Las últimas declaraciones del ex Presidente norteamericano George Bush, publicadas en su autobiografía, donde justifica la aplicación de tortura en la guerra contra el terrorismo, hacen surgir la incómoda pregunta acerca de cuánto puede extenderse la persecución de estos delitos en un Estado de Derecho, sin terminar con ello violentando y enlodando el propio concepto.
La idea de Estado de Derecho, en tal sentido, exige no sólo la separación de los poderes públicos, sino también el pleno respeto y sometimiento gubernamental al principio de legalidad y la protección de los derechos y garantías fundamentales de la persona humana. Más allá de las diferentes orientaciones ideológicas, que serán analizadas este viernes en la U. Andrés Bello en el seminario “Derecho penal y terrorismo. Estado actual de la discusión”, existe consenso mundial en orden a que la legitimidad del poder político y de la existencia del Estado arranca del respeto de aquellas condiciones básicas que transforman el Estado despótico en un Estado de Derecho. A diferencia de lo que ocurre en el Estado despótico, en el Estado de Derecho es posible distinguir no sólo la fuerza legítima de la ilegítima (siendo legítima aquella proveniente del soberano), sino también la fuerza legal de la ilegal, o sea, la fuerza usada basándose en leyes preestablecidas y la fuerza usada contra las leyes. La lucha por la instauración y el progresivo perfeccionamiento del Estado de Derecho es la lucha para el establecimiento y la ampliación de los límites del uso de la fuerza.
El fenómeno del terrorismo nos enfrenta al desafío de conciliar el precario equilibrio entre la protección de la comunidad y la defensa del individuo, no perdiendo de vista que la vulneración de los derechos y garantías individuales, aún bajo el pretexto de pretender con ello proteger el de la comunidad, constituye un fracaso del Estado de Derecho y una renuncia a los principios que lo inspiran.