Después del conocido “Octubre Azul” del año 2004, donde los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay se pronunciaron a favor de legislar sobre el derecho al agua y en contra la privatización de los servicios, fue incorporado en la Constitución de ese país, en el Art. 47º, “El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales”.
Hoy, en Bolivia el gobierno de Evo Morales impulsa una Ley en este mismo sentido y en Colombia, dos millones de ciudadanos luchan por que se refleje la voluntad popular en orden a exigir un referendo que incorpore de igual manera, el agua a la constitución como derecho humano fundamental.
La Carta de los Derechos Humanos reconoce el derecho fundamental a la vida, y si el agua es esencial para la vida, el agua es también un derecho humano. Sin embargo, millones de personas en el mundo carecen de acceso a fuentes de agua apta para consumo humano y peor aún, otros tantos mueren por enfermedades atribuibles a la falta de agua potable y saneamiento.
Desde la década de los 90, organizaciones internacionales lideradas por los países del norte, han recomendado medidas tendientes a la privatización de los servicios básicos, como condicionante para el acceso a los créditos necesarios para enfrentar la re-democratización luego del fin de las dictaduras en varios países de Latinoamérica.
Los gobiernos, como en Chile, acogieron la sugerencia y producto de ello, fueron privatizados los servicios de distribución del agua potable y saneamiento, traspasando a manos de privados el acceso de los ciudadanos al agua, es decir, a la vida. Los chilenos nos enfrentamos al cobro de tarifas por consumo y tratamiento de aguas, por parte de monopolios, pues si el agua no satisface nuestras necesidades en cuanto a calidad o la distribución es irregular o la atención no es aceptable, sencillamente, no tenemos otra opción de proveedor. La SISS acumula miles de reclamos por lecturas de consumo de agua registradas en las boletas que no cuadran con lo mostrado en el medidor, cortes arbitrarios del servicio pese a tener cuentas al día, cortes por trabajos sin aviso previo.
Mientras tanto, los cursos de agua continúan contaminándose debido a la acción antropogénica, la falta de fiscalización y la sobre explotación de acuíferos por parte de la actividad minera principalmente. Por otra parte, el cambio climático ha disminuido las opciones de renovación de los acuíferos, hay menos precipitaciones y, como consecuencia, menores caudales en las fuentes que abastecen a las sanitarias. En este escenario, los ciudadanos nos enfrentaremos a racionamiento de agua potable y electricidad, como en Venezuela. Pero, ¿Qué estrategia emplearán las empresas para seguir siendo rentables? Tal vez sea el momento de dejar el agua en manos del Estado nuevamente y terminar con el agua como objeto de mercado.