El presidente Ricardo Lagos dio inicio en septiembre del 2001 a la construcción de la planta desaladora DESALANT [6]de Antofagasta, merced a un contrato de construcción y operación por 20 años entre la sanitaria ESSAN [7]y el consorcio español OHL - INIMA.
El diseño de la planta involucró una inversión de US$ 54 millones y consideraba cuatro fases de ampliación a desarrollarse sucesivamente hasta el año 2010, hasta llegar a 600 litros/segundo de capacidad de acuerdo a proyección de la demanda, un tamaño equivalente a la que pretende instalarse en Arica.
Las primeras etapas de la desaladora consideraron abastecer de agua potable al sector norte de Antofagasta, mezclando las aguas desaladas del mar con las provenientes de las captaciones superficiales de la cordillera en Toconce, Lequena, Quinchamale y Puente Negro, a más de 3.000 metros de altitud y a 300 kilómetros de distancia.
Así, el objetivo inicial de la sanitaria regional de Antofagasta fue destinar así el recurso hídrico natural proveniente de la cordillera, con el que abastece actualmente a la población de Antofagasta, para el uso industrial y minero, solucionando significativamente uno de los mayores problemas que tiene la actividad minera de la región. Canjeando así las fuentes de suministro, pero con lo cual el abastecimiento de agua potable a la comunidad de Antofagasta pasaría a depender crecientemente de la empresa desaladora controlada por este poderoso consorcio español.
En Arica se busca exactamente el mismo objetivo, es decir "canjear" las actuales fuentes de suministro de agua potable desde las actuales y futuras fuentes de agua subterránea que circulan bajo la ciudad, por agua de mar desalinizada; destinando los derechos de aprovechamiento de aguas a la agricultura de Azapa mediante subasta. Lo cual, en la práctica, implica dejar de bombear agua desde los actuales pozos existentes en la ciudad -y de paso impedir toda nueva extracción- para que todo el abastecimiento de agua potable en Arica pase a depender de una única empresa desaladora.
Las proyecciones de desarrollo de DESALANT se vieron modificadas al concesionarse la distribución de agua potable a la empresa Aguas de Antofagasta, vinculada al grupo Luksic a través de Antofagasta Minerals el año 2003. El contrato de suministro de agua desalada pasó de un volumen mínimo establecido, a un suministro variable en base al consumo real de la población, por lo cual a partir del 2004 Aguas de Antofagasta priorizó el abastecimiento desde sus fuentes de menor costo de operación, dejando a DESALANT como proveedor secundario y solo para los meses de mayor demanda. Asimismo, la demanda de agua en la ciudad se ha estancado gracias a un mayor control del consumo de agua potable.
Un segundo hecho relevante ha sido el alza constante de los insumos requeridos para desalinizar el agua de mar, como los costos de energía eléctrica que se triplicaron entre 2006 y 2008, sin que estos costos hayan sido traspasados a las cuentas del agua potable que Aguas de Antofagasta le cobra a la población. Ambas empresas se enfrentan desde el 2007 en una disputa legal por cláusulas del contrato de suministro de agua.
Desaladoras: ¿Un nuevo Transantiago?
En este escenario de demanda inferior a la prevista y costos en aumento explosivo, DESALANT ha comunicado su situación de incumplimiento de deudas frente a las entidades financieras. Un escenario en el cual el poderoso consorcio español OHL-INIMA busca sensibilizar a la opinión pública en un servicio básico y vital como es el suministro de agua potable, procurando obtener beneficios del Estado a fin de asegurar la continuidad de sus operaciones en Antofagasta y a la vez dar cumplimiento al compromiso presidencial de instalación de la planta desaladora de agua de mar en Arica.
¿Se buscará resolver (sanear) la situación financiera de DESALANT y la disputa legal vía la modificación de contratos de suministro de agua, incorporando la figura del subsidio al agua potable desalinizada a fin de evitar el impacto del alza de tarifas en los usuarios? Vienen dos años electorales, y para ello se puede invocar como precedente el subsidio permanente que se ha pretendido aplicar al Transantiago, tratándose de servicios básicos a los que se les debe asegurar la continuidad de suministro.
De ser así, en la práctica será el gobierno de Chile, -que no olvidemos ha sido el principal impulsor de esta iniciativa de desalación, sin mayor participación ciudadana, como bien lo sabemos en Arica- quien asuma los riesgos de un negocio privado, simplemente como una forma de traspaso de ingentes recursos publicos del Estado a un consorcio internacional que además posee una notable capacidad de imponerle sus condiciones al fisco. Ya el MOP debió "indemnizar" por US$ 60 millones al consorcio OHL por las obras del nuevo Centro de Justicia de Santiago, y en Arica somos testigos como la desaladora DESALARI [8] -del mismo consorcio- entrega agua "potable" con los contenidos de boro más altos en el mundo, ante la ausencia de normas de contenido máximo de este elemento en el agua potable.
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