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El proceso de regionalización, que en Chile viene desde los años ’60 y tuvo su giro definitivo durante la dictadura militar, sigue generando una controversia marginal (esto es: en sectores reducidos y alejados del clamor ciudadano), como si no importara en lo más mínimo qué ocurra con los gobiernos de las regiones y su relación asimétrica con el poder central, a pesar que toda la evidencia empírica de la que se dispone indica que la suerte de los Gobiernos Regionales tiene una directa relación con las posibilidades de desarrollo de las comunidades locales.

La discusión hoy corre por dos carriles que increíblemente reúsan tocarse por conveniencia del poder central. Una ha sido la mentada “democratización” del espacio de poder regional y otra distinta tiene que ver con el para qué de dicha democratización.

La discusión del desarrollo regional se trata de llevar por una pretendida “democratización de la elección de los COREs”, escondiendo que en el proyecto el Intendente fortalece sus competencias, concentrando más poder que actualmente, lo que significa que el representante de la Presidencia de la República para la región acrecienta sus poderes para ejecutar políticas centrales emanadas del Ejecutivo que impone su propia agenda central para el ámbito regional, tales son los casos de Freirina, Punta alcalde o Aysén. Tal cual, cuando en el proyecto se habla de mayores competencias para la región, de lo que se trata es de mayores competencias para el Intendente, confundiendo mañosamente la región propiamente tal con el representante del Presidente y sus intereses en el territorio.

Se pretende que con la elección directa de los Consejeros Regionales, los males de la centralización excesiva, y el estrangulamiento que provoca, sean superados definitivamente. Pero nunca la fórmula de la democratización había sido más vacía que en la discusión actual. Nunca un voto popular había valido menos que en el marco de esta ley.

En efecto, ahora se nos permitirá elegir a nuestros representantes en el Gobierno de la Región, pero estos representantes tendrán menos poder de decisión que antes, con lo que la concesión al pueblo, para que escoja directamente a sus Consejeros, se convierte en el regalo de un collar de cuentas de vidrio, mientras solapadamente se expropia a las regiones del poco poder de decisión que tienen. Y valga decir que además muchos parlamentarios esperan hacerse de ese disminuido poder de decisión regional por la vía de un sistema de elección territorialmente inviable, con distritos especiales más extensos y distintos que los de las diputaciones.

Finalmente, con una dieta del CORE cercana a los $ 600.000.- es necesario preguntarse quién financiará las campañas para los nuevos Consejeros Regionales, pregunta que encierra el secreto de quién pedirá prebendas en el nuevo escenario. Ser electo obliga a responder quién paga una campaña cara y dónde se encuentran los votos. Al igual que Usted lo haría, los Consejeros tendrán que apostar por grandes comunas contra el interés las más pequeñas, provocando incentivos para más inequidad en el desarrollo territorial, pero en Santiago a nadie parece importarle mucho todavía.