Chile: Los sueños que no se cumplen, terminan en una pesadilla

Vivimos tiempos de Incertidumbres y Esperanzas. Uno de los temas que está a la orden del día, es la violencia. Y particularmente la simplificación de las manifestaciones ciudadanas con el objeto de vandalizarlas y desprestigiarlas.

¿Quién podría estar de acuerdo con la violencia y los actos vandálicos? Nadie, y en particular el suscrito. Más allá de la coyuntura conviene indagar de donde viene la violencia que se vive.

Las masivas manifestaciones pacíficas y no violentas que han realizado los ciudadanos y los movimientos sociales, expresan con claridad un anhelo transversal por poner término a las desigualdades, las inequidades, los abusos y la indignidad del pueblo de Chile.

Todas estas desigualdades encuentran su raíz, su causa, en el abuso grosero e inhumano, que ha significado la implantación del modelo o sistema neoliberal, que hoy se encuentra en agonía estratégica. Veamos como se implantó el modelo neoliberal en Chile.

La implantación del sistema neoliberal se realizó los últimos 47 años, en dos fases.

a) La primera fase:  Confección de Leyes neoliberales, la Constitución del 80 y la apropiación de las empresas del Estado.

Con el golpe de estado de 1973, se pondrá fin a un modelo económico-político de desarrollo, basado en el Estado Bienestar, en el desarrollo industrial, la sustitución de importaciones, la recuperación de las riquezas  básicas (nacionalización del cobre), la reforma agraria y la profundización de la democracia.

Los cambios estructurales de una economía de mercado y Estado Bienestar, a un sistema o modelo neoliberal, se van a implementar a partir de 1978, donde la oligarquía y los antiguos grupos monopólicos desarrollarán los cambios estructurales para imponer el modelo de los Chicago Boys: el surgimiento del neoliberalismo con la custodia dictatorial.

Para aquello diseñaron un conjunto de leyes que garantizarían los cambios estructurales de la sociedad chilena, que la dictadura disfrazó llamándolas “las siete modernizaciones”.  Lo que mucha gente no sabe es que estas leyes (Código Laboral, AFP, ISAPRES, privatización de la Educación y otras), fueron realizadas en la dictadura cívico-militar entre los años 1978 y 1981. Y que después de hacer estas leyes confeccionó la Constitución del 80 aprobada en un plebiscito fraudulento, que fue refrendada en el Diario Oficial el año 1981. La Constitución del 80 -hecha después de estas leyes-, tuvo por objeto cautelar, cobijar y proteger estas leyes, con mecanismos de quórum, que hacen prácticamente imposible que la Constitución se cambie, pues requiere para su modificación o derogación, de los 2/3 del Congreso. Las Leyes y la Constitución que las cautela y cobija, son la base del modelo neoliberal que se impuso a sangre y fuego.

Este proceso, estuvo acompañado de la privatización de las industrias estatales que fueron entregadas en un “robo legalizado” a las empresas privadas. La apropiación de las empresas estatales por los privados fue de varios miles de millones de dólares. En el caso de la agricultura se terminó con la Reforma Agraria y se compraron a precio de huevo, cientos de miles de hectáreas muchas de las cuales quedaron en poder del duopolio forestal. 

b) La segunda fase: La Captura del Estado.

Es necesario señalar que a la Constitución del 80, se le han realizado varias modificaciones, entre ellas la que terminó con la institucionalidad de los “senadores designados”.  Otra relevante fue la realizada el 2006, que garantizó la tuición y dependencia de las FFAA al poder político y del Presidente de la República y el término del concepto de que las FFAA “eran las garantes  de la democracia”, dado que los garantes de la democracia somos todas las chilenas y chilenos.

Pero lo que no se ha tocado un ápice es el carácter subsidiario del Estado, que inhibe a éste, de participar del desarrollo económico quedando estas iniciativas en manos de los privados y del mercado. Y tampoco se han tocado un ápice las leyes de privatización de las pensiones, AFP, Salud, Educación y otras, que son la base del sistema neoliberal y que a la vez, constituyen las causas, de la desigualdad,  inequidad e indignidad, que hoy la mayoría de la población condena.

Desde el inicio de la transición el sistema neoliberal se propuso ahora la captura del Estado con el objeto de beneficiarse de las políticas que este impulsara. Las leyes estructurales que fueron modificadas en la transición, han sido para favorecer aún más a los grandes grupos monopólicos financieros y dueños de Chile, para que acrecienten sus ganancias y riquezas.

