Rafael Correa choca con pueblos ancestrales y ecologistas

Los mayores afectados con la acción del gobierno, paradojalmente son los mismos que en su momento jugaron un papel para que Correa llegara al poder al ganar la segunda vuelta de la elección presidencial. Por Pedro Armendariz

Imagen de Corresponsales El Morrocotudo
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11 de Noviembre, 2011 01:11
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Cuando el economista Rafael Correa llegó a la presidencia del Ecuador el año 2007, precedido de un período de grandes convulsiones sociales y políticas en su país, muchos pensamos que los ecuatorianos estaban viviendo una nueva oportunidad para asentar y desarrollar la democracia. No ha sido así. L

os mayores afectados con la acción del gobierno, paradojalmente son los mismos que en su momento jugaron un papel para que Correa llegara al poder al ganar la segunda vuelta de la elección presidencial: los pueblos ancestrales y sus organizaciones, y los ecologistas defensores del medio ambiente.

Ambos sufren la embestida del Estado y las empresas -privadas o estatales- de Ecuador o extranjeras (principalmente chinas), que han puesto la mira en los recursos naturales (petróleo, agua, minerales), muchos de ellos situados en territorios ancestrales y/o de los más ricos en biodiversidad del mundo. L

as incursiones del Estado y las empresas en territorios selváticos, pero también en la sierra o en la costa, es multifacética. Desde la presencia de policías y militares, a la represión directa, pasando por procesos judiciales y cárcel de numerosos dirigentes de base de las organizaciones sociales que se oponen a los proyectos y defienden su vida autónoma en territorios ancestrales. E

n un país sin terrorismo, como es el Ecuador, hay en torno a 200 dirigentes y activistas que se oponen a los grandes proyectos acusados y procesados por acciones que la ley contempla como sabotaje o delito de carácter terrorista.

No está ausente la compra de conciencias mediante dinero. Junto con la propaganda y el amedrentamiento se enfocan a dividir las comunidades para reinar sobre ellas.

Los procedimientos legales que contempla la propia institucionalidad legal ecuatoriana no se respetan por parte del gobierno.

Es el caso de la consulta previa a los afectados por proyectos que dañan el medio ambiente, en particular a los pueblos ancestrales y comunidades campesinas. El gobierno simplemente ignora este derecho de las comunidades.

El colectivo Acción ecológica, en una columna de su página en Internet, señala que en Ecuador “los casos de criminalización de la protesta social han resurgido con crudeza. El hostigamiento, la descalificación, los juicios penales, las detenciones y lo apresamientos contra los líderes sociales son distintos rostros de una misma estrategia que apunta a desmovilizar, silenciar, provocar autocensura, para que una vez logrado el control social quede allanado el camino para una inmisericorde explotación de la Pachamama, el despojo a las comunidades de sus fuentes de vida, y profundizar la acumulación de dinero”.

El gobierno está desarrollando un plan para llevar adelante la expansión de la explotación petrolera en el extremo oriente selvático del país. Se trata de la Amazonía ecuatoriana, ya muy afectada en su zona norte por las compañías petroleras.

Ahora peligra en su área centro sur. Se resisten al embate los pueblos amazónicos ancestrales Kichwa, Shuar, Achuar, Sápara y Andoa.

El talante autoritario y confrontacional de Correa es funcional al empeñó del Estado por llevar adelante proyectos de inversión millonarios de grave impacto ambiental, y hacerlo sin contemplaciones a los deseos de los afectados directos.

En los pocos días que permanezco en Ecuador la segunda quincena de octubre 2011, se suceden los acontecimientos conflictivos que tienen que ver con el impulso a grandes proyectos de inversión.

En todos ellos los habitantes que se verían afectados se oponen. Al páramo de Kimsacocha, en la provincia de Azuay, viajó el 25 de octubre el presidente Correa acompañado de 450 militares y 300 policías.

Su inaudita acción tuvo por objeto apoyar un proyecto de explotación de la minera canadiense Lamgold en la zona. En la ocasión fue detenido por la policía el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas de Azuay, Leonardo López, acusado de tirar una piedra al automóvil presidencial.

El 18 octubre, por su parte, en las cercanías de la ciudad de Chone, 400 agentes de élite de la policía desalojaron violentamente a campesinos montubios que querían impedir el acceso a sus tierras de maquinaría de la empresa china Tiesiju, que proyecta construir una represa en el Río Grande.

Un día antes, el 17 de octubre, el gobierno había decretado a Río Grande “zona reservada de seguridad”. Correa había amenazado con el desalojo el sábado anterior en su habitual y larga alocución a través de la radio y la televisión de los días sábado.

Estás acciones represivas, como las políticas y actuaciones en general del gobierno y sus personeros, son apoyadas con el gran aparato de propaganda que ha montado estos últimos cinco años el gobierno, que cuenta con poderosos y variados medios de difusión, televisión, radio y prensa. Es destacable también de la política comunicacional gubernamental el reiterado uso de cadenas nacionales.

El presidente Correa encabeza una campaña contra la existencia y el prestigio de los medios de difusión opositores, particularmente los tradicionales de derechas.

Los identifica como “prensa corrupta” cada vez que se presenta la ocasión, en un país donde se compra y lee muy poco la prensa. Da la impresión de que cuando no tiene un enemigo el gobierno se lo inventa, como forma de mantener aglutinamiento favorable. Su apelación a la prensa juega tal papel.

La mantención y el incremento de legislación penal en relación con tipos de delito que afectan al ejercicio del periodismo y la emisión de opiniones, mantiene a Ecuador rezagado con las disposiciones en esta materia en los países suramericanos.

Quienes observan y siguen en detalle el estado de vigencia de los derechos humanos en Ecuador, prevén que la situación se agravará en caso de aprobación por la asamblea nacional del nuevo Código Penal que impulsa el gobierno.

En él se dispone castigar con uno a tres años de cárcel actos tales como cortar un camino o carretera o resistir la realización de alguna obra.

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