Lo hemos dicho nosotros y muchos otros cronistas. La justicia en Chile es una vergüenza. Delincuentes habituales que caen hoy y salen mañana por resolución de jueces que no entienden los riesgos que esos sujetos provocan estando en libertad. De las muchas mujeres víctimas de femicidio, ¿Cuántas se hubiesen salvado de ser víctimas fatales (incluída la Sra. Lapostol), estando esos sujetos en prisión?; ¿Cuántas no habrían sido asesinadas si los jueces hubieran impuesto justicia y no poniendo una mano de "lavanda" en sus resoluciones?
¿Habrían sido asesinados dos funcionarios de Carabineros si los bandidos que les mataron estuvieran en la cárcel, como correspondía? Razón tuvo el general José Bernales Ramírez al plantear que la justicia chilena tenía responsabilidad.
De igual manera la "justa justicia" debiera operar cuando es la policía quien comete excesos o actos de arbitrariedad. Los jueces chilenos, en gran cantidad, gozan de pésima fama.
Los diputados Cristián Monckeberg y Patricio Walker presentarán en abril un proyecto para un sistema de evaluación de los jueces, el que intenta que los magistrados no se evalúen entre ellos mismos cada cuatro años. Fíjense, señoras y señoras. Los jueces son juez y parte de sus haceres. Árbitros y jugadores en un mismo partido¡Qué vergüenza!
Este proyecto está siendo realizado por una gran universidad: la Adolfo Ibáñez.
Este es un cambio necesario: desde el más simple tribunal hasta los más elevados deben ser puestos en la mira de fiscalizadores externos.
No puede suceder que la justicia sea flaca frente a asesinos en potencia, condescendiente con los estafadores y sujetos dañinos; y sea dura con gente que lucha por sus ideas como sucedió en los casos de Alejandra Matus, Francisco Martorell, Ana Verónica Peña y el ex-funcionario de la Armada, Héctor Palamara, a quienes se les prohibió la circulación de sus obras-denuncias; hecho que significó -como respuesta a las injusticias judiciales- procesos contra el Fisco chileno. El caso Palamara, incluso, llegó a un tribunal internacional el que le dio la razón al ex-uniformado, obligando al Estado a pagarle una suma de más de veinte millones de pesos. Una cifra escasa, pero, que, al menos, marca un acto de justicia que en Chile Palamara no obtuvo, debido a esos jueces lentos e injustos.
Aquí hay que revisar a cada juez. Ver qué intereses los mueven, qué razones les marca.
Desde los más modestos -los jueces de Policía Local- que suelen aplicar una "justicia" basada en argumentos no investigados en forma acuciosa y en que suelen ser parte muy interesada a favor de las arcas municipales y en no investigar denuncias que afectan, por ejemplo, a obras mal realizadas, ya que la responsabilidad son de las Direcciones de Obras Municipales (DOM).
El vínculo de los Municipios con los Juzgados de Policía Local es evidente. Desde esos jueces hasta los jueces del crimen tienen grandes responsabilidades, como lo dijimos, en la libertad rápida de delincuentes habituales y de gran peligro y en demasiados actos de no reparación de daños. Además debe revisarse el comportamiento de jueces de otras esferas.
Los jueces, en general, no pueden autoevaluarse. Tienen que ser evaluados por personas ajenas a los tribunales y ojalá no cada cuatro años, sino que todos los años. No es bueno que los malos jueces, porque también hay los justos, sigan. Deben irse. Así Chile podrá mostrar una cara un poco más limpia.

El proyecto que sustenta la Universidad Adolfo Ibáñez debe llegar a buen puerto y
será responsabilidad del Congreso y del Gobierno hacer que aquello ocurra. De esa manera el femicidio, el infanticicio, el homicidio en general, las agresiones
físicas y los daños económicos causados y otros actos de injusticia podrán, si no acabarse, al menos disminuir.

Sí, al fin parece que habrá luz verde para mover a esos señores ancianos y jóvenes, que se sientan en su trono a dictar justicia a veces e injusticias en muchos casos. No es posible que ellos sean, a la vez, jugadores y árbitros en un mismo partido. Un proyecto que pronto va al Congreso los dejaría expuestos, como a cualquier ciudadano.
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