Crece la demanda por una Constituyente

Vivimos hoy una fuerte crisis de representación política y de participación social, con partidos que no alcanzan siquiera el 20% de adhesión y una creciente movilización ciudadana que ha hecho de las calles el espacio natural para expresar sus demandas no atendidas por la autoridad.

En medio de este descontento, que cuestiona a su vez los obscenos niveles de desigualdad social y económica existentes en Chile y el modelo de desarrollo imperante, que impacta sobre nuestros bienes comunes y territorios, se ha fortalecido el debate sobre la necesidad de contar con una nueva Constitución, que sustituya la impuesta ilegal e ilegítimamente por la dictadura militar en 1980. Ello mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, amplia y representativa, que se constituirá por única vez con el mandato de redactar la nueva carta fundamental, cuyo texto deberá luego ser aprobado por votación popular, con un plebiscito.

Diversas estrategias que apuntan en esta dirección se han puesto en marcha este año, con el propósito de alcanzar en el más breve plazo un pronunciamiento ciudadano sobre la materia, e implementar así las profundas transformaciones que el país requiere. Como la "Iniciativa Cuarta Urna", proyecto de ley construido desde la ciudadanía, en donde se pide incluir una urna adicional en las elecciones de 2013, para que se consulte al soberano si se quiere o no una Asamblea Constituyente. Otro esfuerzo, promovido por la ONG Voto Ciudadano es la "Consulta sobre una Nueva Constitución", que busca medir adhesión y que convoca a varias organizaciones sociales todas las semanas en la ANEF. El "Pacto Programático por la Asamblea Constituye", otra de las iniciativas, es un acuerdo firmado por actuales candidatos a alcalde y concejales comprometiéndose con la Constituyente. Finalmente, un "Manifiesto" adherido por distintas actores públicos, hace una reflexión sobre el momento político y promueve también una urna plebiscitaria.

La experiencia Constituyente se ha realizado en otros países de América Latina, entre otras cosas, para eliminar –como es el caso de Chile- los enclaves que en ellas dejaron las dictaduras. Pero también se la demanda hoy en España, pues la Constitución no sólo constituye el marco normativo que rige a un Estado, sino que en ella además, se traíaza el pacto social que determina el carácter de su sociedad. Sociedades que son dinámicas, así como sus procesos, y muchas veces la profundidad de los cambios a realizar, requiere de nuevos marcos.

Uno que debiera reparar la deuda histórica que mantiene el Estado chileno con los pueblos indígenas que habitaban este territorio, cuyo reconocimiento constitucional ha postergado, promoviendo en la actualidad un proyecto inconsulto que consolida una visión monoétnica de Chile como nación "única e indivisible". Reconocimiento al que el Estado está además obligado, en el marco del acuerdo de solución amistosa que firmó ante la CIDH en el caso Ralco, y que le permitió evitar una condena internacional por violación de derechos humanos, además de una positiva señal de cara al conflicto que sostiene con el pueblo mapuche en la Araucanía, y que tiene hoy a cuatro comuneros en huelga de hambre.

Del mismo modo, se deben modificar las bases que sustentan el actual sistema económico y de propiedad, a fin de introducir reformas que permitan dar respuesta a los masivos reclamos en materia de educación, salud, vivienda, trabajo, medioambiente, que también encuentran en la Constitución a su piedra de tope.

Son los vientos que soplan, crece la demanda por la Constituyente.