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Tras 103 días de juicio y la declaración de más de 90 testigos, ayer se efectuó la lectura de la sentencia que absolvió a cuatro funcionarios de OS-7 de Carabineros y a tres civiles acusados en el llamado 'caso drogas de Arica', en que el Ministerio Público pretendía imponer una sentencia de 40 años de privación de libertad para los funcionarios policiales involucrados.

Entre los absueltos se encuentran el mayor (R) Victor Rodriguez Huerta y el capitán (R) Leonardo Vilches Sepúlveda -representados por los abogados particulares Alejandro Peña y Eduardo Riquelme-, el sargento (R) Nelson Gavilán Santos, representado por la defensora pública Paola Sepúlveda, y el sargento Fernando Vidal Fabres, representado por el defensor público Alejandro Cox.

También fueron absueltos el transportista F.S.R., representado por el defensor privado Esteban Basaure; el chofer L.G.F., defendido por Carlos Opazo, y F.A.Y., representado por el abogado particular Renato Solar.

Durante la lectura, el tribunal informó la absolución de todos los cargos imputados por el Ministerio Público y aclaró que los hechos fueron parte de un procedimiento policial dirigido por y bajo el conocimiento del fiscal Manuel Gonzalez, confirmándose así que él conocía la diligencia y que autorizó el ingreso del informante con la droga en el cuestionado procedimiento de septiembre de 2014. 

En la sentencia se aclara también que todas las diligencias asociadas a la detención del 5 de agosto del mismo año fueron realizadas bajo el conocimiento absoluto del fiscal.

El defensor público Alejandro Cox explicó al respecto que fue doloroso darse cuenta desde el inicio que no había fundamentos para que los funcionarios de Carabineros estuvieran detenidos. 

“Siempre estuvo en conocimiento el Fiscal, ya que él dio las órdenes antes de las detenciones. Entonces, el cuestionamiento hecho por la Fiscalía a los procedimientos de la policía no tenía ningún fundamento y eso hacía doloroso el actuar. Ver que por hechos que eran lícitos los carabineros estaban detenidos generaba una gran molestia”, explicó.

Según la defensora pública Paola Sepúlveda, el único carabinero que ha vuelto a sus funciones ha sido su defendido, el sargento Gavilán Santos, aunque estima que en las próximas semanas debieran ser reincorporados los demás funcionarios policiales.

LA SENTENCIA
La sentencia leída ayer destaca, además, que nunca hubo riesgo de afectación a la salud pública, sino que se trató de un procedimiento policial en que la droga estuvo custodiada y luego fue destruida en su totalidad. Por último, se ratificó en el veredicto que los únicos responsables de tráfico fueron los extranjeros dejados en libertad por la Fiscalía, destacándose que el ente persecutor no acreditó la inocencia de Marco Riveros, uno de los traficantes.

Finalmente, se condenó al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Intendencia de Arica y Parinacota al pago de las costas de la causa, “pues conforme a la prueba rendida, resulta inexplicable la actitud del persecutor y querellantes en este juicio, pues las mismas han pretendido una condena penal, en un procedimiento de legalidad cuestionada, que denota de una torcida investigación”, menciona la sentencia escrita.

Tras la lectura, está pendiente saber si el Ministerio Público recurrirá o no en contra de la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Arica o ante la Corte Suprema.