Familias del plomo: El gran peso de los afectados

Entre 1984 y 1989 se produjo la internación de “residuos de barros con contenidos metálicos” provenientes de la empresa sueca Boliden Metal A.B. El Servicio de Salud de Arica otorgó la autorización correspondiente para desaduanar las 21.000 toneladas importadas bajo el régimen de Zona Franca, es decir, no hubo pago de impuestos de internación. La empresa que ingresó al país estos acopios declaró que se trataba de residuos “que no eran tóxicos, cualquier persona podía manejarlos, pero que no debían ingerirse”. Promel y Cía. S.A. a cargo entonces de Marco Beovic Vranicic, socio y Director, en conjunto con David Fux Glickman, Blas Martino Muñoz, Natalio Fosk Rosemberg, Alberto Koch Sologuren y Eduardo Fosk Abrahamson, respaldaban su solicitud en la “experiencia como una de las pocas empresas en el mundo que podía aplicar un tratamiento eficaz a este tipo de residuos”.
Promel y Cía. Ltda. había arrendado a Bienes Nacionales el sitio F o Chapiquiña 3066, ubicado en el sector industrial, al oeste de Arica, donde estos desechos fueron depositados a la intemperie, sin fiscalización alguna, Sin embargo, en 1993 desistieron de “tratar” los barros internados, en atención a las fluctuaciones de tipo de cambio y el alto costo de los insumos, solicitando permiso para abandonar, a beneficio del estado, las materias primas de Zona Franca Industrial, como ellos le llamaron. Esta situación no fue aceptada por el Servicio de Aduana, posteriormente, en 1997, Promel y Cía. Ltda. para desprenderse de este acopio mineral, solicitó su destrucción, situación que no se concretó, pese a ser autorizada por el Servicio de Salud de Arica y Aduanas, por lo que, en definitiva estos residuos quedaron abandonados, sin resguardo sanitario alguno.
Recién en 1996, funcionarios del Servicio de Salud, a través de informes técnicos tomaron conocimiento de la toxicidad de los residuos, por su alto contenido de mercurio, plomo arsénico, cobre y otras materias. El Servicio de Salud de Arica, ante la negativa de la empresa importadora, se hizo cargo del traslado de estos residuos metálicos a Quebrada Encantada, no lejana de ese sector.
En el intertanto, fue modificado el plano regulador de Arica, agregándole un nuevo sector, denominado U-1, permitiendo la construcción de viviendas sociales en la zona aledaña al sitio F, es decir, cerca del acopio de los residuos tóxicos. Entre 1987 y 1996 se construyeron viviendas Serviu en ese sector, no existiendo claridad respecto de quien otorgó los permisos correspondientes a la construcción en particular de Los Industriales II, existen permisos de construcción posteriores a la fecha de entrega de viviendas a los pobladores y no existe el acta de recepción correspondiente. El Serviu en 1994, reconoce la construcción de viviendas “sobre un basural” y que no se haría tratamiento alguno por ser “oneroso para el estado”.
Así, cerca de 15 mil habitantes de las construcciones en el sector afectado estuvieron expuestos al plomo, arsénico, mercurio y otros elementos altamente tóxicos durante años. Fueron tomadas cinco mil muestras de sangre y al ISP en Santiago solo llegaron 725 muestras. Los encargados de enviar las muestras eran el Servicio de Salud de Arica y el Hospital. No se encargaron exámenes para determinar niveles de otros elementos tóxicos como el mercurio o el cadmio, por ejemplo. El análisis solo determinó los niveles de plomo en la sangre.
Los vecinos afectados presentaron una demanda contra la empresa Promel y Cía. Ltda. La empresa fue defendida por la abogado Sandra Negretti Castro, conocida por representar jurídicamente al Diputado Iván Paredes. También fue gobernadora de Arica en 2007.
¿Quiénes fueron las autoridades en todo ese período? Indistintamente, nada hicieron para impedir, subsanar o impedir la contaminación de los suelos. Ni siquiera el estado procuró la transparencia en la investigación del trabajo de la Comisión Investigadora, creada el 2003 para analizar la contaminación por plomo, ya que fue nombrado presidente de la Comisión el mismo diputado Paredes, uno de los Alcaldes del período desafortunado. Su abogada estaba representando a Promel y Cía. Ltda. la empresa cuyo accionar con falta a la ética y sin respeto por los más vulnerables de la región, es responsable de daño irreparable a la salud de cientos de personas o miles. ¿Fue acaso el sillón de la gobernación un premio para esta abogada? ¿Existe alguna relación entre los socios de Promel y Cía Ltda. y las autoridades de la época? En febrero de 1998 el entonces Alcalde de Arica Iván Paredes presentó un recurso de protección a nombre del municipio contra el Servicio de Salud de Arica, al cual posteriormente adhieren Los diputados Navarro, Longton y Letelier ¿No sabía acaso que en una situación de esa envergadura un recurso de protección no servía de nada?
¿Dónde están acopiados hoy día los residuos? ¿Están debidamente cubiertos, sin acceso a persona alguna y sin peligro de desplazamiento por vientos fuertes? ¿Porqué el estado paga las culpas de privados? Porque están juntos en el podio de los acusados por colusión. Otras interrogantes surgen, desde el destino de las muestras extraviadas o porqué no se repitieron al conocer las autoridades la pérdida de éstas, hasta la incidencia de estos acopios tóxicos en la salud actual de la población. Ocho millones parecen una burla ante la pérdida permanente de las capacidades cognitivas, neurológicas y la calidad de vida. ¿Dónde está el derecho a vivir en un ambiente saludable que asegura la Constitución Política de Chile? Los pobladores deben ir más allá de las fronteras del país para buscar algo de justicia, el derecho fundamental a la vida ha sido vulnerado.