Traspaso de terrenos al Ejército: Bienes Nacionales asegura que no están en zona arqueológica

La comunidad de Socoroma inició, el jueves 12 de octubre pasado, una serie de movilizaciones pacíficas tras considerar que, cerca de las 9 mil hectáreas de Pampa Campanane traspasadas por el Ministerio de Bienes Nacionales al Ejército en el marco de la Acta Chena IV de 2016, se ubicarían en una zona arqueológica.

Frente a esta situación, fue la propia ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, quien informó que dichos terrenos “no se encuentran dentro de áreas de desarrollo indígena”.

La secretaria de Estado explicó que “al momento de realizarse el estudio del terreno destinado por parte del Ministerio de Bienes Nacionales al Ejército de Chile en el sector de Campanane, no existía antecedente alguno respecto de que hubiesen sitios arqueológicos ni demandas indígenas ni ocupaciones ancestrales, antecedentes que fueron conocidos por el Ministerio de Bienes Nacionales el 17 de octubre de 2017, es decir, un año después del acuerdo Acta de Chena IV”.

Palma detalló, además, que de acuerdo a la Ley Nº 17288, sobre monumentos nacionales, en lo relativo a restos arqueológicos, por el sólo ministerio de la ley corresponde su protección al Estado, “por lo tanto, el Ejército de Chile como toda institución pública se encuentra obligada a protegerlos”.

Pasando y pasando

La ministra puntualizó que, como resultado de las Actas de Chena IV, Bienes Nacionales está recibiendo del Ejército un total de 41 inmuebles, equivalentes a más de 168 mil hectáreas.

Parte de estos terrenos se encuentran contemplados en 86,7 hectáreas que recibió la cartera en Osorno, y que  fueron destinadas al Serviu para un proyecto habitacional de 2 mil 500 viviendas, que se traducen en más de 10 mil personas beneficiarias.

Asimismo, muchos de los sitios recibidos se transformarán en casas, parques, atracciones turísticas y en sitios de memoria.

Según señaló la autoridad, el Acta de Chena IV es un protocolo de acuerdo cuyo propósito final es promover los intereses generales del país y la concreción de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de vastos sectores de la población.