Leyes como la de Arizona en America Latina
La mayoría de los países latinoamericanos han condenado la ley de Arizona, que en su forma original autorizaba a la policía de ese estado de EE.UU. a solicitar documentación a quienes sospecharan de ser indocumentados. Por Gloria Delucchi
Por Gloria Delucchi
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30 de Julio, 2010 23:07
Incluso, en una declaración conjunta el pasado 21 de julio, congresistas de México, Ecuador, Uruguay, Panamá, Bolivia, Guatemala, Cuba y Chile calificaron la norma de “racista” y “xenófaga”.
¿Pero qué pasa con las leyes de inmigración en América Latina?
Elba Coria, consultora en temas migratorios de México, expresó que en la mayoría de los países de la región el problema de las leyes sobre la materia es que se prestan a interpretación y eso lleva a muchas arbitrariedades.
No obstante, Coria destacó que hay algunas Naciones que tienen legislaciones “tan duras y discriminatorias” como las de Arizona.
Veamos tres ejemplos.
México:
México es el país que más ha protestado por la aprobación de la ley SB 1070 de Arizona, que, según organizaciones civiles, en su forma original promovía la persecución y el hostigamiento de indocumentados.
Pero en materia migratoria, las normas mexicanas se parecen a la que se impugnó en un juzgado federal de EE.UU.
La Ley General de Población (LGP) y su reglamento, que regulan la estancia de los extranjeros en el país, exigen que cualquier autoridad, notarios públicos y hasta corredores de comercio verifiquen la calidad migratoria de los extranjeros que soliciten algún trámite o servicio.
Y eso no es todo. Como en Arizona, en México conseguir empleo también es un riesgo para los indocumentados.
El artículo 74 de la LGP afirma que “nadie deberá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su estancia legal en el país”.
De acuerdo con la ley, los únicos que pueden detener a indocumentados son agentes del Instituto Nacional de Migración y policías federales.
Pero en cualquier momento pueden solicitar ayuda a dependencias policiales locales y, de ser necesario, encerrar en prisiones a los extranjeros detenidos, según establece el artículo 94 del reglamento de al citada norma.
Al igual que en Arizona, los policías tienen la posibilidad de interrogar a los inmigrantes en cualquier sitio de México y si encuentran alguna infracción a las leyes “el personal autorizado podrá llevar a cabo su aseguramiento”, dice el artículo 152 de la LPG.
Esto ha generado miles de abusos contra indocumentados, según organizaciones civiles.
“Sirve para extorsionar a migrantes porque en la práctica cualquiera puede detenerlos”, dijo Diana Martínez, coordinadora de atención de la organización Sin Fronteras.
El presidente Felipe Calderón ha reconocido que se han cometido algunos abusos y resaltó que “el país está obligado a darle un trato humano, justo y respetuoso a los migrantes”.
Según organizaciones internacionales, México es uno de los países de América Latina donde más se violan los derechos de los indocumentados, no sólo por las autoridades, sino por bandas de delincuentes organizadas.
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó más de 10.000 secuestros de migrantes en los primeros meses de 2009, la mayoría cometidos por grupos criminales.
República Dominicana:
Uno de los aspectos más criticados de la ley de inmigración aprobada el 2005, es que a los indocumentados se los considera, desde el punto de vista legal, como si estuvieran en tránsito.
El problema es que la norma se refiere a todas las personas que son irregulares como no residentes “y una persona puede ser considerada como tal aunque haya vivido y trabajado aquí por muchos años, según esta nueva interpretación”, expresó Bridget Wooding, del Observatorio de Migrantes en el Caribe.
“Hubo una posibilidad de regularizar el estatus de muchos hahitianos que están el país irregularmente, pero eso no se hizo, que es lo que se debería haber hecho”, afirmó Wooding.
Se calcula que hay 500.000 haitianos indocumentados en República Dominicana.
Francisco Quintana, del Centro para la Justicia Internacional (CEJIL), con sede en EE.UU., afirmó que el concepto de “tránsito” también se quiere aplicar ahora retroactivamente a los hijos de los hahitianos.
Esto incluye a personas que ya son adultas y cuyos papeles de identidad no se reconocen hoy en día, porque la ley considera que heredan el estatus de sus padres, a los cuales se considera en tránsito.
Costa Rica:
El 1 de marzo de este año entró en vigencia en Costa Rica una ley de inmigración que ha generado miedo y confusión entre los cientos de miles de nicaragüenses que viven en ese país como indocumentados.
La nueva norma define medidas destinadas a un mayor control, con la creación de una policía migratoria que tiene el derecho de ingresar a cualquier sitio y efectuar inspecciones en hoteles y lugares de trabajo, e incluso centros de diversión, sin necesidad de una orden judicial.
El tema ha sido ampliamente debatido en los diarios de Nicaragua, muchos de los cuales comentaron que esta legislación no dista mucho de la de Arizona.
