¿Qué ha hecho el Congreso por la causa estudiantil?

El 27 de julio de 2011, cuando el conflicto estudiantil se agudizaba en torno a las demandas de los jóvenes dirigentes por mejor calidad, gratuidad y fin del lucro en la educación, la sede del Congreso Nacional en Santiago fue el lugar ofrecido y donde se concretó la primera reunión entre autoridades y dirigentes de las federaciones de estudiantes universitarios y secundarios para empezar a dialogar en torno a posibilidades de resolución y respuestas a las peticiones.

El objetivo de ese primer encuentro y diálogo con los jóvenes movilizados fue allanar el camino hacia un acuerdo social y político que solucionara el conflicto. El vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, y el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, encabezaron ese 27 de julio un primer acercamiento con los representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), las agrupaciones de estudiantes secundarios, el Colegio de Profesores, quienes entregaron a las autoridades parlamentarias un documento con las bases para un acuerdo social en materia educacional.

Esta primera jornada de encuentro dio como fruto una propuesta formal que emanó desde el Congreso Nacional que se propuso como institución mediadora entre el Ejecutivo y los estudiantes. El 2 de agosto, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados –Guido Girardi y Patricio Melero-, acompañados por los jefes de comité y por parlamentarios integrantes de la comisión de Educación de la Cámara y del Senado, presentaron una agenda de trabajo para una mesa política-social con el nombre "Reforma de la Educación en Chile".

“Queremos invitar a un gran diálogo nacional y ofrecer el Congreso Nacional como escenario para que este diálogo sea efectivo", fue la invitación del senador Girardi, reforzada por el diputado Melero, quien instó a "a pasar de la calle al Parlamento, de las tomas al diálogo".

La propuesta parlamentaria contempla cuatro grandes áreas: reforma constitucional, educación pre-escolar, educación primaria y secundaria, y educación superior. El planteamiento del Poder Legislativo contempla la desmunicipalización de los colegios públicos; un nuevo sistema de financiamiento de la educación escolar; una carrera docente que perfeccione el estatuto vigente; un mejor sistema de regulación de los establecimientos subvencionados; un plan nacional de reconstrucción; la democratización de las organizaciones estudiantiles; el transporte escolar; nuevas normas de administración y gestión de las universidades estatales; un nuevo sistema de acceso y financiamiento de la educación superior;  una nueva institucionalidad que regule el sector universitario y la prohibición del lucro en la educación, entre otros puntos.

Ante los nulos resultados del primer llamado, el día 11 de agosto las autoridades parlamentarias insistieron en su ofrecimiento en pos de generar un diálogo sin condiciones y con agenda abierta que permita la solución del conflicto estudiantil.

El día 16 del mismo mes, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados hicieron un llamado al Poder Ejecutivo para que otorgara garantías que permitieran que el movimiento estudiantil se sume a la iniciativa de diálogo que el Parlamento ofrecía desde unas semanas antes.

El Congreso, representado por las mesas de ambas corporaciones emitió unadeclaración conjunta que señalaba "a nombre de los parlamentarios estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para generar un debate donde toda la sociedad se sienta identificada, mantenemos abierto el diálogo y restablecer en Chile la gran demanda ciudadana de la educación como un derecho y no como un negocio (…) Compartimos y hacemos nuestra la agenda del movimiento estudiantil y seguimos dispuestos a conversar con los que estén disponibles hoy como con los que esperamos se sumen mañana".

El trabajo en las comisiones parlamentarias

En paralelo, el Congreso Nacional también avanzó en términos legislativos en algunas de materias que eran objeto de demandas por parte del movimiento estudiantil.

El 11 de agosto se reunió por primera vez la Comisión Investigadora de la Educación Superior, mandatada por la Cámara de Diputados, para realizar un diagnóstico general de la situación actual del sistema universitario. A la semana siguiente, la instancia que preside la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) recibió al asesor técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional, Luis Castro, quien realizó una exposición sobre la realidad del sistema de educación terciaria, las formas de ingreso y los principales hitos legislativos en este ámbito ocurridos entre los años 1980 y 2011.

Los rectores de las universidades de Valparaíso, Católica de Valparaíso y Playa Ancha también asistieron a las sesiones de la comisión del jueves 1 de septiembre.Allíplantearon la necesidad de establecer cotas al aumento de los aranceles universitarios, crear un sistema de acreditación de expertos obligatorio e independiente, y reafirmaron la demanda por una Superintendencia de Educación Superior que establezca una fiscalización pareja para todos los establecimientos.

