Copenhague y Termoeléctricas

Esta semana Chile inicia su participación en la XV Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático, mas conocida como COP 15, donde la comunidad internacional pretende llegar a un compromiso político y a un cronograma de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento del planeta en un escenario máximo de 2 grados. Esto supone enfrentar un escenario moderado de calentamiento global y reducir las consecuencias catastróficas de los escenarios más severos de calentamiento que se estiman entre más 4, ó más 6 grados promedio.

El gobierno de Chile ha declarado que comparte la posición de los países en desarrollo, agrupados en el G-77, para la COP 15, la que establece que los países industrializados deben asumir su responsabilidad histórica como emisores de CO2, y comprometerse a reducciones absolutas de estos gases al interior de sus territorios; además de aportar a un fondo para la adaptación de los países en desarrollo a los impactos del cambio climático. Pero Chile agrega además, el compromiso de asumir medidas de mitigación voluntarias para cooperar con la reducción de emisiones globales y establecer que, sí estos compromisos voluntarios son financiados por la comunidad internacional, podrían ser verificables, monitoreables y reportables a la Convención, al igual que los compromisos de los países con obligaciones.
Junto con celebrar esta posición proactiva del gobierno chileno a nivel internacional; es necesario dar a conocer la profunda contradicción con las políticas sectoriales frente al cambio climático, particularmente en el sector de la energía, donde, no solamente en el sector transporte no hay políticas de compatibilidad con los desafíos de limpiar el sector, sino más gravemente en la generación eléctrica, donde la mayoría de los futuros proyectos son a carbón, y por tanto con grandes emisiones. Ello, en un contexto donde el país no tiene norma para termoeléctricas; donde el proyecto de norma se encuentra con más de un año de retraso; y peor aún, según ha trascendido, el Ministro de Energía y las empresas termoeléctricas están presionando para que su promulgación se retrase aún más.
Por un lado la posición de Chile puede ser muy positiva hacia Copenhague, pero es incoherente con lo que se obra en la política del día a día, lo que finalmente resta credibilidad al país frente a sus ciudadanos y ante la comunidad internacional.