Opinión: "La manipulación estratégica de los estudios de impacto ambiental"

Es indudable que no podemos pensar en desarrollo sustentable con proyección de futuro para nuestro querido Chile, si constantemente estamos invadiendo las regiones con proyectos de desarrollo que no cumplen con los requisitos mínimos y con las normas ambientales que están establecidas; con ello inefablemente vamos destruyendo la proyección de desarrollo de las regiones y por ende la del país como un todo. Nadie con un mínimo de conciencia social y con algo de sentido común, puede quedar indiferente con el trato que se le esta dando a las regiones en la actualidad, invadiéndolas de una u otra manera, con proyectos de desarrollo energético y minero que contaminan sus ríos, su subsuelo y las napas subterráneas de agua, sustentados en estudios de impacto ambientales (EIAs) que han sido manipulados para lograr su aprobación, escondiendo la verdad de lo que significa la intervención..

En Aysén con un grupo importante de pobladores, luchamos incansablemente hasta los días de hoy para hacer de la región un territorio sustentable y no permitir que proyectos mal evaluados y mal sustentados como HidroAysén y Central Río Cuervo se hagan realidad. Por el simple hecho que ambos proyectos se sustentan en EIAs deficientes, poco profesionales y ideológicamente falsos, manipulados estratégicamente para lograr su aprobación por el SEIA de Aysén (Servicio de Evaluación Ambiental). Información que adquirimos al haber sido parte de la comisión evaluadora en paralelo del EIA que presentó HidroAysén al gobierno regional de Aysén, representando a Patagonia Sin represas, de una labor que cumpli en representación de la Corporación Costa Carrera (Asociación de Empresarios Turísticos de la Cuenca del Baker) .

Recuerdo perfectamente el día que llegó a mis manos el diskette con la información del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de HidroAysén. El diskette comprimía 10 mil paginas word que le había tomado a la transnacional explicar la intervención y eso desde el inicio demostraba que algo no andaba bien. El informe que presentaríamos posteriormente, serviria para desarrollar y consolidar la ADENDA en base a lo dispuesto por la ley 19.300 de medio ambiente (documento que describe detalladamente las características del proyecto, sus modificaciones y proporciona antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación del impacto ambiental del proyecto y describir la o las acciones que se ejecutarán para impedir y o minimizar los efectos adversos del proyecto en el territorio”.

Leí el informe y me concentré en la parte social y turismo, que podría decirse son mi especialidad como sociólogo y empresario turístico en ese entonces. Pero por mucho leer no encontré información relevante ante el contexto de las actividades productivas de la cuenca del Baker y su proyección (turismo y ganadería). Al leer el informe uno se quedaba con la idea que los pobladores no hacian nada productivo y que habían estado esperando toda la vida la llegada del proyecto para conseguir trabajo.

Lo que había y muy bien desarrollado, era un manual de uso del territorio de la Cuenca del Baker, con una descripción detallada de la infraestructura que disponía a nivel portuario, aeródromos y sistema carretero. Las mejoras que habría que hacer a la infraestructura existente y las nuevas obras que se harían para usar esa infraestructura. Un par de anexos explicando la falta de alternativas energéticas en Chile y la problemática futura ante la escasez energética para el desarrollo de Chile. Un largo texto explicativo sobre la importancia del proyecto, con una descripción detallada de la construcción de las cinco represas. Nada sobre los alcances de la intervención, sus consecuencias en las comunidades, en relación con su forma de vivir, producción y cultura y nada sobre el protocolo que se usaría para atenuar el impacto durante el proceso de construcción en salud, producción, cultura y posteriormente cuando las represas comenzarán a producir energía. Había un extenso trabajo y muy bueno por lo demás desarrollado por un antropólogo, sobre la colonización del sector y su influencia en el poblamiento. Pero nada relevante para el EIA

Teniendo en cuenta que un EIA es una herramienta de trabajo que se usa básicamente para identificar, predecir, evaluar y mitigar los efectos biofísicos, sociales, físicos y productivos de la propuesta, antes que las decisiones sean asumidas y los compromisos firmados. El EIA que presentó HidroAysén era un chiste de 10.300 paginas word. Como lo constató un par de años después la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con la presentación de un informe donde dio cuenta de esta realidad.

