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Un total de 70 testigos, entre víctimas y peritos, además de abundante prueba material y documental, ha presentado hasta ahora la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía local en el juicio oral en contra de seis acusados que integraban una organización que estafó a más de 100 personas en la venta de casas que supuestamente se encontraban en proceso de remate y que alcanzó un perjuicio de casi mil 500 millones de pesos.

A lo largo de este juicio oral, que partió el pasado 22 de diciembre, la Unidad de Alta Complejidad presentará un total 280 testigos, de los cuales 111 son víctimas, en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Daniel Valenzuela, quien trabajó junto a la PDI.

La indagatoria estableció un monto defraudado total que suma cerca de mil 500 millones de pesos, considerando que hubo víctimas que cancelaron desde los 2 millones hasta los 65 millones de pesos por viviendas que les fueron ofrecidas por los imputados, a un menor precio de mercado, pero que jamás le fueron entregadas.

De acuerdo a la investigación, a partir del año 2014 el acusado L.R.G comenzó a ofrecer inmuebles de la ciudad de Arica que supuestamente se encontraban en proceso de remate en el marco de una causa radicada en el Segundo Juzgado Civil de Santiago. En ese contexto, se concertó con los otros acusados O.L.O y P.C.V., para que este último, en su calidad de egresado de la carrera de Derecho, simulara realizar las gestiones legales en la capital a fin de adjudicarse las propiedades.
Así, ofrecía a las víctimas adquirir el inmueble en el remate a un menor valor del precio comercial con la condición que se debía cancelar anticipadamente el 50 por ciento del precio para reservar la casa y el resto una vez entregada.

En tanto, durante el año 2015 se sumaron a esta organización los acusados G.P.C y su cónyuge S.V.V, además de la también egresada de Derecho N.J.B., dedicándose a captar personas para ofrecerles las propiedades en remate.
En ese contexto, G.P.C y su esposa ofrecieron el negocio a varias personas que le cancelaron millonarias sumas con el objetivo de adjudicarse una propiedad; sin embargo, jamás recibieron los inmuebles. Asimismo, la indagatoria estableció que los acusados exhibían a los afectados actas de adjudicación falsificadas.