La Universidad Pública en Crisis

No hace falta ser un genio para darse cuenta sobre la importancia que tiene la educación como uno de los pilares fundamentales para alcanzar el proyecto de país que como colectividad nos planteamos y deseamos. Es a través de la educación que pretendemos formar profesionales capacitados en las diferentes áreas del conocimiento para asumir los desafíos del presente y el futuro, ciudadanos conscientes, responsables y comprometidos con su gente y con la solución de los problemas sociales, un proyecto educativo que también se encuentra ligado a la posibilidad de ejercer una real democracia, con la participación activa de una  sociedad debidamente informada, crítica y consciente del estado de la realidad. Por todo esto; que no quepan dudas sobre la importancia de la educación.

Hoy en nuestro país la Educación Superior Pública está en crisis: este debe ser nuestro punto de partida para cualquier reflexión posterior, y para quién gusta de los datos duros, acá van algunos: menos del 10% de los estudiantes más pobres logran terminar una carrera; los aranceles que cobran las universidades en Chile son los más caros del mundo, llegando a sobrepasar el 60% del PIB per cápita; solo el 16% del gasto total en educación superior es estatal y el 84% restante lo cubren los estudiantes o sus familias, convirtiéndose en el más bajo del mundo y en una situación preocupante para la OCDE; y así podríamos seguir.

Las razones de esta crisis de enormes dimensiones las podemos encontrar al revisar nuestra historia reciente, y constatar cómo el Estado, desde los tiempos de la dictadura militar, se ha ido desligando de la responsabilidad de educar a sus ciudadanos, asumiendo un rol subsidiario frente al autofinanciamiento de la Ues estatales, abriendo la posibilidad del lucro, y entregándole al mercado la (des)regulación del sistema. En los últimos 20 años,  con la vuelta -negociada- a la democracia (a estas alturas eterna transición), bajo el alero de los concertacionistas neoliberales, la situación no ha cambiado – al contrario-  la crisis se ha agudizado.

Lo que ocurrió el pasado jueves 12 de Mayo en Arica  y en todo el país con el paro y las movilizaciones de miles de personas, y que provocó en algunas regiones una fuerte represión por parte del Estado, es una respuesta a esta crisis: la nueva reforma a la educación superior propuesta por el gobierno de turno -todavía desconocida pero presumiblemente intuida- amenaza a todos los estamentos – académicos, funcionarios y estudiantes- y promete profundizar aún más este modelo de educación entregada al mercado y al lucro, eliminando al fin las barreras que distinguen a una universidad pública de una privada, sepultando cada vez más el rol público-social de la Ues Estatales, obviando el buen negocio que hacen las empresas universitarias, y metiendo a todos en un mismo saco a competir por los fondos públicos en base a convenios de desempeño bajo una lógica empresarial, que al mismo tiempo les permite obtener una “rentabilidad del conocimiento” para sus propios intereses.

¿Que pretende realmente la derecha con estas medidas? Está claro que el objetivo que persigue este gobierno es consagrar el modelo de mercantilización educativa, imponiendo de manera transversal los modelos de gestión a la manera de las empresas privadas mediante, por ejemplo, la instalación de gobiernos corporativos en las Ues estatales al mejor estilo de los directorios empresariales (reprimiendo aún más la democratización y participación interna de los distintos estamentos), para que los mismos políticos, consorcios, empresas, incluido el señor Lavín, puedan seguir direccionando el sistema educativo para sus propios fines y sigan sacando provecho de este lucrativo negocio: parte de su discurso se argumenta en que no importa quién entregue el servicio, sino que las personas elijan que educación quieren tener y cuanto están dispuestos a pagar,  ya que, entre otras cosas, beneficiarían a los estudiantes del quintil más pobre de la población que acceden mayoritariamente a la educación privada (sólo el 21,8% de estos estudiantes acceden a universidades tradicionales). Estas, entre otras medidas, constituyen la llamada “política de la eficiencia”.

Sin embargo, en toda esta manipulación del discurso, se excluyen otros puntos importantísimos de considerar: Los puntajes obtenidos en la PSU correlacionan directamente con el nivel socioeconómico lo que revela su carácter altamente discriminatorio, las únicas opciones reales para estudiar que tienen las personas de más bajos ingresos son endeudarse por años con créditos de intereses irracionales ligados ahora a la banca privada (frente a la desaparición de un estructuralmente mal planeado e insostenible fondo solidario de crédito universitario), sumado esto a que, una vez con el título en la mano, nadie le garantiza al profesional que encontrará trabajo, debido a la saturación del sistema por empresas universitarias que se han dedicado a “vender títulos”, por lo que es probable que pase a formar parte del cada vez más numeroso grupo de “cesantes ilustrados”, la mayoría de ellos altamente frustrados por haberse tragado el cuento de las oportunidades ofrecidas por la propaganda del modelo neoliberal.  MUCHO OJO CON ESTA OLLA A PRESIÓN: no se puede jugar con las expectativas de la gente sin obtener consecuencias.

Lo que está ocurriendo en Chile con la educación es sólo una parte del rompecabezas de esta sociedad en pedazos, una parte de la imagen completa de esta película de terror que ocurre frente a nuestros ojos; ilegitimidad en la aprobación de HidroAysén, Termoeléctricas a lo largo de todo el país, aprobación de la Ley de Obtentores Vegetales silenciosamente,  y podemos seguir nombrando. Es necesario que despertemos de este sueño de seudodemocracia, y que como sociedad civil organizada nos opongamos y hagamos resistencia de esta manipulación del discurso, de estos engaños, de esta doctrina del shock y la destrucción “dentro de la institucionalidad”.

La discusión y la reflexión debe abrirse paso en la opinión pública, el debate está todavía lejos de agotarse, y a estas alturas ya debe resultarnos evidente que, si no asumimos nosotros esta tarea frente a la inoperancia de una clase política interesada, presenciaremos la muerte definitiva de la educación pública. Es por esto que resulta profundamente necesario y urgente que desde las bases comencemos a revalorizar el sentido de equidad y justicia social que tiene la educación, y recuperemos nuestro derecho a un acceso gratuito y de calidad en todos los niveles, para todas y todos los chilenos sin distinciones sociales. Solo así recuperaremos la dignidad.

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