Chile adopta ley de protección de refugiados

La nueva ley establece una normativa integral para regular la protección de las personas refugiadas en Chile y contempla las obligaciones internacionales contenidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el estatuto de los Refugiados de 1967.
La misma establece garantías y obligaciones para el refugiado, regula procedimientos, y define lineamientos claros para la denegación o cancelación de la condición de refugiado, entre otros asuntos relevantes. La necesidad de una ley ha sido destacada en diversos encuentros internacionales así como en documentos estratégicos a los que Chile adhirió, tales como la Agenda para la Protección del año 2001, y la Declaración de México y su Plan de Acción del año 2004.
En su mensaje durante la presentación del proyecto de ley en abril de 2009, la ex presidenta de la nación, Michelle Bachelet, señaló: “Chile ha sido un actor relevante en esta materia, pues, por una parte, durante sus regímenes democráticos, ha otorgado protección a miles de refugiados que han buscado en nuestro país un lugar seguro donde vivir y trabajar; y, por otra, cuando el Estado de Derecho fue ignorado, varios miles de chilenos recibieron protección de diferentes países, de todos los continentes, con gobiernos de distintas tendencias políticas.”
En la actualidad hay en Chile cerca de 2000 solicitantes de asilo y refugiados, los que provienen de más de 30 países.
En 1999, el Gobierno de Chile y ACNUR firmaron un acuerdo marco para iniciar el programa de reasentamiento. Con este paso, Chile se convirtió en el primer país de Sudamérica en tener un programa de reasentamiento. Luego Brasil, Argentina y Uruguay iniciaron un programa similar al que muy pronto se sumará también Paraguay.
La concreción de este largo proceso que concluyó el 9 de marzo pasado con la aprobación de la ley en Chile, es un indicador más de la voluntad política y el compromiso humanitario que existe en la región para con la problemática de las personas refugiadas.
Este espíritu de comprensión ya se vio plasmado en la adhesión de 20 países de América Latina a la Declaración de México y el Plan de Acción, mediante el cual reiteraron su compromiso de brindar protección internacional y encontrar soluciones duraderas para los refugiados en la región. El Plan estableció acciones concretas a fin de desarrollar políticas públicas adecuadas, fortalecer el marco de protección y alcanzar soluciones en las situaciones de refugiados que América Latina enfrenta en el presente.
El marco normativo e institucional para la protección de refugiados se ha fortalecido considerablemente en la región: un importante número de países han consagrado a nivel constitucional el derecho de asilo mientras que la gran mayoría de los países latinoamericanos son partes de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967. La casi totalidad de los países de la región dispone de órganos, normas y procedimientos nacionales para la determinación de la condición de refugiado.
La adopción de la “Ley de Protección de Refugiados” puede ser calificada como una enorme contribución de Chile a la protección internacional de todas aquellas personas que deben huir de sus países porque sus vidas y derechos más elementales están en peligro.
Fuente: ACNUR