Información y los Derechos Vulnerados

Sin lugar a dudas, cualquier acto que atente contra el ejercicio libre del trabajo de los periodistas, es pasar a llevar no solo al profesional en cuestión, sino que también a la comunidad y a la construcción de un país más transparente y por sobre todo más informado. Es común ver en dictaduras a una prensa limitada en su actuar comunicacional, con acciones represivas y censuradoras, que no tienen como objetivo último acallar el trabajo periodístico, sino que va más allá y apunta a mantener a un pueblo desinformado, ignorante y pasivo ante situaciones que afectan al bienestar común.
Por suerte estamos en democracia, sin embargo, aún nos encontramos con actitudes que se acercan más a estos poderes de facto, que a una nación libre donde el desarrollo lo construimos entre todos. Es así que en nuestra ciudad, vivimos recientemente una de estas situaciones, se trata de la censura impuesta al camarógrafo de Mega, Julio Urquhart Matheu, a quien se le imposibilitó registrar una audiencia pública en el Juzgado, lo que derivó en un recurso de protección interpuesto por el camarógrafo en contra del juez Francisco Vargas Vera.
La situación no es menor, pues en ella se confluyen una suerte de atropellos que van desde la discriminación en el trabajo, hasta la declaración del juez de impedir que cualquier periodista realice el trabajo de registrar sus audiencias. Frente a ello, el Colegio de Periodistas ReEgional de Arica también se hizo parte de este hecho, a través de un comunicado público de solidaridad con Julio Urquhart.
Es por medio de una descarga de argumentos contundentes y que dejan de manifiesto la postura del Colegio ante toda situación censuradora, ya sea en el trabajo de los periodistas, como en el desarrollo de actividades complementarias a la labor profesional, que el recién asumido presidente Mauricio Silva, en compañía del saliente dirigente sindical, Nelson Torres, realizaron esta acción de desagravio con el actuar del juez y de apoyo con nuestro compañero de labores.
En el texto, el Colegio Profesional manifiesta “solidarizamos con el trabajador del medio de comunicación afectado. El citado juez nunca ha permitido tomar imágenes de la audiencia a ningún representante de medio de comunicación, sean éstos periodistas, camarógrafos o reporteros gráficos. La decisión la adopta sin siquiera abrir debate con los intervinientes, de manera de fundamentar la decisión con algunas de las excepciones que contempla la ley”. Asimismo, agrega “el juez Vargas manifiesta una abierta discriminación pues al mismo tiempo no parecía molestarle que desde el público otra persona, al parecer también magistrado, grabara la audiencia a su cargo. La limitante informativa se agrava, además, en el hecho que las audiencias del magistrado despiertan interés periodístico por su carácter polémico”.
SITUACIONES EXTRAÑAS... MUY EXTRAÑAS
En el documento público del Colegio de Periodistas quedan de manifiesto una serie de situaciones que han acompañado al actuar del juez Vargas, y que han sido motivo de cuestionamiento tanto por los medios de comunicación locales, como de otras ciudades del país. Uno de ello, es explícito en uno de los párrafos del texto, que dice que “la propia Corte de Arica, en un informe que le entregó al senador Jaime Orpis, señala que en 4 meses le revocó 37 resoluciones en que otorgaba libertades a imputados, especialmente por tráfico de estupefacientes”.
Pero el historial no solo queda en estos antecedentes, sino que el documento va más allá, en una búsqueda de encontrar razones para entender la censura impuesta por la autoridad, deja en evidencia episodios anteriores, donde la relación con la prensa no fue de las mejores. Es así, que cito textual “nadie quiere pensar que la animadversión que el magistrado parece sentir hacia la prensa tenga su origen en la difusión que tuvo el incidente que protagonizó en Valparaíso en abril del 2005, mientras detentaba el cargo de juez de garantía de Osorno, cuando fue detenido por desórdenes a la salida de un local nocturno”.
PRECEDENTES POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En nuestro país las luchas por el ejercicio profesional han sido bastantes, y que no solo se limitan a los años de dictadura, donde no conformes con censurar, el régimen imperante asesinó a varios colegas y técnicos relacionados con la profesión. En democracia, aún vemos cómo se ha intentado acallar el ejercicio y la respuesta dura del gremio, donde en la mayoría de los casos la justicia nos ha dado la razón.
Ejemplo de ello, es lo ocurrido en el austral Coyhaique, donde la Corte de Apelaciones el 26 de enero del 2004 “reconoció que la titularidad de dicha garantía constitucional está establecida a favor de la prensa, al resolver un recurso de protección interpuesto por el Consejo Regional Coyhaique del Colegio de Periodistas contra el tribunal oral, que sólo permitió identificar con sus iniciales a los imputados por un homicidio calificado cometido en Puerto Aysén”, como bien informa el documento.
Sin duda, esta situación marca un precedente para casos como el que vivimos en Arica. Es de esperar ver como siguen el curso de esta situación en particular y podamos ampliar el rumbo de la transparencia en el país, donde la misión de los medios de comunicación es fundamental para el ejercicio de este derecho, “el derecho a la información”.
Para leer el documento ofical del Colegio de Periodistas de Arica click AQUI.
Foto Jorge Parga.