Los senadores Fulvio Rossi (PS), Isabel Allende (PS) , Ricardo Lagos Weber (PPD), y José Antonio Gómez (PR) junto a integrantes del Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles) y de otras organizaciones civiles, anunciaron la presentación que se hará en el Congreso a principios de abril del proyecto de ley de aborto terapéutico.

La iniciativa contempla la interrupción del embarazo en situaciones específicas, tales como el riesgo vital de la madre, la inviabilidad de vida del feto fuera del útero y en casos de violación.

El aborto terapéutico se legalizó en Chile en 1931, aún antes de que el derecho a voto de las mujeres fuese legal en el país. No obstante, en 1989 se modificó el artículo 119 del Código Sanitario que lo prescribió en cualquier circunstancia, incluyendo los casos de violación y cuando está en riesgo la vida y salud de la madre.

Luego del intento fallido del año pasado, en que por dos votos se desechó la idea de legislar en esta materia, esta vez la representante de MILES, Claudia Dides, espera que, por ser un año electoral, los parlamentarios respondan a la ciudadanía por los derechos que han sido vulnerados. En este sentido, la personera apuntó a la Democracia Cristiana, cuyos parlamentarios, “tendrán que responder ante las mujeres chilenas”.

Claudia Dides agregó que el proyecto “fue elaborado por grupos de académicos, médicos,  matronas,  organizaciones de mujeres, de algunos partidos políticos, por lo tanto contiene todas las necesidades y urgencias que como sociedad civil hemos estado solicitando a los distintos gobiernos”.

La representante de MILES sostuvo además que “distintos tratados y conferencias internacionales  sacan a la luz anualmente que Chile no ha estado cumpliendo con los derechos que las mujeres tienen en distintos países del mundo” . “Es una deuda que la democracia tiene con las mujeres”, afirmó.

Respecto de la actual legislación existente en Chile en estas materias, Claudia Dides  aseveró que debe hacerse cargo de las cifras que, según sostuvo, señalan que “el 65 por ciento de la población esta de acuerdo con el aborto terapéutico, en caso de violación o incesto, o que por ejemplo Chile no ha logrado bajar en 20 o 25 años las tasas de embarazos de las adolescentes que siguen siendo 40 mil”.

En la misma línea, la personera agregó que “ha aumentado el segundo y tercer hijo en las adolescentes. Por otra parte hay deudas en educación sexual ya que  las políticas publicas han sido insuficientes pues no han llegado a los colegios en cuanto a temas de  prevención, anticoncepción  e información sobre enfermedades de transmisión sexual y sida”.

En este sentido, indicó que “hay un doble discurso, hay una especie de orden social y normativo donde aparentemente estas cosas no pasan, pero las practicas son distintas. Aparte, las encuestas señalan que la gente es proclive a hablar de estos temas”.

Opinión contrapuesta es la de Verónica Hoffmann, directora ejecutiva de Chile Unido, fundación  que acompaña a mujeres con embarazos en vulnerabilidad, no deseados o sin planificación. La personera sostuvo que “la misión de Chile Unido es respetar la vida y defender la vida del que está por nacer, por lo tanto  no estamos a favor de este proyecto en sus tres dimensiones”.

Respecto de las causales para la interrupción del embarazo contempladas en el proyecto, Verónica Hoffmann sostuvo que “varios expertos han dicho que no es necesario en ningunos de los tres casos sacar una ley de aborto terapéutico” y agregó que “la Constitución protege al niño nacido y al que está por nacer”.

Respecto de las causales de aborto propuestas por el proyecto Verónica Hoffman  sostuvo que “la medicina ha avanzado y ya casi no existe ese riesgo de vida de la madre, y si existiese esa situación y por causa natural el feto muere, eso es natural y no es calidad de aborto”.

La directora ejecutiva de Chile Unido indicó además que en casos de violación “varios médicos sostienen que es tanta la tensión o la agresividad producto de esa situación  que es muy poco probable que una mujer quede embarazada”.

Cuando se trata de situaciones donde existan problemas con el feto, Verónica Hoffman indicó que “esto tiene que caer por su propio peso”. En este sentido, la personera recalcó que “estamos por la causa natural de las muertes, en el caso de inviabilidad y en caso de riesgo de la madre”.

En tanto, para la académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Pamela Eguiguren, “ lo que interesa es una ley que responda a situaciones que ponen a la mujer frente a la necesidad de interrumpir el embarazo. Creo que lo que busca es proteger la salud y la vida de las mujeres. Aparte, hay que entender que las legislaciones regulan los tiempos en los cuales las interrupciones pueden ser realizadas, porque tampoco estamos hablando que el aborto se haga en cualquier momento, por ejemplo cuando hay una persona que ya está formada”.

En esta línea, Pamela Eguiguren añadió que hay causales sociales  y condiciones de vida más amplias que llevan a las mujeres a optar por el aborto. En este sentido, la especialista señaló que,  como salubrista, su opinión “tiende a la interrupción voluntaria del embarazo por las condiciones de vida que las mujeres enfrentan donde el aborto es la última salida. Es por esto que cuando toman la decisión , se practican el aborto. Por lo tanto, y desde el punto de vista de la salud pública en distintos países, los abortos se hacen igualmente y en condiciones de más riesgo sobre todo cuando no esta legalizado”.

La académica de la Escuela de Salud Pública “Dr. Salvador Allende” se mostró  además creyente “del sentido terapéutico de protección de la salud en cuanto a evitar un daño posterior en términos mentales”.

En este sentido, la también matrona especificó que “Benjamín Viel Vicuña, en un clásico libro respecto del aborto inducido, señaló  que si lo terapéutico es para proteger la salud, y la salud es más que ausencia de enfermedad, cualquier aborto es terapéutico”.

En todo caso, explicitó que se trata de una discusión que debe quedar en las personas, y que lo importante es que “el Estado debe garantizar o no el derecho legítimo de la mujer a tomar la decisión de continuar o interrumpir ese embarazo y tiene el deber de asegurar que todas las chilenas, y no sólo algunas, puedan tomar esa decisión con toda la información necesaria y, en caso de así decidirlo, tengan acceso a una interrupción del embarazo precoz, segura y sin castigos legales ni sociales.

Pamela Eguiguren hizo hincapié finalmente en que uno de los temas que se deben abordar y que está relacionado con el aborto es la regulación de la fecundidad, ya que según explicitó “el acceso a la anticoncepción amplia es la manera mas efectiva de contrarrestar el aborto, particularmente la anticoncepción de emergencia. Pero la píldora no da cuenta de esto ya que , no hay acceso libre y sin restricciones  a ella, lo que es un gran contrasentido”.