El doble estándar en la política chilena: ¿Costumbre o casos aislados?

DOBLE ESTÁNDAR

La última semana ha estado llena de contradicciones. Desde el rechazo del Partido Comunista de Chile al Informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, hasta la negativa del Gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú. Estas últimas, sumadas a otras ocurridas no hace mucho –como la célebre declaración de Joaquín Lavín sobre su adherencia a la socialdemocracia– , nos hacen preguntarnos sobre la verdadera naturaleza de la política chilena. ¿Es el doble estándar una característica inherente de la mayor parte de los políticos chilenos? ¿O son simplemente “casos aislados”?

 Lo del Partido Comunista proviene de un excesivo dogmatismo. Quienes tengan un poco de agudez geopolítica comprenderán que la situación de Venezuela se debe, en parte, a la activa presión que ha ejercido Estados Unidos sobre el régimen chavista, a través de bloqueos, sanciones, embargos, etc. Pero estos hechos no pueden cegar al observador, por cuanto las violaciones a los derechos humanos que ocurren en dicho país sí existen, y no son delirios de Trump o del gobierno estadounidense de turno. Tampoco es posible atribuir a una conspiración internacional la tozudez de Maduro, quien no desea aflojar el poder aunque su pueblo esté sufriendo. Maduro no es Allende, y sería bueno recordarlo de vez en cuando. Pero ello no obsta a que el Partido Comunista no dé garantías de ser un partido democrático; la afirmación contraria es digna de González Videla, el que se valió de los votos comunistas para salir electo y, una vez elegido presidente, prohibió el partido mismo y exilió a sus integrantes.

El autogol fue de tal magnitud, que la principal carta presidenciable de la oposición, Daniel Jadue, tuvo que salir a desmentir a su propio partido. Lo curioso de la trifulca, radica en que el mismo Jadue enrostró al Gobierno los, también, informes de Derechos Humanos relativos al uso excesivo de la fuerza durante el estallido social. El oficialismo pecó de la misma miopía del Partido Comunista, pero al revés: prestos a condenar cualquier abuso en Venezuela, y cuando se denuncian violaciones a los derechos humanos en nuestro propio país, minimizan los hechos. Jesucristo tendría un par de cosas que decir al respecto: en Lucas 6:41.

Lo del Acuerdo de Escazú es inexplicable, como la economía argentina. El mentado tratado fue promovido por el primer mandato de Sebastián Piñera, el mismo que se erguía como el paladín del cambio climático previo al estallido social. El de la COP 25. El que, ahora mismo, pide enfrentar el cambio climático. Sin duda que el Capitán Araya estaría orgulloso de nuestro presidente. Pero lo más sorprendente fue la excusa para no aprobarlo: que algunas normas del Acuerdo serían autoejecutables, lo que generaría “falta de certeza jurídica” y que, además, la normativa ambiental chilena ya es moderna y muy completa, por lo que la firma del Acuerdo se torna en innecesaria. Parafraseando a Eduardo Vargas, “puras falacias”. La afirmación de que la institucionalidad ambiental chilena es robusta y muy completa resulta, cuanto menos, discutible. Un tratado autoejecutable es, en buen chileno, aquel cuyas normas son aplicables directamente en el país, sin necesidad de dictar normas complementarias. Pero resulta que la mayor parte de los tratados internacionales son autoejecutables, incluyendo tratados muy significativos como la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, y la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Finalmente, la falta de certeza jurídica. Evidentemente cualquier cambio en la legislación provoca adecuaciones y adaptaciones, pero ello nunca ha sido óbice, ni antes ni ahora, para firmar o ratificar cualquier tratado internacional. Pongamos por ejemplo el TPP. Los grandes inversionistas usan una técnica llamada treaty shopping, consistente en irse al país que le ofrece las mejores condiciones jurídicas. ¿Acaso no vulnera la seguridad jurídica de la Nación que de pronto aparezca un gran inversionista presto a reventar los pequeños negocios del país? ¿Cuántas empresas, sobre todo textiles, no quebraron cuando Chile ratificó los numerosos TLC que permitieron su apertura al mundo globalizado? Y por “mundo globalizado” debemos entender grandes hedge funds, joint ventures y cualquier masa enorme de capital decidida a extraer el último peso del país. El mismo argumento de la falta de certeza jurídica ha sido esgrimido, dicho sea de paso, por los adherentes del Rechazo.

La política es un mundo sorprendente, a veces irónico, a veces hilarante. Pero a pesar de que muchas de estas historias podrían servir para un buen chiste del Bombo Fica, lo cierto es que la política es seria. Muy seria. Los destinos de miles de personas se debaten en sus estadios. Chile no va a firmar el Acuerdo de Escazú. La anécdota en sí puede parecer jocosa, de no ser porque miles de chilenos y chilenas sufrirán sus efectos. Quintero. Ventanas. Freirina. Quillagua. Comunidades enteras cuyas vidas seguirán truncadas producto de una legislación medioambiental deficiente. Pero una vez más, la decisión del Gobierno los mantendrá en el abandono. Como a tantos otros.

Molesta el doble estándar, el trato diferenciado. Ya hemos tenido suficiente de esto. ¿Es necesario recordar cuántas personas salieron a las calles el año pasado? Pero como dice el refrán: “no hay mal que dure cien años”. Y ya queda poco para que el mal acabe.