El silencioso paro de trabajadores de Vialidad de Arica y Parinacota

Sin bulla, sin salidas a la calle, pero sí con un candado en los Talleres de la calle Azolas que impide la salida e ingreso de los vehículos fiscales, el grupo liderado por el dirigente de militancia DC, Carlos Castro optó por radicalizar su movilización, conducta que contrasta con el comportamiento de la misma organización durante los últimos cuatro años del Gobierno de la derecha, donde no hubo salidas a la calle, ni paros por ninguno de los trabajadores exonerados. 

El paro del 20 de octubre se gestó con una única demanda: la reincorporación del “compañero Cristian Beretta”. Así lo declaró Anatravial Arica, según puede apreciarse en el propio Facebook oficial de la Seremi de Obras Públicas (Mop Arica Parinacota), donde el gremio posteó las razones de la movilización. 

El paro-toma que duró 24 horas se desató a raíz que Beretta, hijo del ex secretario regional ministerial de Obras Públicas, Guillermo Beretta -hoy designado por el propio seremi PS Julio Verdejo como encargado del Área de Consulta Indígena en la Seremi de Desarrollo Social-, fue desvinculado tras un largo trámite en la Contraloría General de la República. 

El despido de Beretta se habría generado al descubrirse que el profesional fue recontratado vía concurso público en noviembre del año pasado, mientras su padre seguía siendo seremi de Obras Públicas, es decir, cuando aún tenía por mandato legal supervigilar a la Dirección Regional de Vialidad, uno de los servicios que integran el MOP que estaba a cargo de uno de sus más fieles directores: Guillermo Pardo. 

Anatravial en su lucha por reincorporarlo habría esgrimido que el hijo no podía pagar las culpas del padre. Sin embargo, nada dijeron los dirigentes del comportamiento del hijo del ex seremi cuando su padre arribó en abril de 2010. En ese tiempo, trabajaba desde el 2008 como funcionario en la Dirección Regional de Vialidad, y comenzó a lanzar amenazas a varios de sus compañeros, incluyendo a la que era hasta ese entonces la directora regional de Vialidad, Lisette Almonte, respecto a que “ahora venía la derecha a echar a todos”. 

Ese comportamiento reiterativo mereció un par de quejas muy silenciosas del presidente de Anatravial, Carlos Castro al seremi-padre, pero sin éxito alguno, porque las amenazas siguieron, y lo concreto es que el hijo adelantó permanentemente el plan de desalojo que tenía su padre. Varios directores regionales, entre ellos Lisette Almonte, fueron removidos, funcionarios en distintos niveles también y otros simplemente presentaron sus renuncias. De ello y de los 11 mil funcionarios exonerados en estos últimos cuatro años, nada dijo Anatravial, ni menos realizó un paro. 

Pese a su torpeza, a que mantenía una conducta errática en el servicio con licencias médicas eternas, y a emplazamientos públicos y reservados por lo impropia que parecía esta situación, el hijo del ex seremi siguió en Vialidad hasta el 2011. Ese año, el padre consiguió la venia el entonces intendente Rodolfo Barbosa de contratarlo como profesional del Gobierno Regional sin concurso público alguno. 

Allí tuvo un fugaz paso, hasta que la mala ejecución presupuestaria terminó por aniquilarlo. Funcionarios del mismo Gore, al ser emplazados por el ex intendente por los pésimos resultados en el gasto, le enrostraron que no era culpa de ellos, sino precisamente de las malas decisiones suyas de contratar, por ejemplo,  al hijo del ex seremi, que en medio de la crisis tenía una licencia médica eterna. 

Barbosa, haciendo gala de sus técnicas gerenciales de la época de Ariztía, sin mediar explicación, despidió a Beretta-hijo, por la falta de compromiso con el Gobierno de Piñera. Esa drástica decisión mereció el enojo y el desmarque del ex seremi padre, quien comenzó un distanciamiento de Barbosa, el cual se mantuvo hasta que el ex intendente fue reemplazado en diciembre de 2011 por José Durana. 

Bendecido por empresas MOP 

En un gesto de buen padre que cuida a sus retoños, Guillermo Beretta no cejó en su intento de mantener bien ubicado a su hijo. Así puede entenderse que tras su despido, rápidamente fue reclutado por una empresa con contratos millonarios vigentes con el MOP en la región, la Constructora San Felipe, y ningún agudo fiscalizador dijo nada. 

