Contraloría Regional habría notificado a implicados por Caso Cajas de Alimentos en Arica

19 Octubre 2020

Este preinforme, de carácter reservado de acuerdo al proceso que sigue la investigación, ve la luz 4 meses después de los hechos del bullado caso.

Patricia Gálvez... >
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Un plazo de 10 días hábiles, a contar de este viernes 16 de octubre, tendrían el intendente regional Roberto Erpel, el administrador regional Giancarlo Baltolú, y los funcionarios de la intendencia regional Siupen Lau, Susana Bugueño y María Teresa Barrios, para responder a los requerimientos de la Contraloría Regional contenidos en el pre-informe de la investigación sumaria elaborada por la “Adquisición de canastas familiares por emergencia sanitaria COVID – 19 en la Región de Arica y Parinacota”, más conocido como el “Caso Cajas”.

Este preinforme, de carácter reservado de acuerdo al proceso que sigue la investigación, ve la luz 4 meses después que el órgano contralor instruyera un sumario a objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en el proceso de compra (bajo la modalidad de trato directo) de 22.375 canastas familiares.

Esta adquisición, por un valor de $900 millones, fue financiada con el 5% del Fondo de Emergencia Regional e incluida dentro del plan “Alimentos para Chile”.

En estos momentos las personas notificadas iniciarían su periodo de defensa respecto a los temas administrativos que indica el pre-informe, y habría que esperar sus descargos, ver si son válidos o no, y sobre quiénes recaerían finalmente las responsabilidades administrativas, según explicaron fuentes extraoficiales dentro de la intendencia regional.

Sin embargo, debido a la gravedad de los hechos, otras fuentes cercanas a la investigación, indicaron que la Contraloría podría aplicar la destitución si considera que son atentados graves a la probidad administrativa.

RESPONSABILIDADES
Según indicaron las mismas fuentes, las personas más perjudicadas con el resultado de esta investigación preliminar son el intendente regional, Roberto Erpel; el administrador regional, Giancarlo Baltolú; y el jefe del Depto. de Administración y Finanzas de la intendencia, Siupen Lau; entre los cuales sumarían 7 cargos.
Si son o no acusados de faltas graves a la probidad administrativa depende mucho de la forma en que presentarán su defensa, si lo hacen de forma individual o de forma grupal, e incluso si personas externas los apoyan en sus descargos, explicaron fuentes extraoficiales dentro de la intendencia regional.

MINISTERIO PÚBLICO
El pasado 18 de junio, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota confirmó el inicio de una investigación penal para establecer eventuales hechos constitutivos de delitos en el proceso de adquisición de las canastas de alimentos. La indagatoria se radicó en el fiscal Cristian Sanhueza, quien inició las primeras diligencias, tales como la incautación de los computadores personales y profesionales del administrador regional Giancarlo Baltolú, que se concretó el 27 de junio. Sin embargo, debido a que Sanhueza se encuentra actualmente con licencia médica, la indagatoria quedó a cargo de la fiscal subrogante Verónica Rocco, quien estaría llevando el caso con una investigación más extensa, con resultados a mediano plazo.

CRONOLOGÍA
13 de junio: La Contraloría General de la República representó el contrato firmado por el intendente regional, Roberto Erpel, para la adquisición de 22.375 cajas de alimentos que estaban siendo entregadas a las familias afectadas por la Pandemia del Coronavirus en Arica. (https://bit.ly/30BEp87). Ese mismo día, la intendencia debió suspender la entrega.
14 de junio: La Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional analizó la representación de la Contraloría por posibles irregularidades y emitió una declaración pública, en la que solicitó al Presidente de la República la inmediata renuncia a sus cargos del intendente Roberto Erpel Seguel y del administrador regional, Giancarlo Baltolú Quintano.
15 de junio: La Fiscalía Regional de Arica solicitó a la Contraloría Regional y al Consejo de Defensa del Estado la remisión de antecedentes, a objeto de evaluar si existen hechos que pudieran revestir carácter de delito
16 de junio: A través de la resolución exenta N° PD00615, la Contraloría Regional instruyó un sumario administrativo en la intendencia y en el gobierno regional.
18 de junio: La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota confirmó el inicio de una investigación penal (https://bit.ly/30Ura2l) El Consejo de Defensa del Estado también se hace parte de la investigación.
27 de junio: La Policía de Investigaciones de Chile incauta los equipos computacionales pertenecientes al administrador regional, Giancarlo Baltolú Quintano, desde su domicilio particular y la intendencia regional.
16 de octubre son notificados por la Contraloría Regional Roberto Erpel, Giancarlo Baltolú, Siupen Lau, Susana Bugueño y María Teresa Barrios.