Acogen recurso contra Intendencia Regional por expulsión de matrimonio de venezolanos

09 Febrero 2020

La información fue consignada por el Diario Constitucional.

Equipo El Morro... >
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Con dos votos en contra, la Corte Suprema (CS) confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica que acogió recurso de amparo presentado por el Servicio Jesuita de Migrantes, en favor de un matrimonio de ciudadanos venezolanos, y  en contra de Intendencia Regional de Arica y Parinacota.

Según consignó El Diario Constitucional, la pareja ingresó a Chile por un paso no habilitado, en septiembre del año en curso, junto a sus dos hijos. Posteriormente, los extranjeros se presentaron en la PDI para autodenunciarse.

La información oficial indica que los migrantes llegaron buscando mejores expectativas de vida, “atendida la situación por la que atraviesa su país de origen, y a que el hijo mayor, se encuentra en el país con visa sujeta a contrato, residiendo en Chile desde junio de 2018”. Además aseguraron que sus hijos menores ya están inscritos en el sistema escolar para comenzar a estudiar en marzo de 2020.

EXPULSIÓN

Por su parte, en este escenario, la Intendencia Regional ordenó la expulsión de los forasteros, invocando la comisión del delito de ingreso clandestino.

Luego, el 25 y 30 de octubre de 2019, se presentaron ante la Fiscalía de Arica denuncias contra los “amparados”, por el delito de ingreso irregular del artículo 78 del Ley de Extranjería que establece las Normas sobre Extranjeros en Chile, y, posteriormente, se presentó el desistimiento de la acción.

En respuesta a ello, la CS estimó que las resoluciones de la recurrida son ilegales, “ya que la recurrida carece de facultades para dictarla, en atención a que se desistió de la denuncia por ingreso clandestino al país y nunca se acreditó la responsabilidad penal de los amparados. Así, la sanción de expulsarlos de Chile, además de carecer de fundamento, es desproporcionada e improcedente, al no existir una sentencia condenatoria que se corresponda con la imputación del delito que dirige la autoridad en contra de los recurrentes”.