La inquebrantable actitud neoliberal del Gobierno durante la Pandemia del Coronavirus

Para nadie es un misterio que el país se encuentra ante una situación crítica. El estallido social del año recién pasado dejó al descubierto una serie de falencias, en aspectos vitales de nuestra sociedad, relativos al modelo de organización social. Es en este contexto de crisis en donde surgió, además, la amenaza del coronavirus y los efectos que éste ha producido, en todos sus aspectos. El manejo de esta crisis ha requerido de medidas rápidas, eficaces y, a menudo, improvisadas sobre la marcha. Ningún país tiene la receta perfecta; ningún país se encontraba plenamente preparado. Pero cada país ha adoptado las medidas que buenamente ha podido, en virtud de una contingencia extraordinaria e imprevisible.

Es en este contexto donde debemos situar los reiterados anuncios del Gobierno relativos a ayudas monetarias a las familias más afectadas por el coronavirus: en un contexto de combate al coronavirus marcado por los efectos del estallido social. El Gobierno sin duda ha tenido una difícil misión, cual es compaginar el debido resguardo a la salud de los ciudadanos, con la mitigación, en la medida de lo posible, de los nefastos efectos secundarios a la economía nacional, con todo lo que ello implica. Dicho en otras palabras, el Gobierno debe evitar que los ciudadanos, o fallezcan de coronavirus, o pasen hambre.

En la consecución de este objetivo, sin embargo, el Gobierno no ha cedido un ápice, desde el punto de vista ideológico, respecto de sus convicciones y de su aproximación al modelo económico y social. Es decir, el principio de subsidiariedad sobrevuela todas y cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno. Lo que los particulares no pueden o no quieren hacer, lo debe realizar el Estado. Así, con la finalidad de mitigar la amenaza de despidos masivos, y evitar que los ciudadanos pasen hambre, el Gobierno envió a trámite la Ley de Protección al Empleo, la cual se financia, primordialmente, con los fondos del Seguro de Desempleo aportados por los propios trabajadores. La idea de esta Ley era apoyar a las pequeñas y medianas empresas, pero como se sabe, al final los grandes beneficiarios de esta medida ha sido, como siempre, las grandes empresas.

Otro tanto sucede con el reciente anuncio del Gobierno de apoyar a los trabajadores a honorarios. El mismo Presidente lo sostuvo explícitamente: esta medida pretende ser una especie de seguro de desempleo para los trabajadores a honorarios. Es una medida que, a primera vista, pretende beneficiar a los trabajadores, pero que en realidada, beneficia al mayor empleador de Chile: el Estado. En efecto, es el Estado quien introdujo esta figura laboral por medio del Estatuto Administrativo, en cuya virtud los trabajadores que prestan servicios al Estado por esta modalidad, quedan fuera del régimen de protección del mismo Estatuto, y además, quedan fuera de la protección del Código del Trabajo.

Formalmente, no tienen derecho a licencias médicas, ni vacaciones, ni gratificaciones, ni indemnización por años de servicio, ni estabilidad en el empleo, ni derecho a la carrera funcionaria, etc. Los trabajadores a honorarios son los trabajadores más desprotegidos de Chile, y quién ha fomentado su uso ha sido, precisamente, el Estado. Era cuestión de tiempo que los privados también se sumaran a esta forma de contratación. Este anuncio del Gobierno equivale a legitimar esta figura fuera de toda norma, completamente abusiva según las recomendaciones de la propia OIT, que implica, en la práctica, retroceder al Código del Trabajo previo a la dictadura, aquel que distinguía entre trabajadores de primera y segunda categoría, entre obreros y empleados.

En definitiva, en estos momentos, quién paga los costos de esta crisis, son los propios trabajadores. Si esto es justo o no, corresponde precisamente a un cuestionamiento del modelo libertario (neoliberal) que actualmente nos regula y que se encuentra consagrado en la actual Constitución. Para su cambio, sin embargo, se requiere tiempo. Tiempo que, precisamente, el coronavirus no entrega. Por ello, quizá, debemos tomar los anuncios del Gobierno con resignación. Ni soñar con una renta básica universal durante este período de crisis. Ni soñar con la posibilidad de retiro de un porcentaje de los fondos de las AFP. Eso no va a ocurrir, mientras el sistema siga igual que antes del 18 de octubre.

Espero que todas las familias afectadas por esta pandemia se encuentren bien de salud, y un abrazo a todos los trabajadores de Chile, quienes, a pesar de tenerlo todo en contra, aún tienen el valor de levantarse cada mañana a buscar un mejor bienestar para sí y sus seres queridos.