Como improcedente e inoportuna calificó el secretario regional ministerial de Gobierno, Marcelo Urrutia, la advertencia planteada por el vocero de los acreedores de la constructora Comsa de Chile S.A., Patricio Barraza, de recurrir al Gobierno de Bolivia para que intervenga en la solución de las deudas que contrajo la empresa con los microempresarios de Putre, durante la ejecución de obras de pavimentación de la Ruta Internacional 11 Ch Arica-Tambo Quemado.

“Como Gobierno de Chile no nos parece adecuado externalizar un problema que corresponde a contratos entre empresas privadas suscritos bajo nuestro estado de derecho. El diálogo con los microempresarios de Putre que reclaman el pago de sus deudas, no se ha agotado con el Gobierno Regional. De allí que no es aceptable que se amenace a sus autoridades con recurrir a otro país, para que gestione una solución a un problema interno y complejo como lo es la quiebra que afecta a esta empresa”, expuso Urrutia.

El seremi señaló que el representante del grupo de acreedores “se equivoca al transformar este problema en un asunto de corte bilateral con Bolivia. Quiero ser muy categórico en este punto: las relaciones internacionales son de responsabilidad del Gobierno de Chile, en especial del Presidente de la República y de nuestra Cancillería. Llamo al señor Barraza a ser responsable en sus planteamientos, más aún considerando su experiencia reciente como ex jefe de Gabinete de la Gobernación de Parinacota. Quien mejor que él sabe, considerando su desempeño como funcionario en el Ministerio del Interior hasta hace tres años, de la prudencia con la que cada ciudadano debe conducirse cuando se trata de invocar asuntos bilaterales”.

Junto con ello, el vocero gubernamental reiteró el compromiso del Gobierno “de reanudar las obras de pavimentación de la Ruta 11 Ch, una vez que los procesos judiciales y administrativos así lo permitan. Esta situación no afecta, en ningún caso, el compromiso del Gobierno de seguir construyendo obras para que esta región y la provincia de Parinacota sigan mejorando sus índices de crecimiento y empleo”.

También indicó que desde el Gobierno se están tomando todos los resguardos jurídicos, financieros y administrativos, con el fin de que el patrimonio fiscal no sufra perjuicios en esta coyuntura.

“De nuestra parte existe la disposición de mantenerlo siempre (el diálogo). Lo que no aceptamos es que se nos planteen amenazas fuera de contexto, como aquella de recurrir a un país vecino, para pedir su intervención en una situación que afecta a empresas privadas y que ya tiene un curso de acción en los tribunales de justicia”, acotó la autoridad regional.

SE UNEN

En tanto, otro grupo de empresarios defraudados, esta vez de los trabajos de remediación del Ferrocarril Arica-La Paz, que también se adjudicó Comsa Chile S.A., se unió a las demandas de los afectados de Putre, e hicieron otro petitorio que esperan se cumpla para evitar movilizaciones en la ruta internacional.

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