En el Senado, la Comisión de Educación realizó una inédita y maratónica jornada de trabajo el 16 de agosto, donde se reunió con los principales actores del debate educacional en el marco de la discusión del proyecto de ley que prohíbe aportes económicos del Estado a entidades educacionales que persigan fines de lucro. Esa comisión, realizada en la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional, concitó alto interés público, pues fue transmitida en directo por la televisión del Senado.

En esa sesión se recibió a rectores de tres universidades tradicionales; participó también el coordinador nacional del movimiento “Educación 2020”, Mario Waissbluth, y expusieron representantes de los estudiantes secundarios y universitarios. Dicha jornada, además, tuvo lugar en una de las semanas más álgidas tanto en las movilizaciones como en el debate entre los actores más importantes de la agenda pública en torno a la educación.

La sesión se extendió hasta horas de la madrugada del día siguiente y en ella, los invitados aprovecharon de exponer sus posturas frente a la crisis del sistema educativo. En una primera parte les correspondió el turno a los rectores de las universidades Federico Santa María, Austral de Chile y de la Universidad de Concepción, junto a Mario Waissbluth. Posteriormente, hicieron su ingreso los dirigentes estudiantiles quienes detallaron sus planteamientos frente a los temas en discusión.

En sesiones posteriores, las audiencias públicas que desarrolló la comisión incluyeron las exposiciones de una serie de representantes de universidades y colegios privados, centros de formación técnica, así como también del Colegio de Profesores y de organizaciones sociales y tales como la Unión Nacional de Padres y Apoderados de Colegios Católicos (UNAPAC), el Instituto Libertad, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) y el Instituto ResPublica, entre otros.

Ese mismo 16 de agosto de 2011, pero en la Cámara de Diputados, los parlamentarios integrantes de la Comisión de Educación analizaron junto al ministro del área, Felipe Bulnes, las 21 medidas que el gobierno planteó como respuesta al movimiento estudiantil, entre ellas, la tramitación de una reforma constitucional que garantice en nuestra Carta Fundamental el derecho a una educación de calidad para todos los chilenos y chilenas.

El 22 de agosto, en tanto, la instancia recibió al Colegio de Profesores y a la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho de la Educación (CODAPE), quienes entregaron un conjunto de propuestas para mejorar el actual sistema educacional y eliminar el lucro en la educación.

Proyectos de ley en trámite

El 31 de agosto la Comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación, el que ahora deberá ser votado por todos los senadores en sesión de sala.

La propuesta de autoría del senador Juan Pablo Letelier (PS), con el patrocinio de los senadores Carlos Bianchi (Ind.), Carlos Cantero (Ind.), Camilo Escalona (PS) y Jaime Quintana (PPD), está definida como una respuesta al actual movimiento estudiantil y apunta a prohibir los aportes estatales directos o indirectos a personas naturales o jurídicas que persigan fines de lucro en materia de educación escolar.

Asimismo, prohíbe que los Centro de Formación Técnica y los Institutos Profesionales puedan ser personas jurídicas con fines de lucro, tal como ocurre con las universidades,  y limita las relaciones societarias que puedan tener las instituciones de educación superior, con personas jurídicas con fines de lucro.

En paralelo, ese mismo día la sala del Senado decidió postergar la votación con que se pronunciaría respecto al proyecto de ley presentado por los senadores Camilo Escalona (PS), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), José Antonio Gómez (PRSD), Alejandro Navarro (MAS)y Fulvio Rossi (PS), sobre requisitos de funcionamiento de universidades no estatales, en relación al lucro, que en concreto lo que persigue es terminar con las llamadas “sociedades espejo”.

En este sentido, lo que se prohíbe es que aquellas corporaciones sin fines de lucro destinadas a la educación superior puedan firmar contratos financieros o comerciales con otras entidades donde estén involucradas personas con responsabilidades directivas en esas mismas universidades. Esta prohibición también se aplica cuando las relaciones contractuales pretenden realizarse a través de terceros relacionados.

Finalmente, el 1 de septiembre el Poder Ejecutivo ingresó a trámite a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que otorga beneficios a los deudores del Crédito con Aval del Estado, rebajando la tasa de interés a un 2% real anual.

La propuesta, además, incrementa el número de instituciones facultadas para entregar financiamiento al sistema de créditos, permitiendo que Cajas de Compensación y Compañías de Seguros también puedan participar.

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