Desechos tóxicos suecos en Arica: Relator de la ONU plantea “extrema negligencia” o “corrupción”

31 Mayo 2021
Marcos Orellana criticó el accionar de Chile y Suecia en este histórico caso que aún no tiene solución.
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Imagen: Twitter @SRtoxics.

El relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias peligrosas y desechos, Marcos Orellana, fue tajante a la hora de criticar las acciones de Chile y Suecia en el polémico caso del ingreso a Arica de más de 20 mil toneladas de desechos tóxicos provenientes desde el país nórdico y que fueron abandonados en un terreno que, en ese momento, no tenía uso residencial.

El hecho se produjo en la década de 1980  cuando la empresa sueca Boliden habría pagado un millón 600 mil dólares a la chilena Promel para concretar la operación. Supuestamente, se trataba de sustancias inofensivas, pero en realidad contenían grandes cantidades de plomo y arsénico, entre otros químicos, situación que se agravó en los años 90, cuando se permitió la construcción de poblaciones muy cerca del material depositado, lo que habría provocado numerosas enfermedades e incluso muertes en la zona, afectando a cerca de 12 mil personas.

“Hay varios elementos de este caso que no se explican, salvo por extrema negligencia o tal vez por corrupción. La construcción de viviendas sociales en un lugar contaminado es uno de ellos. La autorización a la importación de los desechos tóxicos sin siquiera realizar un análisis químico de su contenido es otro. La pasividad por años de las autoridades, a pesar de los evidentes impactos en la salud de la población, es quizá aún más alarmante”, comentó Orellana en una entrevista con La Tercera.

Asimismo, recalcó que “el caso de Arica también acentúa la importancia de la firma, ratificación y aplicación efectivo del Acuerdo de Escazú, en cuanto instrumento para profundizar el vínculo entre derechos humanos y el medio ambiente”.

RESPONSABILIDAD CHILENA

Respecto de la responsabilidad que le compete al Estado de Chile en este caso, Orellana detalló que “el 29 de mayo del 2012, el Congreso chileno aprobó la Ley 20.590 de Polimetales para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la contaminación en Arica. En 2019, la Contraloría de Chile concluyó que diversas autoridades administrativas chilenas no habían cumplido con los programas y medidas contemplados por la misma. Esto da cuenta de décadas de abandono por parte del Estado de Chile, en grave desmedro de los derechos fundamentales de los residentes de Arica”.

El relator afirmó que “el sistema judicial chileno ha sido incapaz de hacer valer las responsabilidades de los representantes legales de la empresa Promel Ltda. que recibió pagos de Boliden por recibir los desechos tóxicos, los señores Blas Martino y David Fux. El que estos individuos hayan logrado a la fecha evadir la justicia por décadas habla de debilidades institucionales que merman la confianza que debería inspirar el imperio del Derecho”.

Orellana recordó una resolución judicial de 1998 respecto de la adopción de medidas de seguridad en esta materia. “Específicamente, la decisión de la Corte Suprema ordena que se envasen los desechos en rellenos sanitarios, para luego ser trasladados a celdas de seguridad. 22 años y fracción más tarde, el fallo ha sido incumplido y los residuos peligrosos se encuentran a la intemperie en las cercanías de Arica, expuestos a los elementos de la naturaleza”, lamentó.

OBLIGACIONES SUECAS

Asimismo, hizo hincapié en que Suecia, en el marco de diversos convenios internacionales, tenía la obligación de controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y garantizar que las autoridades competentes recibieran información adecuada y oportuna sobre dichos movimientos, así como que las actividades dentro de su jurisdicción o control no causaren daños al medio ambiente de otros Estados.

“La solicitud de desaduanaje presentada por Promel al Servicio de Salud de Arica dice que el material ‘no es tóxico’. La más mínima diligencia por parte de la Agencia de Protección Ambiental de Suecia habría revelado la tremenda mentira”, recalcó el experto.

“QUE TOMEN MEDIDAS URGENTES”

Por todo lo anterior, Orellana explicó que “junto con otros 7 relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos, le hemos enviado cartas a Chile y a Suecia expresando nuestra profunda preocupación ante las violaciones de derechos humanos infligidas en los habitantes de Arica por el vertido de desechos tóxicos. Le hemos pedido a los Estados involucrados que tomen medidas urgentes para repatriar los desechos peligrosos a Suecia y asegurar remedios efectivos para los residentes de Arica por el daño que han sufrido a lo largo de los años, incluida la provisión de atención médica adecuada”.

Este caso también generó una polémica por el rol que cumplió el abogado Fernando Atria, recientemente electo como constituyente, quien actuó como testigo experto contratado por la minera sueca en un juicio iniciado por pobladores afectados por la contaminación.

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Una de las conclusiones de Orellana es que “la tragedia sufrida por las víctimas de Arica revela que el mero reconocimiento constitucional del derecho a vivir en un ambiente sano no es garantía suficiente para que el derecho sea respetado”.

Por esta razón, sostuvo que “además de una articulación clara del derecho, que incorpore avances en el derecho constitucional comparado en materia ambiental, los mecanismos efectivos de exigibilidad son indispensables”. “Aquí la Convención Constitucional chilena tiene un gran desafío y oportunidad”, concluyó.

Imagen: Twitter @SRtoxics.