeza” de la información, en su carácter de “reservada”, o en que puede ser utilizada por la competencia o el sector privado para levantar a los “mejores” servidores públicos.
La implementación de esta ley es un gran paso hacia adelante que hay que valorar en toda su dimensión. La administración de recursos públicos entraña una gran responsabilidad, entre la que destaca la obligación de la rendición de cuentas. Eso que pareciera obvio, no lo ha sido hasta la fecha y necesitamos de esta ley para que se haga realidad. A partir de ahora todo ciudadano podrá ejercer su derecho a ser informado de manera clara, oportuna y sin eufemismos del quehacer de sus autoridades. Si logramos que esta ley se haga carne estaremos dando un paso de gigante hacia mayores niveles de desarrollo.
Foto: ssantof
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