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Una diversidad de movimientos sociales, organizaciones de base, comunidades indígenas, pobladores y pobladoras y estudiantes interpuesieron una DEMANDA AMBIENTAL CONTRA EL ESTADO DE CHILE, por "vulnerar sistemáticamente la salud de las personas que construimos la región".

"Condenamos la indolencia del Estado neoliberal que contamina, usurpa y mata a miles de personas (niños, mujeres, ancianos, padres y madres), que pone en riesgo el patrimonio social, ambiental, cultural y económico de la región", informan en una declaración pública.

En este sentido, la Coordinadora Conflictos Sociambientales Arica-Parinacota, explica que "concurrimos al Segundo Tribunal Ambiental del Centro de Justicia y luego a la  Fiscalía  donde  ingresamos  la  demanda  patrocinada por Álvaro Toro, abogado ambientalista".

"Recordemos que entre 1984 y 1989 la Sociedad Promel Ltda. (dedicada a la  extracción  de  oro  y  plata  por  proceso  de  lixiviación)  importó  desde  Suecia  tres cargamentos  de  20  mil  toneladas,  conteniendo  residuos  bajo  el  caratulado  de  “barros con contenidos metálicos” con la intención de darles tratamiento en Chile, para lo cual recibió autorización  del  Servicio  de  Aduanas  y  el  Servicio  de  Salud.  Sin  embargo,  estos “barros”  eran  en  realidad  desechos  tóxicos  con  alto contenido  de  polimetales  en  altas concentraciones entre estos CADMIO, PLOMO y ARSÉNICO, los que fueron almacenados a la intemperie  en  el  sector  de  Alto  Copaquilla  junto  a  1  millón  de  toneladas  de  ripios tóxicos  para  procesar  oro  y  plata  provenientes  de  la  mina  y  procesadora Choquelimpieen la comuna de Putre. Copaquilla  corresponde  a  la  cuenca  hidrográfica  del rio  San  José,  aguas  que  riegan Valles de Precordillera, el Valle de Azapa y que tomamos los Ariqueños".

También, en el sector Los Industriales, hay 20 mil toneladas de estos residuos tóxicos, en la comuna de Arica, los cuales no recibieron tratamiento alguno y que posteriormente se construyeron viviendas sociales sobre estos contaminantes.

"La  demanda  busca  que  este  Estado  opresor  capitalista  y  1  millón  de  toneladas  de  residuos altamente  tóxicos, repare el  daño  ambiental  causado  a  la  naturaleza  y  los  seres humanos que vivimos en la región", agregan en la declaración.

Los  últimos  resultados  de  los  análisis  realizados  por  el Doctor  Andrei  Tchernitchin, experto toxicólogo de la Universidad de Chile, a cargo de la investigación, determinó que los niveles de arsénico en agua y suelo sobrepasan la norma y en algunos casos hasta en 15  veces. 

"Queda  en  evidencia  el  plan  siniestro  del  Estado  chileno  que desconoce y hace oído sordo al interminable cuadro de dolor y muerte que constituye el caso  de  los  Polimetales,  más  la  inminente  amenaza  del  arsénico  que  se  desplazó  desde Copaquilla a la costa, son argumentos más que rotundos para proscribir definitivamente la  minería  en  esta  región,  hasta  que  no  se  repare  y mitigue  el  daño  causado  a  la población,  flora  y  fauna,  patrimonio  cultural,  ambiental,  social  y  económico  de  la  región de Arica y Parinacota", sostienen.

Ante esta situación, las organizaciones llamaron a una movilización  permanente  en  defensa  de  la  vida  el  agua  y  la tierra  y  específicamente  el  día  14  de  noviembre a una  marcha  ciudadana  "anticapitalista  por  las calles de Arica, en repudio a las autoridades que sistemáticamente mienten hipotecando la salud de todos los habitantes de la región".