Chile al club de los 30 países más desarrollados

El gobierno de Chile espera cumplir con las condiciones para concretar el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) antes de que Michelle Bachelet finalice su período presidencial.
El ingreso de Chile a la OCDE está condicionado al cumplimiento de recomendaciones principalmente orientadas a promover políticas públicas para abordar los desafíos económicos, sociales y ambientales en el contexto de la globalización. Con este propósito, se ha instruido a los Ministerios respectivos a fin de acelerar el cumplimiento de los objetivos que posicionarían a Chile en el grupo de las 30 naciones consideradas más ricas y desarrolladas del mundo.
Esta organización internacional debe certificar que el país sigue la normativa vigente para los países que integran el grupo, como asimismo las políticas públicas. La evaluación en su primera etapa considera la generación y/o modificación de leyes y reglamentos, mientras que la segunda etapa contempla la aplicación práctica. Los indicadores que debe mejorar Chile están relacionados con la democracia, gobernabilidad, estabilidad económica, medio ambiente, de información pública, entre otras.
Sin embargo, la estabilidad económica, que es la imagen que ha promocionado el país en el contexto mundial, no es suficiente para considerar su integración a la OCDE. ¿Cómo puede un país ser desarrollado si los derechos fundamentales de sus habitantes son violentados? ¿Cómo puede un país considerarse como desarrollado, si persiste la discriminación? ¿Es desarrollado un país que no permite legislar a partir de la voluntad ciudadana?
El país tiene tareas pendientes con sus ciudadanos, como la aplicación de la sugerencia de la OMS en relación a la limitación de boro en el agua potable, que está presente en altos niveles en el agua que abastece a la población ariqueña. También está pendiente la respuesta a los cientos de pobladores afectados por desechos tóxicos, provenientes de Suecia, acopiados en la periferia urbana. ¿Qué sucedió con las más de 5.000 muestras que se tomaron? Alrededor de 700 llegaron al laboratorio en la capital del país. Han pasado años y la investigación sobre el destino de esas muestras aún está en manos de Contraloría. ¿Porqué las muestras no se repiten y se amplía el espectro de análisis a mercurio y arsénico, además de plomo?
Sin duda el estado ha cambiado su rol.