Corte Suprema ratificó que la PDI detuvo ilegalmente a una colombiana en Arica

02 Abril 2013

La Segunda Sala del máximo tribunal del país -en fallo dividido- confirmó el envío de los antecedentes al Ministerio Público y a la Dirección General de la PDI para que se investiguen eventuales responsabilidades criminales y administrativas.

Equipo El Morro... >
authenticated user Editor

La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en favor de una inmigrante colombiana que permaneció detenida por casi dos meses en un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en Arica, a la espera de un decreto de expulsión.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado integrante Jorge Barahona, ratificaron la resolución de la Corte de Apelaciones de Arica que había acogido la acción cautelar en favor de Jennifer Suley Candela Riascos, detenida entre el 20 de enero y el 14 de marzo.

El fallo reafirmó la ilegalidad de la actuación de la PDI al mantener en prisión a la inmigrante por un plazo mayor al que faculta la ley (24 horas). De este modo, se establece que “la privación de libertad de la amparada -entre el 20 de enero del año en curso y el 14 de marzo último, sin haber podido ejercer el derecho a reclamo ni el de contar con defensa, en condiciones materiales muy limitadas e indignas- pone en evidencia que esa privación no cumplió con los requisitos señalados, en términos que permiten afirmar, sin lugar a dudas, que fue ilegal y arbitraria”, sostiene el fallo de la Corte Suprema.

La resolución ratificó además la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica de remitir los antecedentes al Ministerio Público y a la Dirección General de la PDI para que se investiguen eventuales responsabilidades criminales y administrativas en este hecho.

Para la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, “el fallo de la justicia es un nuevo llamado para que las instituciones competentes en materia de inmigrantes cumplan con los estándares legalmente establecidos en cuanto a los derechos de quienes arriban al país”.