Algunos ejemplos. En el año 1995, las AFP obtuvieron la regalía del siglo, al otorgárseles por Ley aprobada por el Congreso, de disponer de todos los ahorros de los chilenos como créditos, para favorecer sus negocios privados. Así en el año 1995 las AFP  tuvieron a su libre disposición US$ 45.000 millones de dólares (hoy ese monto llega a más de $ 250.000 millones de dólares), para generar negocios de retail y otros en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia.

¡Los grupos monopólicos financieros dueños de las AFP han construido su riqueza con el dinero ajeno, perteneciente a todos los chilenos!

Otro caso, fue la modificación de la Escala de Esperanza de Vida de los chilenos de 85 años (El Banco Mundial la sitúa para Chile en 79,52 años), para subirla arbitraria e inhumanamente ¡A 110 años de vida!

¡No hay nada más grosero, burdo y falto de ética que mentir y falsear la esperanza de vida de los chilenos!

El criterio aprobado solo tuvo como argumento la avaricia a favor de los grupos monopólicos financieros.

Estas reformas nunca fueron discutidas públicamente a través de los medios de comunicación. Se realizaron prácticamente a puertas cerradas en el Congreso. Los medios de comunicación fueron cómplices de silenciar el debate ciudadano sobre estas medidas.

En estos 30 años de transición a la democracia, el neoliberalismo fue capturando el Estado, apropiándose de Políticas Públicas destinadas a apoyar a los grandes monopolios financieros. Baste decir que la plantación forestal y el cuidado de la forestación recibe un subsidio estatal del 75%, que va directo al bolsillo de dos familias del duopolio forestal, los grupos Angelini y Matte. Es decir, si la inversión que dicen realizar para plantación de pino insigne, tiene un costo de $4.000 millones de dólares, el Estado les regala a estas dos familias la suma de $3.000 millones de dólares, para impulsar su negocio privado.

Así la implantación del  neoliberalismo ha permitido que el empresariado monopólico y financiero, sean los dueños de las pensiones, la salud, la educación, la construcción, las aguas, los ríos, los mares, la energía eléctrica y del subsuelo (Cobre y Litio). Y que el Estado capturado, financie políticas públicas que subsidian y le entregan los fondos para la realización de todos su negocios.

Todas la desigualdades, inequidades e indignidades por las cuales se manifiestan pacíficamente los movimientos sociales y la ciudadanía, surgen de ahí: del modelo o sistema neoliberal que en los últimos 47 años se ha apropiado del país. Y constituye el origen de la violencia que se vive. Que nace, radica, en el sistema neoliberal imperante, que hoy sufre una crisis de agonía estratégica.

 El escenario inmediato

El 26 de abril es una gran oportunidad para que todo Chile participe del Plebiscito. Es también una gran oportunidad para construir un marco constitucional para una casa común, superando el factor de división entre todos los chilenos que surge de la Constitución del 80. Los movimientos ciudadanos se aprontan a dar una gran gesta electoral votando por el Apruebo y la Convención Constituyente. También los partidos políticos de la oposición democrática.

Es necesario destacar la actitud democrática del espectro político de derecha como Mario Desbordes, Manuel José Ossandón, Jaime Belllolio, Erika Olivera, Joaquín Lavín, entre otros y del empresario y presidente de la CPC Alfonso Swett, que han manifestado públicamente su decisión de votar por Aprobar una Nueva Constitución.

Sin embargo, en este escenario del 26 de abril, han surgido otras voces, desde la presidenta de la UDI, que habría que suspender el plebiscito de continuar la violencia. Pero no solo de ella, también del grupo de 231 ex concertacionistas, que expresan que “el cuadro actual de persistente violencia debilita la democracia y pone en serio riesgo la prosecución pacífica del itinerario del proceso constituyente y amenaza la realización del plebiscito del 26 de abril” (Documento ”Es tiempo de un Acuerdo Nacional”). Estas visiones de diagnóstico de escenarios, me parecen de sumo irresponsables.

Hay que recordar que la modificación constitucional del Art. XV de la Constitución fue refrendado por la Contraloría General de la República, y en su Dictamen Nº 5.210 el 26 de febrero de 2020, señala “se advierte que ha sido dicha norma constitucional la que ordena al Presidente de la Republica convocar al plebiscito del 26 de abril de 2020, señalando de manera taxativa las opciones de esa consulta y fijando su marco normativo”. En este contexto esta orden al Presidente de la República no se puede eludir, pues sería una falta constitucional gravísima y de suspenderse la realización del Plebiscito sería equivalente a un Golpe de Estado, lo que generaría una crisis institucional gravísima.

Imagen: Gentileza de Álvaro Hoppe.