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El Informe Anual 2018 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su capítulo sobre "Violencia Hacia las Mujeres Rurales e Indígenas Rurales", reveló que este segmento no sólo ha permanecido invisible para la opinión pública sino también para el Estado. El estudio comprobó que ninguno de los ministerios oficiados poseía información desagregada por etnicidad y ruralidad vinculada a temas de violencia contra la mujer; tampoco existen documentos oficiales provenientes de reparticiones públicas responsables del tema.

Es por esto que el informe recomienda a los organismos del Estado implementar datos desagregados que contemplen la pertenencia a comunidades indígenas, condición de ruralidad, edad, situación de discapacidad y diversidad sexual.
 
La discriminación por sexo y género, señala el informe, no es la única manera de abordar el tema de la violencia hacia la mujer. Existen diversos elementos sociales y culturales que se entrelazan interactuando en múltiples y simultáneos niveles.

De ahí que una de las recomendaciones sea que el Ministerio de la Mujer implemente políticas y programas de violencia hacia la mujer con pertenencia cultural, reconociendo las especificidades de las mujeres de pueblos originarios y condiciones de ruralidad. Porque al cruzar condición étnica, ruralidad y pobreza, la vulnerabilidad hacia las mujeres se vuelve más evidente.
 
Uno de los grupos más afectados es el de las temporeras, particularmente en el ámbito de la precariedad en sus empleos, que las expone a situaciones de acoso sexual y vulnerabilidad laboral. Según datos de la encuesta Casen (2013), entre los años 1990 y 2009, la fuerza femenina en el trabajo asalariado agrícola aumentó un 142%.
 
El fenómeno de creciente feminización del mercado ha derivado en una serie de complejidades en las jornadas de trabajo de las temporeras. Muchas de estas mujeres son sometidas a un severo control del tiempo por parte de las jefaturas, sacrificando sus horas de alimentación y los tiempos para satisfacer sus necesidades biológicas generando infecciones urinarias. La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) ha denunciado que al no estar afiliadas a mutuales de eguridad,  sus dolencias –tendinitis, lumbago, malestares crónicos- no son reconocidas como enfermedades laborales.

Descarga aquí el Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2018 [15]