¿Detalles de la Reforma Tributaria?

La Reforma Tributaria del Gobierno (que la oposición califica de ajuste menor) me ha llamado la atención por una serie de detalles que parecen inconsistentes, o abiertamente errores, que es de esperar se aclaren en el parlamento. Como se sabe, la actual oposición tiende más a negociar acuerdos con el gobierno que a rechazar proyectos (como era el estilo de los parlamentarios que hoy son de gobierno), por lo que parece esperable que el proyecto tenga modificaciones sustantivas.

Así, entre otros problemas, observo los siguientes:

La reforma al impuesto a los combustibles: Se anunció un sistema de impuestos móviles que fluctuarían según un sistema de banda en torno a algún precio de referencia (no hay detalles pues el gobierno informó que este componente de la reforma se enviaría aparte del proyecto en trámite de urgencia). El problema es que ese es, precisamente, el sistema vigente. El SIPCO, como lo expliqué en un artículo anterior (A tontas y a locas con los combustibles, 22 de abril) funciona mal por el “ancho de banda” que remplazó al FEPCO del gobierno anterior y porque introdujo grados de discrecionalidad que han sido mal administrados. Que sea impuesto móvil o subsidio es completamente accesorio y no produce efectos relevantes en la eficacia del sistema. Pero persiste la pregunta de ¿porqué anunciar algo que ya existe?

El impuesto a la graduación alcohólica de las bebidas: Esta es una antigua idea que, de hecho, se promulgó como ley en 1997 (antes de ese año, los impuestos específicos a los alcoholes diferenciaban entre el pisco y otros alcoholes, lo que era contrario a las normas de la OMC). En esa época se comenzó a cobrar una tasa que empezaba en el 27% para los alcoholes hasta 35° y terminaba en una del 47% en los que superaban los 39°. Sin embargo esta norma también fue denunciada ante la OMC que la consideró atentatoria a la libre competencia y debió dejarse pareja en un 27% para todas las bebidas alcohólicas. Entonces queda la pregunta, ¿pecaremos de contumacia al volver a una legislación que estuvimos de acuerdo en derogar?

El sistema de financiamiento estudiantil: Se anunció un sistema único de financiamiento fiscal, contingente a los ingresos, que obliga a los egresados a pagar hasta un 10% de los ingresos que obtuvieran después de egresar de las universidades (o dejar de matricularse por un período de tiempo), durante 15 años. Al cabo de ese período, la deuda remanente que pudiera quedar “se” condona. Además el sistema sería administrado por el Estado. El problema es que el sistema ya existe, es el Fondo Solidario de Crédito Universitario que, en realidad obliga a pagos por 12 o 15 años (dependiendo de la carrera), hasta el 5% de los ingresos anuales de los egresados (siempre que superen un umbral de ingresos). De ese modo, el nuevo sistema en realidad empeora el que ya existe, duplica los pagos proporcionales, por más tiempo, sin distinción de carreras y sólo exime de pagos a los desempleados con lo que se convierte en un virtual nuevo impuesto a la renta de los nuevos profesionales. Además deja en manos del Estado la cobranza con las consecuencias fáciles de prever sobre morosidad e incobrabilidad que se experimentó desde la década de los 80 con el sistema de Crédito Fiscal. Queda la pregunta ¿porqué retroceder en el sistema y hacerlo potencialmente ineficiente?

El efecto retroactivo: La reforma propuesta establece que operará desde el 1 de enero del 2012, es decir, es retroactiva, en circunstancias que el Código Tributario establece que los cambios de impuestos surten efecto desde el año que sigue a la promulgación de una ley que los altere. Parece normal que se respete la certeza jurídica de los contribuyentes y en este caso la reforma propuesta equivale a una confiscación a la venezolana. Queda la pregunta ¿No se supone que Chile es un país serio?

Finalmente (por ahora), se han planteado reformas para limitar la elusión de impuestos mediante mayores controles y normalizaciones de asignaciones de costos, intangibles y transacciones entre empresas relacionadas entre otros. En este aspecto hay más discusión pues la oposición ha planteado la necesidad de limitar el FUT, evaluar el IVA y otros. Con todo, hay dos aspectos preocupantes de este componente: (a) Simplicidad. Como es obvio, los controles suponen más fiscalización y costos administrativos que hace más compleja la gestión empresarial. Esto va en la dirección contraria de las propuestas del mismo gobierno que se había propuesto (en los tiempos del Ministro Fontaine), eliminar trabas administrativas y (b) Los incentivos al ahorro. Muchas de estas facilidades tributarias (el FUT entre ellas), se originan en los trabajos de comisiones nacionales que, en los gobiernos de Frei y de Lagos, habían estudiado mecanismos que permitieran incrementar el nivel de ahorro interno de nuestro país. Como es sabido, en Chile el ahorro es una proporción insuficiente para mantener ritmos de crecimiento acelerado. Con rangos del 20% al 25% del PIB de ahorro nacional, no es posible crecer a tasas mayores del 5% al año. Las cifras del Banco Central muestran que el ahorro nacional bruto se mantiene en ese rango en los años recientes. Con un mínimo del 22,2% el año 2009 y un máximo del 25% el año 2010, ese nivel de ahorro nacional es incompatible con el propósito de crecimiento superior al 6% en el largo plazo. Queda la pregunta ¿se están abandonando los propósitos de crecimiento de largo plazo anunciados por el propio gobierno?

En fin, el tema es largo y técnico, pero parece evidente que hay que mejorar mucho la propuesta del gobierno. Es de esperar que los parlamentarios estén a la altura.