Caso Fabiola: ¿Qué es justo exigir como comunidad? ¿Qué es lo eficaz? ¿Qué es lo necesario?

Por Héctor Mérida

Cuando un crimen nos afecta muy cerca, la primera reacción es siempre fuertemente emocional. Y nuestra indignación clama inmediatamente por justicia o venganza; a veces por ambas cosas.

Y uno de los delitos más indignantes es el que nuestra legislación definió el año 2010 como femicidio, categoría que reconoce la existencia de un lastre cultural que perjudica especialmente a un género de nuestra sociedad. Se trata de una de las manifestaciones más violentas, cobardes y solapadas del machismo.

Ante ese crimen tan grande... ¿qué es justo exigir como comunidad? ¿Qué es lo eficaz? ¿Qué es lo necesario?

Me parece que sólo hay una respuesta: Justicia.

Y en un país con democracia y Estado de Derecho vigentes, la justicia la imparten los tribunales. Así es el acuerdo a que hemos llegado tras desechar una dictadura que duró 17 años.

Eso significa que nadie debe atribuirse el derecho a aplicar justicia por mano propia, sino que respetar que sean las instituciones encargadas las que dicten precauciones y sentencias.

Si estamos de acuerdo en esto, no podemos considerar que en la reciente decisión de cambiar la prisión preventiva a un imputado por femicidio sea una injusticia, ni que atropelle el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Menos aún que sea legítimo, como alguien ya mencionó en redes sociales, "funarlo", es decir, someterlo al acoso premeditado,masivo y público, es decir, tomarse la justicia por mano propia.

Las manifestaciones a las que se convoca se hacen contra todo el acuerdo social que compartimos y contra una persona que ya está - hace tiempo - sometida a un proceso penal, que está bajo el control de las autoridades pertinentes. En este contexto es como propinarle una paliza a alguien al que pillamos – eso creemos robando – y ya lo tenemos atado de pies y manos.

¿Será necesario, eficaz o justo?

Los que trabajamos en torno a la defensa de los Derechos Humanos no deberíamos dudar en decir que no se justifica.

El cuestionamiento actual es que al imputado se le cambió la medida de prisión preventiva por el arresto domiciliario total y arraigo. Se postula que eso es una injusticia. ¿Es así?

Nuestra legislación considera el encarcelamiento preliminar como una medida excepcional, porque se aplicaría sobre una persona que aún no está condenada, es decir, sobre la cual aún los jueces no lo han declarado culpable. Y como es excepcional, sólo cabría decretarla si se cumplen todos los requisitos.

Para este caso, lo que indigna es que los magistrados consideran que la prisión preventiva no es indispensable para que la investigación se desarrolle adecuadamente.

Tras escuchar a todas las partes involucradas el juez encargado opinó que no se cumplen las condiciones para mantener la prisión preventiva y más encima, en un tribunal superior, la Corte de Apelaciones, varios magistrados también creen lo mismo. Es decir, el sistema de justicia funcionó, por lo menos, dentro de la legalidad que todos aceptamos; las personas a las que nuestra sociedad le encarga impartir justicia llegaron a esa convicción.

A todo esto, el investigado…¿quedó libre? No, sigue arrestado y no podrá moverse de su casa, ni a otra ciudad ni salir del país. Estará bajo la supervisión de la policía.

Que en Chile los tribunales parezcan favorecer a las personas que disponen de mayores recursos económicos, ¿justifica pedir prisión preventiva para este caso? No. Lo que sería equitativo es que la prisión preventiva no se aplicara a los otros miles de casos en que no pareciera ser imprescindible, en que se nota el sesgo de clase social.

Y, entonces, ¿se justifica esa indignación, que incluye hasta iniciativas de llamar a una funa?

Tal vez de un ciudadano que no tenga formación, o que esté muy directamente afectado, podría entender que reaccione sin considerar los fundamentos de legitimidad. Pero es cuestionable que quienes conocen, vivencian y reflexionan en la defensa de los Derechos Humanos pueda sumarse al linchamiento público de cualquier imputado, sobre todo si hay instituciones que funcionan sobre la base de acuerdos sociales que todos hemos aceptado de manera democrática.

Una vez conocí a un abogado que dijo a la TV: "si le sucediera algo a mi hija sería entendible y hasta justificado que yo buscará venganza sin medida, porque la rabia me cegaría. Pero si mi ubicación es otra, si conozco de leyes y creo en el Estado de Derecho y la Democracia, tengo el deber de no dejarme llevar por ese tipo de pasiones". 

Yo creo que, aparte de los abogados, esa obligación también vale para los y las líderes sociales, las personas con educación y, por supuesto, para los periodistas. 

Aunque sea impopular, pero “la justicia no espera ningún premio”.