En esa empresa estuvo desde noviembre de 2011 hasta enero del año 2012, en la época donde más contratos ejecutó San Felipe en la región, como por ejemplo, la reposición de la Cuesta de Chaca Norte, conservaciones viales de distintos caminos, la construcción del puente en el río Lluta y la pavimentación básica de la Ruta A-31, sector Presencias Tutelares. 

Pero Cristian Beretta volvió a la administración pública. El 2012 lo hizo como encargado del Programa Producción Limpia, donde tuvo un raudo paso de 4 meses. Fue presentado públicamente como nuevo funcionario, con nota de prensa incluida, pero jamás se supo de su aporte, generando incluso cuestionamientos del propio seremi de Economía de la época, Pablo Arancibia, quien compartía oficina con Beretta-hijo. 

Tras ese fallido intento, nuevamente el hijo volvió a los pagos de su padre, siendo contratado el 2013 por una consultora con contratos vigentes con el MOP en la región: la consultora Siga S.A. estuvo por algunos meses hasta que en el último cuatrimestre de 2013, en medio de las elecciones presidenciales y del término del Gobierno de Piñera, se preparó un concurso express en la Dirección Regional de Vialidad, donde Cristian Beretta fue recontratado nuevamente con grado 9, bajo el argumento de que era “el mejor calificado” para desempeñarse en la Oficina Provincial de Vialidad de Arica. 

De ese proceso poco estético y ético, especialmente por su realización mientras el padre del joven Beretta ejercía como seremi, Anatravial no se ha pronunciado hasta ahora. Más bien para defender la reincorporación del funcionario, esgrimió que la desvinculación debió informarse oportunamente al afectado para que tomara los resguardos económicos. 

Discretos movimientos 

Contrariamente a lo que se podía pensar, debido a la exposición e instrumentalización política que tuvo el MOP regional en los últimos años, con la incorporación del ex diputado y ex alcalde Carlos Valcarce como asesor comunicacional y participación ciudadana en la Seremi y con la contratación de directores con escasa preparación técnica, pero militantes o simpatizantes de la derecha, la gestión del actual seremi Jorge Cáceres (DC) optó por una línea discreta en cuanto a la revisión de las contrataciones. 

Así sólo este año el consejero regional Carlos Valcarce al cumplir su contrato de honorarios en marzo pasado, no continuó prestando servicios mensuales por 2 millones 500 mil pesos. De mutuo acuerdo se retiró la jefa de Gabinete de la Seremi, Carla Mazuelos, figura que Beretta impuso en el organigrama de la Seremi, pues desde su creación el 2008 nunca existió. Y por último, cesó en su cargo al asesor comunicacional. 

En cuanto a los directores regionales, se aplicaron cambios en Vialidad, sacando a Guillermo Pardo, por no ajustarse a las nuevas políticas que buscan un golpe de timón, dejando atrás las meras y millonarias conservaciones de caminos secundarios, para ejecutar proyectos de gran impacto vial, resolviendo entre otros problemas la paralización de la pavimentación de la Ruta 11 Ch Arica-Tambo Quemado que dejó el Gobierno de Piñera. 

También se aplicó la remoción del director regional de Obras Hidráulicas, pero negociando con mucha reserva con Rooney Focacci, quien se mantuvo eternamente con licencia médica hasta junio, mes del segundo pago del bono por metas colectivas; en Arquitectura, donde Katia Correa se encuentra con licencia médica por postnatal; y en Planeamiento, donde Ruth Novoa no continuó en el cargo debido a nuevos énfasis que se pretende dar a esa unidad, pero que aún seguirá ligada a este servicio. 

En definitiva, el MOP regional ha estado lejos de grandes sobresaltos y despidos. Se ha esperado evaluaciones que, probablemente, como siempre ocurre en noviembre, desemboquen en renovaciones de los contratos por un nuevo año o se decida la desvinculación. Aunque claramente el panorama comienza a complicarse con un paro de trabajadores, pues si la autoridad cede, se ve inviable la posibilidad de hacer cambios para inyectar energías de nuevos profesionales para ejecutar el Plan de Zona Extrema. 