Si tomamos como base el caso del EIA de HidroAysén, no me cabe la menor duda que bajo este precedente, es perfectamente factible proyectar que todos los EIAs o la gran mayoría, son elaborados más que nada como una simple diligencia que sortear y no se han realizado con la seriedad que ameritaba y es lógico proyectar, qué proyectos energéticos como Central Río Cuervo (Aysén), Central Mediterráneo en río Puelo (Los Lagos), Alto Maipo (Región Metropolitana) y Mina Invierno (Magallanes) fueron aprobados sin la consistencia que se necesitaba en sus EIA; presionados  por los intereses de las transnacionales, aliados a su vez con los gobiernos de turno y con los parlamentarios afines, para omitir y manipular la información y lograr su aprobación.

La crisis de gobernabilidad ambiental pasa directamente en cómo se han confeccionado los EIAs y luego cómo los proyectos han sido aprobados presionados por los diferentes intereses creados, de una realidad que es un secreto a voces, que lamentablemente pesar de todo, no existe en la actualidad la voluntad política por parte de las autoridades, de implementar políticas de protección medioambiental que sean más eficientes y acertadas, solo por salvaguardar los intereses de las transnacionales y sus socios chilenos y que estos puedan operar de la manera más cómoda y económica posible; sin importarles la destrucción del territorio nacional y la proyección de nuestras comunidades.

Cualquier evaluación ambiental que pretenda implementarse en la actualidad, se encuentra con la triste realidad, que en regiones no se cuenta con planes de ordenamiento territorial, permitiendo que la decisión de donde se construirá el emplazamiento del proyecto y quien desarrolle el EIA, corresponde exclusivamente al dueño del proyecto, con la potestad de realizar el EIA, sin contar con una contraparte regional o nacional, que en sí mismo es una aberración bajo todo punto de vista y muy negativa hacia los intereses de las regiones y sus comunidades, otorgándole una mirada sesgada de lo que significa el impacto de la intervención. Además las comunidades no cuentan con la posibilidad de poder financiar un profesional que evalúe  la capacidad de carga del ecosistema pretendido y contar con una contraparte de representación local y con ninguna herramienta gubernamental que les permita financiar un profesional preparado para defender sus intereses.

Desde la perspectiva del esquema teórico y del diseño institucional, la ley ambiental no contempla la posibilidad de cambiar la ubicación del proyecto. Los organismos que toman esta decisión, lo hacen de manera centralizada y de acuerdo con la perspectiva que más le conviene a la transnacional, sin tener una visión más integrada de lo que significara realmente la intervención y se hace sin consultar científicamente los pro y contras del emplazamiento elegido y cómo afectará el proyecto la flora y fauna del territorio. Las decisiones en este sentido están desvinculadas totalmente de las realidades que viven los territorios y sin entender la proyección de futuro de sus habitantes ante su medio.

La decisión es tomada desde un organismo netamente político que decide unilateralmente y no responde a las comunidades locales, por ende, la institucionalidad no actúa como debería hacia los intereses de los territorios intervenidos, alterando el formato, hacia los intereses de los gobiernos de turno, que a su vez responden a los intereses de las transnacionales, que a su vez financian a los gobiernos y menoscaban los intereses de las comunidades.

La política ambiental no puede depender de la Secretaría General de la Presidencia a nivel nacional y de las Intendencias a nivel regional. Esta estructura profundiza aún más la problemática y debilita la credibilidad del modelo y tiene a Chile al borde del abismo ambiental. La única solución lógica, pasa por generar instituciones que estén desvinculadas de la coyuntura empresarial, que cuenten con la autonomía necesaria para solventar decisiones creíbles y que la institucionalidad ambiental dependa de una superintendencia sectorial, en vez de la Secretaría General de la Presidencia, para que una vez entregada la resolución ambiental, quien tome la decisión final, sea una agencia autónoma y exclusivamente fiscalizadora.

Andrés Gillmore Evers