Por su parte, las autoridades han destacado que la ley incluye criterios para que los funcionarios actúen con pleno respeto a los derechos humanos, algo que no existía en la normativa anterior.
El problema, según Gigi Bonnici, consultora en temas migratorios basada en México, “es que es casi imposible entrar en casas privadas sin orden judicial y decir que está cumpliendo con el respeto a los derechos humanos. Representa una violación al derecho de la privacidad. Faltaría ver cómo se irá aplicando esto”.
Bonnici agregó que Costa Rica “es un país donde los migrantes sufren alto grado de discriminación y este tipo de acciones lo empeora, porque hace que la sociedad los vea como delincuentes”.
Según Larry Burns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos, una organización de EE.UU., se trata de una ley destinada a generar recursos para el Estado costarricense y eso explica las altas multas.
“En Costa Rica hay un gran resentimiento con la cantidad de inmigrantes ilegales que llegan al país y tienen acceso a educación y salud en forma gratuita, en un momento en que los servicios sociales carecen de los recursos necesarios”, afirmó.
Varios organismos de derechos humanos incluyendo el Servicio Jesuita de Migrantes, denunciaron que se han cometido una serie de “arbitrariedades” en los primeros tres meses de aplicación de la norma.
“Denunciamos enérgicamente también el abuso de las autoridades cuando les decomisan los pasaportes y los rayan de manera arbitraria, siendo el pasaporte un documento de identidad personal. El decomiso y la afectación de los pasaportes es una de las violaciones de derechos más preocupantes”, expresaron.
Fuentes:-
BBC
EFE
¿Pero qué pasa con las leyes de inmigración en América Latina?
Elba Coria, consultora en temas migratorios de México, expresó que en la mayoría de los países de la región el problema de las leyes sobre la materia es que se prestan a interpretación y eso lleva a muchas arbitrariedades.
No obstante, Coria destacó que hay algunas Naciones que tienen legislaciones “tan duras y discriminatorias” como las de Arizona.
Veamos tres ejemplos.
México:
México es el país que más ha protestado por la aprobación de la ley SB 1070 de Arizona, que, según organizaciones civiles, en su forma original promovía la persecución y el hostigamiento de indocumentados.
Pero en materia migratoria, las normas mexicanas se parecen a la que se impugnó en un juzgado federal de EE.UU.
La Ley General de Población (LGP) y su reglamento, que regulan la estancia de los extranjeros en el país, exigen que cualquier autoridad, notarios públicos y hasta corredores de comercio verifiquen la calidad migratoria de los extranjeros que soliciten algún trámite o servicio.
Y eso no es todo. Como en Arizona, en México conseguir empleo también es un riesgo para los indocumentados.
El artículo 74 de la LGP afirma que “nadie deberá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su estancia legal en el país”.
De acuerdo con la ley, los únicos que pueden detener a indocumentados son agentes del Instituto Nacional de Migración y policías federales.
Pero en cualquier momento pueden solicitar ayuda a dependencias policiales locales y, de ser necesario, encerrar en prisiones a los extranjeros detenidos, según establece el artículo 94 del reglamento de al citada norma.
Al igual que en Arizona, los policías tienen la posibilidad de interrogar a los inmigrantes en cualquier sitio de México y si encuentran alguna infracción a las leyes “el personal autorizado podrá llevar a cabo su aseguramiento”, dice el artículo 152 de la LPG.
Esto ha generado miles de abusos contra indocumentados, según organizaciones civiles.
“Sirve para extorsionar a migrantes porque en la práctica cualquiera puede detenerlos”, dijo Diana Martínez, coordinadora de atención de la organización Sin Fronteras.
El presidente Felipe Calderón ha reconocido que se han cometido algunos abusos y resaltó que “el país está obligado a darle un trato humano, justo y respetuoso a los migrantes”.
Según organizaciones internacionales, México es uno de los países de América Latina donde más se violan los derechos de los indocumentados, no sólo por las autoridades, sino por bandas de delincuentes organizadas.
Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó más de 10.000 secuestros de migrantes en los primeros meses de 2009, la mayoría cometidos por grupos criminales.
República Dominicana:
Uno de los aspectos más criticados de la ley de inmigración aprobada el 2005, es que a los indocumentados se los considera, desde el punto de vista legal, como si estuvieran en tránsito.
El problema es que la norma se refiere a todas las personas que son irregulares como no residentes “y una persona puede ser considerada como tal aunque haya vivido y trabajado aquí por muchos años, según esta nueva interpretación”, expresó Bridget Wooding, del Observatorio de Migrantes en el Caribe.
“Hubo una posibilidad de regularizar el estatus de muchos hahitianos que están el país irregularmente, pero eso no se hizo, que es lo que se debería haber hecho”, afirmó Wooding.
Se calcula que hay 500.000 haitianos indocumentados en República Dominicana.