 Es más, en la misma Dirección Regional de Vialidad, la reasumida directora regional, Lisette Almonte, si bien optó por traer nuevas jefaturas a las unidades de Contratos y Proyectos, ello no significó el despido de ninguno de los jefes o profesionales que se desempeñan en esos espacios. Prueba de ello, es que en el caso del ex jefe de Contratos, Andrés Ormeño, responsable directo de la supervisión de los cuestionados trabajos aplicados en estos cuatro años en la Ruta 11 Ch, finalmente consiguió ser trasladado a la Dirección Regional de Vialidad del Maule. 

El paro revive 

Y volviendo al paro que nos ocupa, este lunes 3 de noviembre nuevamente los talleres de Azolas fueron tomados con una paralización de Anatravial Arica. Esta vez el petitorio no incluye la reincorporación del hijo del ex seremi, ya que esa demanda fue rechazada de plano por el seremi Cáceres y también por las autoridades ministeriales. 

Ahora y sin colocarla en ningún documento formal, su dirigente Carlos Castro lanzó la movilización para pedir que el constructor civil Valerio Vásquez, sea removido de sus funciones como encargado de la Unidad de Administración Directa y también como trabajador de la Oficina Provincial de Vialidad de Arica, por supuestos maltratos. 

Dos versiones, como en toda pugna, rondan a este conflicto. Por un lado, Castro asegura que el maltrato a la cuadrilla de trabajadores donde él cumple funciones, es real. Sin embargo, la otra cara de la moneda señala que el dirigente estaría cobrando y caro por la nota de demérito que Vásquez puso en su hoja de vida, al ser testigo de una agresión física de Castro a otro funcionario de Vialidad en medio de la celebración del Día del Trabajador. 

Y también estaría cobrando un alto precio por el control que Vásquez estaría ejerciendo desde hace un tiempo al uso de agua y combustible, para evitar mermas o la reiteración del robo de combustible que afectó a la misma Dirección Regional el 2008, donde el caso por la pérdida de 100 mil litros de combustible terminó con un funcionario condenado en tribunales. 

Anatravial no agrupa a la totalidad de los 140 funcionarios que tiene Vialidad en la región, pero por las características de su actual líder, parece ser la más visible y la que más consigue. Hasta hoy por eso nadie se explica la repentina desaparición de este dirigente de la escena gremial entre el 2011 y el 2014, dejando en manos la conducción del gremio en Rodrigo Maya, un hombre de carácter más dialogante y débil. 

Fue Maya quien debió lidiar con el estilo del ex director regional Guillermo Pardo, conocido por su autoritarismo y hasta cierto punto irrespetuoso hacia sus trabajadores. Castro desapareció de escena y sólo este año, con la llegada de una mujer, la reasumida Lisette Almonte, volvió a las pistas gremiales, debutando con un paro contra la gestión de su propio camarada, el seremi Jorge Cáceres. 

Parece inexplicable que compartiendo un ideario político, Castro se haya aventurado en radicalizar su postura frente a una gestión regional bastante conservadora, que bien pudo, bajo la excusa de los nuevos desafíos que impone el Plan de Zona Extrema, echar a andar la retroexcavadora, tal como se hizo en el primer semestre en otros servicios, para contar con funcionarios mejor dispuestos a cumplir con eficiencia y sin sesgo político las tareas que impone el Plan de Gobierno. 

El capítulo del MOP regional aún tiene muchas hojas por escribir y, por lo visto, no hay un desenlace claro. La gestión del seremi se debate precisamente entre dos caminos. Cumplir con los hombres y mujeres que heredó de estos cuatro años del Gobierno de Piñera, con obras mal hechas y abandonadas como las de la Ruta 11 Ch o los fallidos intentos de concretar el entubamiento del canal Azapa y el embalse Chironta, o con pagos en verde por obras que aún no estaban terminadas. O tomar, definitivamente, la vía de hacer una purga funcionaria y abrir espacios para renovar los cuadros técnicos, para evitar que el Plan de Zona Extrema naufrague y quede en una intención como tantas otras que se han erigido en vano como la gran solución para impulsar el desarrollo regional.