Sin duda, la aprobación del retiro del 10% de las AFP de parte de 24 senadores de oposición y 5 de Chile Vamos ha sido un triunfo de la presión de la ciudadanía en una época de crisis política y social. Sobre todo, social, pues el descrédito y desafección de la política es de más larga data. La gran audiencia que tuvo la transmisión, a través de la televisión o internet, además de la presión de las redes sociales y caceroleos evidenció que la ciudadanía sigue en alerta y está fiscalizando la labor de la elite.

Sin duda, que el empoderamiento de la población nos indica que las demandas sociales que desencadenaron el estallido social del 18 de octubre, no se calmarán hasta terminar con las injusticias y abusos contra los más desfavorecidos. Aunque, la pandemia no permite la protesta en la calle, como antes, la ciudadanía se las ha arreglado para hacer sentir su voz y su rechazo al modelo económico. Seguramente la mayoría de los representantes que votaron a favor lo hicieron para ayudar al pueblo, pero debe haber un grupo que lo hizo para no perder a sus electores que los observaban atentos a cualquier traspié, conscientes de que los votantes le cobrarían la mezquindad a quienes no los ayudaron. Por último, está el grupo de quienes prefirieron anteponer los intereses de los grupos económicos sobre la desesperada situación de la gente. Los que erróneamente declaran, como dijo la diputada UDI María José Hofman, que la gente no debería vivir de la plata del Estado, como lo hace ella.

Primero, la plata del Estado viene del bolsillo de todos los habitantes del país y quienes más pagan impuestos son los ciudadanos comunes, no los más ricos. Por eso se dice que la crisis la están pagando los más pobres, no los más ricos.

Segundo, estamos pasando por una de las crisis sanitarias más grande, o la más grande de la historia, hemos cumplido casi cinco meses, sin saber cuándo va a terminar. Hay muchas chilenas y chilenos que perdieron el empleo en marzo, sin saber cuándo volverán a trabajar. Se han perdido muchas vidas valiosas, con nombres propios, no un número que se puede manipular. Es un momento terrible de desesperación que exige al estado ponerse al lado de la población no en contra. Ante tal crisis, el pueblo espera una respuesta contundente del estado. Por eso, encuentro fuera de lugar, la propuesta que hizo el gobierno y Chile Vamos de perder tiempo, llevando la conversación a un largo debate sobre las AFP. Obviamente, se deben eliminar, pero la gente se muere de hambre ahora.

Así como la aprobación del 10% se vio como el triunfo del pueblo, por otro lado, representa la derrota de los grupos económicos que usufructúan de las pensiones de los trabajadores. Estos últimos representados por la derecha económica, no social, y el gobierno de Sebastián Piñera. Quiero pensar que sus intenciones son buenas, pero sus actos me demuestran que solo les interesa mantener el modelo económico neoliberal, aunque estén perjudicando al resto de la población. La intransigencia del gobierno lo ha llevado a fracasar, arrastrando a buena parte de la derecha. Creo que Piñera ha sido derrotado porque su estilo de gobierno caducó. No se condice con lo que reclama el Chile actual, como dice Mirko Macari, es el desplome del sistema de gobierno, ese que le decía al ciudadano “Ven a votar y nos vemos en cuatro años. Quédate en tu casa que nosotros arreglamos el país. No te metas, aunque te perjudiquemos”. Los ciudadanos quieren derechos sociales, igualdad de trato, más democracia y ser sujetos activos de las decisiones del país. No que se les mire con desprecio y displicencia. Piñera ha hecho todo lo contrario, ha gobernado como lo haría un monarca absolutista. Por eso, cuando se ha visto en una disyuntiva que le proponen las demandas sociales a través de la protesta social, ha privilegiado adoptar medidas represivas.

Por ejemplo, el 14 de octubre cuando los estudiantes secundarios protestaron por el alza del metro, el gobierno mandó a carabineros a reprimirlos. La consecuencia fue el estallido del 18 de octubre y todo lo que vino después, donde, incluso se llegó a dudar de la permanencia de Piñera en el gobierno. La pandemia ha sido otro dilema que el gobierno ha tenido que resolver. Para refrescar la memoria me gustaría mencionar lo siguiente: El 18 de marzo BBC publicó esta noticia “Coronavirus: Chile decreta el "estado de catástrofe" en todo el país por 90 días ante el avance de la enfermedad” Este sitio de noticias indicaba que Piñera explico que "El estado de excepción tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos, para las etapas que vienen en esta pandemia que es el coronavirus". Y agregaba lo siguiente Según el mandatario, esta medida permitirá a las autoridades chilenas ofrecer una mejor seguridad en los hospitales, "proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos, facilitar el cuidado y el traslado de pacientes, personal médico y la evacuación de personas". 

La constitución le confiere al presidente una serie de atribuciones para ayudar a la población. En primer lugar, el artículo 41 indica que: El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma.

