Los derechos y facultades garantizados por la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública

-          Reconoce a toda asociación y, en especial, a las organizaciones comunitarias regidas por la Ley Nº 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias el derecho a federarse y confederarse en los niveles regional y nacional.

-          En lo referido a la participación ciudadana propiamente es la introducción del principio de participación ciudadana en la gestión pública en la Ley Nº 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y de un Título especial que materializa algunas formas de dicha participación en los órganos del Estado, a través de normas generales destinadas a materializar ese propósito.

-          El ejercicio del derecho a la información sobre políticas, planes, programas y acciones del Estado,   el deber de practicar cuentas públicas anuales y la creación, salvo excepciones, de consejos consultivos de organizaciones de la sociedad civil en los diferentes organismos y servicios del Estado.

-          La nueva ley modifica también aspectos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, introduciendo consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, de carácter consultivo, en reemplazo de los Cescos (antiguos consejos económicos y sociales comunales).

-          Ponen de relieve el rol activo de las organizaciones en los espacios comunales.

En síntesis, reconoce a las personas el derecho a participar en la preparación de políticas, planes, programas y acciones.

CONCLUSIONES

Como podemos apreciar, estas dos leyes facultan a un ciudadano común y corriente, que se encuentre en territorio chileno, para ejercer un control social y a su vez una participación ciudadana efectiva y directa. Las dos leyes son de alguna forma un “Poder Ciudadano de Incidencia” que no necesita que algún Concejal tenga que actuar por el o ella, sino que, nosotros como ciudadanos comunes tenemos la potestad de ejercer un poder político y social, incluso hacia los mismos Concejales y por supuesto a la autoridad máxima como es el Alcalde. En síntesis, esto pone en igualdad de condiciones a los ciudadanos (as) y a los Concejales, siendo la única diferencia que el Concejal tiene derecho a votar dentro del Concejo Municipal y el ciudadano vota en la urna por un Concejal que lo pueda representar.

Lamentablemente, estos dos instrumentos jurídicos son muy nuevos, recientemente promulgados y que el mismo Estado de Chile, no se ha preocupado por difundirlos en su totalidad, especialmente a las bases donde se encuentran los diversos movimientos sociales, culturales y políticos. Es por esto que es importante que la ciudadanía en general, desde un estudiante, pasando por una dueña de casa, hasta un adulto mayor, que muchas veces ven vulnerados sus derechos en espacios públicos, como son los centros de salud, puedan capacitarse y conocer a fondo estas leyes.

Por lo tanto, considero que los y las candidatas a ser parte del Honorable Concejo Municipal tienen un gran desafío, si realmente quieren luchar, defender y representar a los y las habitantes de una nueva ciudadanía, con herramientas legales que prácticamente ponen al ciudadano con el Concejal a la misma altura en el poder de acceder y representar sus propios derechos ciudadanos.

Se hace necesario entonces comprender que ya no basta con el discurso tradicional de “defender los recursos municipales”, “representar a la dueña de casa, al pescador, al jornalero o al estudiante”  o “llevar la voz del pueblo al municipio” a través del Concejo municipal.

El o la candidata (o) de estas municipales 2012, tiene la tarea nada fácil de diseñar un plan estratégico para encantar y convencer a los votantes, mas allá de estos discursos tradicionales que se han repetido por dos décadas. Solo el ingenio y la visión a una nueva forma de hacer política, podrá hacer la diferencia reconociendo la nueva ciudadanía que hoy en día existe en nuestra sociedad.