Fue el 5 de junio pasado cuando la funcionaria pública Andrea Pérez, denunció al Fisco ante el Tribunal del Letras del Trabajo, acusando de acoso laboral a la gobernadora de Arica, Andrea Murillo.

Pérez ingresó en 2008 a cumplir funciones como asistente administrativo del Complejo Fronterizo Chacalluta, pero en 2014 Murillo le agregó más funciones a su labor y la integró a su equipo de confianza, trasladándola a la sede central de la Gobernación, según consta en la denuncia.

La denunciante agregó que en ese momento comenzaron los hostigamientos, presiones y vulneración de su honra, dignidad e integridad síquica. Entre ellas, el aumento de las funciones a desempeñar, la suspensión del horario especial que tenía para poder realizar la práctica profesional de la carrera que estudiaba y la relegación a trabajar en un escritorio al fondo de un pasillo de la Gobernación .    

Según Pérez, el agobio la llevó a consultar al médico, quien le extendió licencias que fueron cuestionadas por la gobernadora, quien se habría contactado por con el facultativo, aprovechando que ambos son del mismo partido político.

Sanción

El Juzgado de Letras acogió la denuncia y ordenó a Fisco aplicar las siguientes medidas:

- Convocar a una reunión con el personal de la Gobernación y del Complejo Chacalluta con el objeto de solicitar las disculpas correspondientes a la demandante, y señalar el error cometido al comentar la situación de aquella con el personal. 

-  Realizar capacitación a los funcionarios de la Gobernación Provincial de Arica y del Complejo Chacalluta respecto de sus derechos, en especial de sus derechos fundamentales, cuando se entiende que éstos se vulneran, y las acciones que puede ejercer para su protección.

- Realizar publicación en Diario de circulación local que diga relación con la explicación de qué son los derechos fundamentales, la protección que hace de ellos el Código del Trabajo  y las acciones que tienen los trabajadores para salvaguardar estos.      

Corte de Apelaciones

Tras el fallo, el Consejo de Defensa del Estado recurrió a la Corte de Apelaciones de Arica con el objetivo de anular la determinación del Juzgado de Letras.

El ente declaró admisible el recurso, pero finalmente, el 14 de julio rechazó la nulidad e incluso condenó al recurrente a pagar las costas del proceso.

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