En segundo lugar, el artículo 43 dice que: Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

El presidente solo ha usado una parte las atribuciones, la que le permite la restricción a los derechos civiles. Primero, declaró toque de queda, segundo envió a las fuerzas armadas a las calles, después impulsó la “ley de protección del trabajo” que les permitió a las grandes empresas despedir a miles de chilenos. 

Las otras atribuciones mencionadas anteriormente son las que más ayudan a la ciudadanía, como indican estos extractos de Radio Pauta: "en la cadena constitucional, estado de catástrofe es mucho más potente que el de emergencia". En detalle, dijo que no solo implica restringir la libertad de movimiento, sino que también que las autoridades puedan hacerse cargo de que los bienes esenciales lleguen a todas las personas. Es decir, que el Estado podría eventualmente adquirirlos "o bien intervenir los precios". Agrega el mismo medio de comunicación lo siguiente: 

“El abogado constitucionalista y profesor de la UC Felipe Bravo Alliende agrega a PAUTA: "Es posible establecer limitaciones al derecho de propiedad, como por ejemplo regulación de cantidad vendida al público de artículos sanitarios, precios, o disponibilidad de productos. Esto, además de ordenar el cierre temporal de establecimientos comerciales".

En pocas palabras el presidente puede fijar precios de alimentos y servicios básicos, sino que también, puede expropiar propiedades privadas. Si él quisiera, podría impedir que subiera el precio de la luz, agua, arriendos, comida, etc. Pero no lo ha hecho, actuando con indolencia y negligencia. Me pregunto si no ejercer estas atribuciones implica una acusación constitucional. Incluso ha estado en contra de leyes que benefician a la gente en esta crisis, por ejemplo, ha vetado la Ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia. La ley del post -  natal de emergencia, que permite a las madres que tienen bebés de pocos meses quedarse en la casa más tiempo porque pertenecen a una población de riesgo fue vetada por Piñera. Se acuerdan del lema “los niños primero”, el gobierno vetó la ley que eliminaba al SENAME y creaba un servicio nuevo. Afortunadamente, los representantes de ambas cámaras, han tenido sentido común, rechazando vetos como el de postergación del cobro de servicios básicos. Ojalá, esa ley se apruebe e impida que muchos chilenos tengan que dormir en la calle. 

No cabe duda que este gobierno y quienes lo apoyan tienen una visión del país completamente alejada de la realidad. Probablemente porque se criaron con privilegios, estudiaron en los mismos colegios, viven en comunas ricas, se casan entre ellos y nos miran como si fueran superiores ¿Es posible que no se hayan dado cuenta que el país no les cree? Esa debe ser la razón por la cual este fin de semana el gobierno armó un espectáculo bomberil, donde Piñera promulgó una ley que castiga a quienes ataquen a los bomberos con cinco años de cárcel. El anuncio generó suspicacias que se resolvieron en contra de la parafernalia comunicativa del gobierno. Primero, la ley había sido promulgada anteriormente. Segundo, en nuestra mente está el recuerdo demasiado cercano del recorte que sufrieron los Bomberos de parte del gobierno. Los bomberos y la ciudadanía protestaron sin ser escuchados. Tercero, Piñera opta por un anuncio de corte represivo, años de cárcel, olvidándose que mientras les quitaba dinero a bomberos, compraba carros lanza aguas, zorrillos y armas. Conclusión, el presidente se convirtió en un esperpéntico personaje de su inútil show comunicacional.

Para terminar, la crisis sanitaria que vive el país, no solo ha provocado la propagación del virus, también ha condenado a miles de personas al desempleo, hambre, violencia, incertidumbre y ansiedad. El gobierno no puede responder como si estuviera realizando una obra de caridad, sino cumpliendo con su deber, proteger a los ciudadanos. Si los ciudadanos reclaman porque no están conforme con la ayuda o no son escuchado, el gobierno debe actuar con humildad, no con represión. La época en que los millonarios empresarios que se creen dueños de Chile e intentan preservar sus privilegios, manteniendo a la fuerza el modelo económico que abusa de los ciudadanos parece estar llegando a su fin. El 10% de las AFP parece ser el comienzo. Pero, hay que estar alerta, pues, nadie sabe para quién trabaja, El abogado Mauricio Daza en el programa de Fredy Stock en Vía X, Stock disponible, denunció que mientras se discutía el retiro del 10%, avanzaba rápidamente el de salvataje a grandes empresas con fondos de pensiones, o sea, el gobierno se oponía dar el dinero a sus dueños porque quiere regalárselo a los grandes empresarios. Aquí, está el enlace si lo quieren ver: 

Son 10.000 millones de pesos de todos los chilenos que le darán a las grandes fortunas. Se aprobó en la sala del senado con 17 votos a favor, los de Chile Vamos y Felipe Harboe (PPD), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Jorge Pizarro (DC). Hay que demostrar que lo del 10% no es una excepción, sino un comienzo y presionar para que este proyecto no sea realidad. Ojalá, que cuando lea este comentario se haya rechazado.