Personas con discapacidad auditiva se sintieron discriminados en los debates de CNN Chile y Canal 13

20 Junio 2013
Ninguno de los debate presidenciales fue transmitido en lenguaje de señas. Una omisión inaceptable para alguien que espera ocupar el cargo de Presidente o Presidenta de la República.
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Por Alejandro Hernández, Presidente y Director Ejecutivo - Fundación Nacional de Discapacitados. Consultor en Discapacidad www.fnd.cl

Canal 13, CNN Chile y ANATEL omitieron deliberadamente y una vez más, la traducción en lenguaje de señas, en el marco de los debates por primarias presidenciales efectuadas este pasado 10 y 13 de Junio, tal como sucediera en 2005 y 2009, respectivamente. Con esto, la primera acción realmente importante que compromete a los candidatos de ambas coaliciones, que coinciden en frases como “romper la desigualdad” y “un Chile más justo”, atropella indebida y deliberadamente la Ley chilena sobre discapacidad.

El clasismo y la discriminación que habitualmente ven los extranjeros en la sociedad chilena, donde consejos tan típicos como “Así como te ven te tratan”, parecieran haber permeado profundamente la clase política, al considerar seguramente de “mal tono” o “poco estético” incluir un cuadro con traducción en lenguaje de señas en la transmisión del debate presidencial.

En la actualidad representa un error grave no reconocer a nivel político, los derechos del sector más excluido de la sociedad chilena, las personas con discapacidad. Una omisión inaceptable para alguien que espera ocupar el cargo de Presidente o Presidenta de la República. La acción deja de manifiesto que el nivel demostrado por los candidatos, resulta insuficiente para un país y una ciudadanía cada vez más empoderada y activa, que merece y aspira a más.

La Ley 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y que data del año 1994 (reeditada en 2010 durante la administración Bachelet), señala claramente en su art. 25., que “Los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los Ministerios de Planificación, de Transportes y Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno.

Toda campaña de servicio público financiada con fondos públicos, la propaganda electoral,debates presidenciales y cadenas nacionales que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas”. También la Ley señala en el artículo 26 que "se reconoce la Lengua de Señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda".

Los canales intentan salvar la obligatoriedad que les impone la Ley 20.422, con un sistema llamado “Closed Caption” o de subtitulación oculta. Invento inaccesible, que no hace más que segregar y ocultar las necesidades y ajustes necesarios que requieren las personas con discapacidad auditiva, quienes, al margen de los debates, exigen que el recuadro sea visto sin intermediar tecnologías ocultas, puesto que de esta forma también se invisibiliza la existencia de las necesidades de esta población.

El sistema closed caption como otras soluciones parches en Chile, es similar a lo que han hecho algunos administradores de edificios públicos en Santiago (Como el BancoEstado de Huérfanos con Morandé), que instalan rampas de madera en el día para salvar las escaleras, sacándolas en la noche. Es decir una no-solución absolutamente excluyente, lo que yo llamo integración a la mala. ¿Este es el estilo que desean posicionar desde el mundo político hacia las personas con discapacidad.?. ¿Mantenerlas “Closed Caption”. Ocultarlas?

El objetivo de la Ley 20.422, es Asegurar derecho a igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Esto significa que hace 19 años el Estado de Chile tiene la obligación, no solo por Ley Nacional para la Discapacidad, sino también por lo que mandata la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de realizar todo ajuste necesario, con el fin de propiciar la accesibilidad del entorno físico, de los servicios y las comunicaciones a las personas que así lo requieran.

Pese a ello se sigue siendo negligente, incluso a pocos meses a celebrar unas nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Chile y sus autoridades, cuenta con todas las herramientas para estudiar, planificar y aplicar la ley establecida para estos efectos, sin embargo insiste en quedarse dormido y roncar, frente a las urgentes demandas del sector, especialmente en temas de accesibilidad e inclusión de millones de chilenos.

Esta semana la Fundación Nacional de Discapacitados recibió innumerables mails y mensajes de todo tipo, provenientes de la propia comunidad de personas que presentan hipoacusia y sordera profunda: la indignación es generalizada, cuando son los propios aspirantes a presidente y canales de televisión, los que atropellan la ley de la discapacidad.

Cabe señalar con fuerza y para que no se olvide, que la situación discriminatoria expuesta, afecta a un total de 500 mil personas con discapacidad auditiva en Chile. Medio millón de personas que requieren ajustes para facilitar su comunicación y entendimiento en un medio gobernado por los llamados “oyentes”. Y si esta porción de la población no es considerada en estos procesos, la pregunta lógica es ¿por qué entonces tendrían que votar ellos y sus familiares (que son al menos tres por cada uno de ellos) por alguno de estos seis aspirantes a la presidencia?.

Lo que queda de manifiesto, es que los candidatos concertacionistas y los de la diestra chilena, ignoran profunda y deliberadamente los derechos de las personas con discapacidad. La legislación, letra muerta en múltiples aspectos -pero considerada de alta categoría por las autoridades que la promulgaron- finalmente sirve para vanagloriarse en el concierto internacional, donde incluso nuestro país posee representantes ubicados en el más alto nivel de la ONU.

El más grande grupo históricamente excluido, que alcanza a más de 9 millones de chilenos, sigue esperando una señal clara, de algún candidato consciente que considere y se interese genuinamente en mejorar sustancialmente su calidad de vida.