Cuando enfrentamos días aciagos como profesionales, debido a los despidos que nos han afectado tanto en instituciones privadas como en servicios públicos a lo largo del país, esta interrogante surge casi de forma natural. Se vuelve imperioso entonces analizar algunos hechos, para poder entender lo que para muchos se ha vuelto incomprensible. 

A nivel nacional, en las grandes cadenas de prensa escrita y televisiva que forman parte del duopolio que maneja los medios de comunicación del país, nos han despedido porque los criterios económicos, las cifras, las ganancias y los números son más relevantes que las personas. 

A la fecha, son casi 500 los y las profesionales que han quedado sin trabajo en diferentes canales de televisión y diarios de cadenas nacionales. Más de 2.000 personas afectadas si se considera a sus familias. Más de 13 millones de chilenos y chilenas si reconocemos el aporte que hacían con su trabajo diario a la educación, la entrega oportuna de información, y a la formación de conciencia y opinión de toda la sociedad. 

Por ello, cuando nos preguntamos "¿Por qué nos han despedido?" resulta agotador y arduo sostener este debate en relación al rol que a través de nuestro trabajo tenemos los y las periodistas en la sociedad, para fortalecer la democracia, promover el respeto a los derechos humanos, e inculcar el valor de preservar la memoria. 

Este agotamiento se acentúa cuando los hechos nos demuestran que en Chile se ha perdido todo principio de decencia y respeto por los derechos de las personas; y a los despidos del sector privado se suman los ocurridos en el sector público, con miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país y de lo que también hemos sido víctimas los y las periodistas. 

En el caso de los servicios públicos de Arica y Parinacota, según nos lo señaló la propia Intendenta Regional y el seremi de Gobierno, nos han despedido porque consideran que somos “cargos de confianza” en el sentido estricto de las lealtades políticas; y porque “no tienen las debidas competencias técnicas y capacidades profesionales”. 

Estos argumentos, entregados de parte de las propias fuentes a la presidenta nacional de nuestro gremio, no pueden estar más alejados de la realidad. 

Los y las periodistas con vocación de servicio público no somos “operadores políticos”; no tenemos cargos de jefatura y tampoco altas remuneraciones; nos hemos especializado en nuestras áreas a lo largo de nuestra vida funcionaria incluso apoyados por el propio Estado; e ingresamos a trabajar a través de concursos. 

Por ello, el problema de avalar estos argumentos conlleva un gran peligro: Se debilita la importante tarea del Estado de comunicar de manera oportuna y eficiente a la ciudadanía sobre diversas materias de interés público; que tienen que ver con políticas públicas; que deben ser de dominio público; y que tienen que llegar con prontitud a cada chileno y chilena para que puedan tomar sus propias decisiones, proyectar su vida como ciudadanos de este país y; sobre todo, puedan opinar libremente. 

Entonces, "¿Por qué nos han despedido?" La respuesta es precisa y clara: Porque pensamos, y a veces, pensamos diferente. Estos despidos obedecen a una deliberada acción de represalia por plantear con total franqueza y claridad nuestras ideas, especialmente sobre la precarización laboral de la que estamos siendo víctimas en nuestro sector. 

Estamos convencidos que nuestro país requiere con urgencia democratizar las comunicaciones, a través del derecho a la información y la libre expresión, y que es el Estado el llamado a garantizar estos derechos -tanto en el ámbito público como privado-, a fin de que todos los chilenos y chilenas tengamos, en la prensa y las comunicaciones, una herramienta clara para poner frenos y contrapesos al poder.

Patricia Gálvez Parra
Presidenta Consejo Regional Arica (@AricaPeriodista)
Colegio de Periodistas de Chile

Imagen de referencia: Flickr CC jpcolasso