Dejen de Molestar

Antes del feriado legislativo se aprobaron varias leyes que son un claro ejemplo de la pobreza analítica y escasa creatividad de nuestros legisladores, me refiero a las nuevas normas anti tabaco y las restricciones de grados alcohólicos a los conductores, el anuncio de la reposición de los foto radares y otras por el estilo.

La cuestión es simple, a algunos legisladores se les ocurre que ciertas conductas son molestas, peligrosas, feas, inadecuadas, inmorales o algún otro calificativo y vamos aplicando penas y/o subiéndolas para hacerlas más costosas al ciudadano. Si alguien se opone, entonces sale un político imbécil con pinta de vendedor de seguros (con perdón de los vendedores de seguros) a dictar cátedra sobre moral; ¿no estará ud. de acuerdo conque las personas manejen cocidas como pata de cartero poniendo en riesgo la vida de otras personas, niños o ancianos inocentes? (esta última frase es imprescindible para darle el dramatismo adecuado al “tema”), ¿no sabe ud. que el que fuma también le está produciendo cáncer a niños o ancianos inocentes?, ¿no sabe ud. que conducir a exceso de velocidad puede ser riesgoso para niños y etc.…?.

Por supuesto, no se dice que respetar la libertad de las personas es mucho más importante que cualquier norma profiláctica. Tampoco se dice que la libertad consiste precisamente en tolerar que otros hagan aquello que nosotros no hacemos o no queremos pero que están en su derecho.

Pero, estoy convencido, el argumento normativo, es decir la inmoralidad de pretender obligar a otros a lo que a nosotros nos parece apropiado, no es un argumento que haga sentido en nuestro triste país. Por ello sólo consideremos el cinismo y la imbecilidad que hay detrás de este tipo legislación.

Tomemos el caso de los impuestos y normativas al tabaco. Ante todo, considere que este impuesto hace que más del 85% del precio de un cigarro sean impuestos y que este impuesto por sí sólo, recauda alrededor del 10% del IVA (un producto produce el 10% del que se le aplica todos los demás bienes), es decir, alrededor de $ un millón de millones al año. Se supone que este es un impuesto “pigouviano”, que lo que hace es internalizar los costos privados de una actividad que produce externalidades. Es decir, se supone que esa cifra es para reparar los daños sociales del hábito de fumar. Pues bien ¿alguien cree que ese dinero se destina a curar enfermedades derivadas del hábito de fumar?. Para muestra, el año pasado la sicóloga Pilar Sordo, presidenta de la Fundación de Pacientes de Cáncer de Pulmón y Páncreas, solicitó que el 5% de ese monto se destine a quienes sufren estas enfermedades. De hecho se declara con todo desparpajo, que las alzas de este impuesto se usan para “la reconstrucción” (que nunca falta), para financiar la JEC o alguna otra buena obra que no tiene nada que ver con el cigarro.

Por otro lado, la Compañía Chilena de Tabacos observó a propósito de la última alza del impuesto específico que el contrabando de cigarrillos en Santiago se había duplicado y, por cierto, tampoco hay plata para mejorar los controles aduaneros ni los pasos fronterizos. Nada hay del impuesto específico para fomentar el deporte de los jóvenes, tratamientos anti adicción, etc.

Caradepalomente se apunta con el dedo al lobby de las tabacaleras porque una ley que impide fumar en cualquier parte no fue aprobada. Pero nadie se ha preguntado ¿y quién se beneficia de las campañas financiadas con dinero público contra el tabaco, “por la vida sana” y por las pérdidas de los pequeños comerciantes?. Muy claro: las Isapres. Si el Estado logra con leyes baratas disminuir el consumo de cigarros, los beneficiados directos son los aseguradores de salud privados. Me pregunto ¿porqué no se admite en la tabla de factores de riesgo de las Isapres la condición de fumador?. Porque, de esa manera, la competencia entre Isapres haría que el fumador pague por su hábito y el que no lo sea, pague menos por su plan. Oooops, ahí dolió.

Digámoslo en breve, la inutilidad de leyes ilegítimas está ilustrada desde los tiempos de Dracón y Solón y sólo en países estúpidos se insiste en penalizar y aumentar las penas ante todo lo que se pueda justificar políticamente. Es decir, omitiendo los derechos de las minorías u otros derechos más importantes, pero menos tangibles, como la libertad y la tolerancia o el correcto uso de los recursos públicos.

Obviamente este tema tiene una raíz política de la que todos somos responsables. Tomemos otro ejemplo tangible; la discusión sobre los “skaters” o patinadores en la plaza Colón. Regularmente aparecen en los medios personas que se quejan de ellos, que rompen el adefesio, que ensucian las bolas (las mega pastillas de menta que pusieron), etc. Recuerdo que cuando era niño me sulfuraban los carteles de “no pisar el pasto” que pretendían impedirnos jugar a la pelota y pensaba, mientras pateaba carteles, ¿Será que ponen pasto para mirarlo?. Confieso que siempre he tenido problemas con la autoridad, pero es que, ya más viejo, tiendo a pensar que los espacios públicos deben construirse para el uso que las personas le den. Es decir el espacio público debe hacerse para acoger las actividades de las personas y no al revés. Si la autoridad destruye los lugares donde practicar con patinetas (por ejemplo la pista del Parque Centenario), y además construye una plaza, ésta debe reunir las condiciones para que los jóvenes puedan hacer algo tan inocuo como patinar.

Recuerdo que discutíamos este tema con el ex –alcalde Iván Paredes y él lo tenía claro. Problemas como el alcoholismo y la drogadicción entre jóvenes no se combaten con más policía, ni cárceles atiborradas. Se previenen con espacios públicos acogedores, bibliotecas modernas y entretenidas, centros abiertos para el deporte y las expresiones artísticas, espacios públicos con juegos diseminados por la ciudad para que todos pudieran acceder a ellos, colegios municipales bien equipados, etc.

En fin mejor me fumo un cigarro contrabandeado, mientras pregunto al modo de Cat Stevens, where do the children play?.