Nuestro Chile y su relación con los derechos del niño

Ayer 20 de Noviembre de 2009, se cumplieron 20 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara el texto de la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño” (CDN) un documento de carácter jurídico que establece en sus 54 artículos los principios que los Estados partes de la Convención, suscriben y se comprometen a llevar a cabo en los ámbitos de provisión (supervivencia y desarrollo), protección y participación. Hacia el desarrollo de la infancia y adolescencia basados en los principios fundamentales de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros.

Este documento fue ratificado por el Congreso de Chile en agosto de 1990 y a partir de ese momento pasó a ser parte de la legislación de nuestra país. Esto no solo dio pie a que se desarrollaran una serie de iniciativas a favor del cumplimiento de los artículos centrales, sino que a su vez estableció el desafío, ya en un contexto de democracia, para que el estado y la sociedad civil, dentro de este marco global para la formulación de Políticas Públicas relacionados con la Infancia, pudieran generar un cambio en los paradigmas en torno a la infancia y adolescencia. Debiendo entenderlos ahora , como sujetos de derechos bajo un marco jurídico que consolidaría el pleno ejercicio de estos, en ámbitos como la salud, la educación, la protección, el reconocimiento étnico, la participación, la cultura, etc.



El Estado asume el desafío de una Nueva Doctrina acerca de la Protección Integral de la Infancia a partir de los ´90s estableciéndose una serie de cambios que ha ido teniendo la legislación en torno a la infancia y adolescencia. Cambios y avances que han demorado 20 años desde que comenzó a ser reconocida la CDN, por parte del Estado.



Hablar hoy acerca de los resultados que ha tenido dentro de nuestra institucionalidad la incorporación de la convención, conlleva a analizar que si bien se han logrado avances, el énfasis de este desarrollo no ha cumplido las expectativas establecidas por los principios fundantes de las Naciones Unidas, dejando claramente en pendiente temas fundamentales para el correcto cumplimiento de la CDN y el reconocimiento de esta no como una simple suscripción mas a una problemática de carácter internacional acerca de la infancia y adolescencia, (lo cual siempre es bien visto dentro de la comunidad internacional). Sino que a nivel local pueda ser también reconocida verdaderamente su operatividad y funcionamiento.

Este marco al cual el estado de Chile comprometió cumplir, ha sido inconcluso en un ámbito esencial, el cual es la pendiente promulgación de la LEY DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, lo cual permitiría: operativizar, sancionar y proteger integral y específicamente; a los niños y niñas de nuestro país de todas aquellas vulneraciones de derecho que se ejerzan contra ellos.

Vulneraciones que hoy están no solo en la familia, la educación, la salud, la cultura, el trabajo, etc, sino que también en nuestro propio estado. El cual es un vulnerador mas para los de los niños y niñas, cuando no garantiza plenamente el ejercicio de los derechos reconocidos internacionalmente, pero no operativizados completamente a nivel nacional.

Estas problemáticas han llevado hoy al articulador de las políticas de infancia, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), a iniciar un proceso de replanteamiento de su institucionalidad en las políticas públicas de infancia dentro del Ministerio de Justicia, producto también a la conflictuada exposición en los medios de comunicación que ha tenido este, producto de reiterados casos de niños y niñas que infringen de ley cometiendo delitos que son de gran connotación para la opinión pública y para la comunidad.

Reflejando a partir de estas alertas tan mediáticas, la verdadera necesidad de darle un cambio a la manera en que se están haciendo las cosas en torno a la infancia. Cambios integrales en relación a mejorar la calidad de la formación parental, educacional, social y económica de la población no solo en riesgo social, sino de todos aquellos que se les han vulnerado sus derechos a una mejor calidad de vida.

El trabajo y el desafío continuará pero si esta vez no fortalecemos el accionar en establecer plenamente una cultura de derecho, potenciando el desarrollo de la sociedad civil y sus organizaciones para que en conjunto con el Estado, podamos proteger a nuestra infancia y adolescencia con políticas sociales que brinden verdaderas oportunidades de reinserción social y rehabilitación, tendremos que esperar otros 20 años más.

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