El terremoto natural, social e institucional que ocurrió en Chile

A partir de la fatídica hora 03.35 horas del 27 de febrero, y 15 horas después de ocurrido el quinto terremoto más potente del planeta registrado en la era moderna, con 8,8 grado Richter, las autoridades gubernamentales negaban la existencia de un posible tsunami en la costa de las 7° y 8° regiones, siendo que éste ya había arrasado con toda la costa de éstas regiones.
Por más de 20 horas existió una desinformación sobre la situación del desastre. Se había ignorado una rápida evaluación del lugar del epicentro del movimiento sísmico. A más de 60 horas de la tragedia, la respuesta gubernamental de la ayuda más básica fue inexistente lo que generó un caos y descontrol en esas regiones.
Se generó una confusa y contradictoria búsqueda de responsabilidad entre instituciones gubernamentales referida a la no entrega oportuna de la información sobre un posible tsunami. Finalmente, el ministro de Defensa sostenía que había funcionado el sistema de alerta temprana(?)lo que permitió salvar vidas, poniendo como ejemplo la situación en la Isla Juan Fernández en que se había dado la alarma oportuna, siendo que en realidad había sido la joven Martina Maturana, que de manera espontánea, había advertido el sismo y la recogida del mar reaccionando y tocando un gong, alarma conocida por la comunidad isleña, y no que el sistema de alarma institucional, proveniente del continente, hubiera operado. En pocas palabras y usando una metáfora, hay un terremoto natural, social e institucional que a estas horas se encuentra casi fuera de control.
A partir de todo lo anteriormente descrito surgen muchas interrogantes: ¿Fue posible evitar la tragedia?. ¿Es posible que se puedan disminuir, antes y mitigar después, los efectos de los llamados desastre naturales?. ¿Es evitable el riesgo?. ¿Se puede ser proactivo y aprender a vivir con las amenazas naturales?. ¿Por qué fallan las instituciones gubernamentales en situaciones como éstas?. Finalmente, ¿es posible que los riesgos sean construidos social y culturalmente?

Hace años el antropólogo Anthony Oliver-Smith sostenía que el terremoto del año 1970 en Perú, que había cobrado más de 70.000 vidas, había tenido su origen hace 500 años debido a la des-estructuración de la sociedad andina como efecto de la Conquista española con los nuevos patrones de asentamiento, y en la que a través de un complejo proceso histórico, muchos campesinos indígenas fueron perdiendo sus tierras de las planicies y obligados a ocupar territorios en profundas quebradas, laderas de cerros y borde ríos, generando muchos pueblos y caseríos densamente poblados, justamente los mismos espacios que en el momento del terremoto, fueron arrasados por los descomunales deslizamientos de nieve, agua y lodo que causaron la muerte de miles de indígenas.
La interpretación de esta tragedia por parte de Oliver-Smith, es que estos grupos humanos social, económica y políticamente vulnerables y enfrentados a una amenaza natural generaron las condiciones de riesgo. Es decir, que la catástrofe de Perú no habría sido una cuestión del azar ni que obedeciera a causas estrictamente naturales, sino que el riesgo había sido producto de un complejo proceso histórico que había quedado en evidencia con el terremoto. Esto se podría representar a través de la siguiente ecuación: Riesgo= Amenaza + Vulnerabilidad. Para evitar o disminuir el riesgo es cosa de intervenir en cualquiera de esas dos variables. De otra forma, una catástrofe se va a desencadenar en cualquier momento, sólo es cosa de tiempo.
Hoy, y considerando la dramática y caótica catástrofe producto del terremoto, sobre todo la forma en que la gente ha muerto en la 7° y 8° regiones, observamos que la gran mayoría ha muerto por aplastamiento o ahogamiento. Los aplastamientos han ocurrido en modestas vivienda construídas de adobe y seguramente con escasa o nulas normas de construcción. En tanto las personas ahogadas, fueron en su gran mayoría familias que vivían en pequeñas caletas de pescadores, muy cerca del mar.
Si consideramos lo planteado por Oliver-Smith, es posible advertir dos amenazas: las construcciones de adobe que no son capaces de resistir fuertes movimientos sísmicos y los poblados costeros que se exponen a tsunamis. En cuanto a la vulnerabilidad, en ambos casos se trata de grupos humanos vulnerables económicamente porque carecen de medios económicos para enfrentar, antes y después, una catástrofe. Social y políticamente vulnerables porque su grado de organización les impide ser parte o contraparte en la toma de decisiones, sean éstas acertadas o desacertadas, las que siempre son definidas y ejecutadas de manera externa por expertos bajo criterios político-técnicos, los que normalmente desconocen los particulares contextos humanos intervenidos.
Reflexionando sobre lo anterior y reconociendo a la región de Arica y Parinacota como una zona altamente sísmica, con una historicidad en terremotos y/o tsunamis(11 eventos desde el año 1600 hasta 1987, alcanzando los ocurridos en 1868 y 1877, grados de 8,5 escala Richter, con olas que llegaron a 70 metros del Cerro Chuño) debemos reconocer los riesgos de este contexto en el que estamos situados, y aprender a convivir con las amenazas naturales, disminuyendo las diferentes vulnerabilidades con el objetivo de eliminar o disminuir los riesgos.
Qué nos dice hoy la realidad respecto de amenazas y vulnerabilidades regionales: se observa que existen miles de viviendas en una zona de inundación, esto es desde el sector de La Lisera hasta el sector del Grupo de Instrucción de carabineros, frente a la playa Las Machas, las que se exponen a un desastre incuantificable frente a un eventual tsunami; el lecho del río San José que puede ser una entrada de agua de mar hacia el interior de la ciudad; el conocido Plan Daysi indica que ante un fuerte movimiento sísmico, los alumnos, entre otras cosas, deben protegerse debajo de los pupitres siendo que las investigaciones actuales sostienen que esto es sumamente riesgoso, por lo que se debe buscar el denominado “Tríangulo de la vida” que se encuentra a un costado de los muebles y no debajo; muchos sectores habitacionales, como el casco antiguo de Arica, tienen viviendas construidas de adobe, muchas con evidentes fallas estructurales; la falta de conocimientos por parte de la comunidad en primeros auxilios; el aislamiento geográfico y la precaria conectividad de la región; la endémica dependencia política local de los niveles centrales en la toma de decisiones que provoca inmovilidad. Esto queda evidentemente graficado en que las autoridades regionales de las 7° y 8° regiones estuvieron invisibilizados en las primeras 24 horas del desastre; la limitada respuesta humana, técnica e institucional del Estado, y finalmente, la escasa organización a nivel de la comunidad, sean estas territoriales o funcionales, para enfrentar diferentes tipos de catástrofes.
Es de esperar que la comunidad regional sea proactiva y desarrolle hoy, en conjunto con las instituciones gubernamentales, políticas integrales de intervención que aseguren el funcionamiento oportuno y eficiente en las respuestas para enfrentar, antes, las posibles amenazas naturales, y, después, cuando ocurra la catástrofe como lo hizo Martina Maturana de la Isla Juan Fernández, sobretodo con lo observado en las zonas afectadas por el terremoto en la zona central, lo que ha denotado la alarmante ineficacia y lentitud gubernamental en la visión, comprensión y respuesta oportuna ante el desastre natural y social, transformándolo en un verdadero terremoto social con consecuencias insospechadas.