Acusan a ex ministro Andrés Velasco de operar a favor de Hidroaysén

El parlamentario Enrique Accorsi (PPD) afirmó tajantemente que Andrés Velasco presionó  al ex director de la Dirección General de Aguas (DGA), Rodrigo Weisner, para que se le otorgaran derechos de agua a Endesa, una de las compañías encargadas del proyecto Hidroaysén.

Accorsi señaló que cuenta con testigos y pruebas suficientes que demostrarían una fuerte discusión entre el ex director de la DGA y el entonces titular de Hacienda en la embajada de Chile en Francia, donde “el ministro le dijo a Weisner que tenía que entregarle los derechos de agua al proyecto  Hidroaysén, incluso Velasco se quejó con el ministro Pérez Yoma”, sostuvo.

En 2007, la compañía Endesa solicitó dichos derechos de agua complementarios, pero éstos fueron rechazados por el ex director de la DGA, Rodrigo Weisner. A pesar de que luego se aceptaron nuevas solicitudes, aún Hidroaysén no cuenta con derechos de agua para poder materializar su proyecto.

Según Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas, Velasco  debe reconocer ante la ciudadanía sus malas prácticas para lograr los derechos de agua para Endesa.

“Está claro que la estrategia del ministro Velasco fue planificada para reposicionarse en las encuestas. Él como candidato estaba muerto, no figuraba en los sondeos, para él quedar como ‘Andrés, el bueno’ y por otro lado, ‘Guido el malo’. Pero resulta que ‘Andrés el bueno’ también tiene malas prácticas y nosotros constatamos que presionó a la DGA para que le otorgara los derechos de agua a Hidroaysén. Sabemos que en Hidroaysén  trabajan amigos suyos y con eso se trasgredió la ley de Probidad Pública”, añadió Rodrigo.

En la actualidad el proyecto HidroAysén aún está en entredicho, ya que será sometido a la votación por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Además, Colbún, uno de los socios del proyecto, puso en duda la inversión en el mismo, asegurando que se requiere “una política energética consensuada”, lo que desde el mundo ambiental, ha sido interpretado como una medida de presión para que el Gobierno les facilite la transmisión de energía a través de la construcción de una carretera eléctrica.