Opinión: Pesca y acuicultura

Chile tiene una posición natural e inmejorable por ocupar casi un cuadrante completo del Océano Pacífico y por tener un extenso y variado perímetro de costa.

Pese a este potencial casi todos sus recursos están con riesgo de colapso, ecosistemas dañados y un borde costero contaminado y deteriorado. Hay buenos ejemplos de agregación de valor en los recursos con menor cantidad extraída de algunas empresas y Pymes.

En acuicultura después de un fuerte despegue a fines de los 80, por falla de fiscalización y cumplimiento de las normas, también se produjo un alto grado de daño ambiental. El año 2009, se produce la conocida crisis del virus ISA y la proliferación del Cáligus.

En esto influyeron las altas densidades, el abuso de los antibióticos, la falta de barreras sanitarias y una zonificación que no tenía rango legal suficiente, frente a las áreas aptas para la acuicultura. Por ejemplo, el Consejo de Acuicultura de Aysén intentó crear una barrera sanitaria lo cual fue impugnado ante los tribunales con resultado de fuertes multas.

El 2010 se dicta la Ley 20.434 que hace legal la zonificación; introduce las barreras sanitarias, define las agrupaciones de centros para poderlas trabajar como macrozonas, reduce las densidades, incorpora el bienestar animal, regula los antibióticos y otros elementos y establece el respeto a los caladeros, puertos de abrigo y el uso del posicionador satelital, entre otras medidas.

Han pasado 5 años y ha habido poca relocalización, los caladeros no se han definido y tampoco los puertos de abrigo. Hay poca recuperación de los ecosistemas a lo cual también se suma el deterioro de la pesca artesanal e industrial.

No sólo hay que prorrogar la moratoria en 5 años para asegurar la relocalización adecuada de los centros de acuicultura, sino que urge implementar el denominado INDAP pesquero, darle autonomía y jerarquía al IFOP, apurar la ley de fomento para el repoblamiento de las algas, así como el programa de revitalización y creación de caletas pesqueras y entre otras medidas, frenar junto con el SAG la proliferación del Didymo.

La prórroga de la moratoria que entrega las nuevas concesiones acuícolas, explicita la aplicación urgente de la zonificación, así como el respeto a las áreas protegidas de riesgo, turismo, pueblos originarios y áreas de conservación.

Urge regionalizar la administración de los recursos naturales, el territorio y el mar, y darle el impulso que trae el Programa de Zonas Extremas para la región patagónica, que tiene el mayor potencial y la mejor condición ambiental para armonizar y procesar, dándole valor a los productos de la pesca y cultivo de nuestro país.