Francisco Quintana, del Centro para la Justicia Internacional (CEJIL), con sede en EE.UU., afirmó que el concepto de “tránsito” también se quiere aplicar ahora retroactivamente a los hijos de los hahitianos.
Esto incluye a personas que ya son adultas y cuyos papeles de identidad no se reconocen hoy en día, porque la ley considera que heredan el estatus de sus padres, a los cuales se considera en tránsito.
Costa Rica:
El 1 de marzo de este año entró en vigencia en Costa Rica una ley de inmigración que ha generado miedo y confusión entre los cientos de miles de nicaragüenses que viven en ese país como indocumentados.
La nueva norma define medidas destinadas a un mayor control, con la creación de una policía migratoria que tiene el derecho de ingresar a cualquier sitio y efectuar inspecciones en hoteles y lugares de trabajo, e incluso centros de diversión, sin necesidad de una orden judicial.
El tema ha sido ampliamente debatido en los diarios de Nicaragua, muchos de los cuales comentaron que esta legislación no dista mucho de la de Arizona.
Por su parte, las autoridades han destacado que la ley incluye criterios para que los funcionarios actúen con pleno respeto a los derechos humanos, algo que no existía en la normativa anterior.
El problema, según Gigi Bonnici, consultora en temas migratorios basada en México, “es que es casi imposible entrar en casas privadas sin orden judicial y decir que está cumpliendo con el respeto a los derechos humanos. Representa una violación al derecho de la privacidad. Faltaría ver cómo se irá aplicando esto”.
Bonnici agregó que Costa Rica “es un país donde los migrantes sufren alto grado de discriminación y este tipo de acciones lo empeora, porque hace que la sociedad los vea como delincuentes”.
Según Larry Burns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos, una organización de EE.UU., se trata de una ley destinada a generar recursos para el Estado costarricense y eso explica las altas multas.
“En Costa Rica hay un gran resentimiento con la cantidad de inmigrantes ilegales que llegan al país y tienen acceso a educación y salud en forma gratuita, en un momento en que los servicios sociales carecen de los recursos necesarios”, afirmó.
Varios organismos de derechos humanos incluyendo el Servicio Jesuita de Migrantes, denunciaron que se han cometido una serie de “arbitrariedades” en los primeros tres meses de aplicación de la norma.
“Denunciamos enérgicamente también el abuso de las autoridades cuando les decomisan los pasaportes y los rayan de manera arbitraria, siendo el pasaporte un documento de identidad personal. El decomiso y la afectación de los pasaportes es una de las violaciones de derechos más preocupantes”, expresaron.
Fuentes:-
BBC
EFE
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El problema de la
El problema de la inmigración ilegal, cuando se torna masiva, es muy preocupante para la sociedad del país que recibe a estas personas.
De partida, influye negativamente en el empleo de los nacionales, ya que por lo general, el migrante ilegal, vende su trabajo a menor precio, ante la necesidad de sobrevivir, lo que hace que los empleadores se arriesguen a tomarlos.
Otro problema no menor, es la masiva afluencia de delincuentes y antisociales, que trasladan sus "operaciones" del país de origen al de mejor situación, y en esto son amparados por el resto de sus connacionales por temor o conveniencia.
Los sistemas de salud y la educación diseñados para los nacionales, se resienten si una gran masa de ilegales requiere los servicios.
Otro aspecto es el cultural, muchas veces las personas migrantes tienen patrones de conducta que no se enmarcan en las del país receptor.
En Europa, varios países han adoptado severas medidas para frenar la inmigración, como por ejemplo, multar o encarcelar a las personas que den alojamiento o trabajo a ilegales.
No se ve la razón por la cual un país de mejor situación económica deba abrir sus puertas sin restricciones a inmigrantes, cuando mucho mejor es preocuparse de sus propios ciudadanos en situación de pobreza. Cada país debe ver por sus ciudadanos, en el caso de México, donde la corrupción, el narcotráfico y la falta de preocupación de las autoridades es tan notoria, produce una inmigración masiva hacia EE.UU, como una forma de sobrevir.
Por lo general los migrantes que son gente pobre, son víctimas de varios abusos:traficantes de personas que los esquilman, empleadores que abusan, funcionarios que les cobran coima.
Los países desarrollados deberían exigir a los otros, que dieran mejor calidad de vida a sus habitantes y presionarlos para ello.
En el caso chileno, si bien la migración no alcanza al porcentaje tan masivo como en otros países, sin embargo empieza ya a producirse el efecto: en Arica, vemos como los peruanos ilegales trabajan ya no sólo en la agricultura, sino en las ferias y comercios, sin que la autoridad haga nada al respecto.En Iquique, los colombianos han provocado fuertes disturbios por su mala conducta, en Santiago muchos ilegales se dedican a la delincuencia, clonación de tarjetas, etc.
Una cosa es recibir refugiados políticos cuya vida esté en peligro, y otra aceptar a una masa que perjudica al país