El plan energético estratégico al 2030 o cómo seguir siendo rehenes de un modelo de desarrollo eléctrico perverso

El Presidente de la República lanzó un Plan Estratégico Energético al 2030 cuyos puntos esenciales ya se habían dado a conocer en enero de este año.

Para el movimiento progresista la propuesta energética detallada por el Presidente Piñera se inscribe en el mismo tipo de ejercicios anteriores: propuestas vacías que carecen de responsabilidades políticas y excluye medidas de monitoreo de la propuesta. Peor aún, la propuesta responde a la misma lógica de más energía sin importar cómo la usamos, ni tampoco, cabalmente, sus impactos ambientales. En esta propuesta dicen, impera la lógica del negocio de unos pocos asegurándose, eso sí, el pago de las creciente cuentas de la luz de todos los chilenos. Paradojalmente, lo único que hace esta propuesta es asegurar la incertidumbre en el largo plazo pues las medidas que da a conocer no sólo se alejan de lo recomendable, acorde a lo que hacen los países exitosos de la OCDE en este ámbito, sino lo que es peor, están condenadas al fracaso por ser más de lo mismo pero peor.

No se trata de un Propuesta Energética sino Eléctrica (ésta propuesta sólo trata del 16% de la matriz energética o conjunto de nuestra demanda). La gran mayoría de las necesidades energéticas de la gente y de la Pyme: transporte y necesidades de calor, por mencionar un par de ellas, no es abordada ni hay propuesta alguna.  La preocupación central de esta Propuesta es el suministro de electricidad a las grandes mineras y grandes industrias por un lado, y de entregar garantías a las eléctricas que gozando de condiciones oligopólicas y de rentabilidades excepcionales en el mercado nacional, desean ver asegurado el rol de rehenes de los usuarios. En ese contexto y pese al rechazo ciudadano y de los progresistas, Hidroaysén es la pieza central de esta propuesta.

Según los progresistas, una propuesta hasta el 2030, a espaldas de la gente, que no considera al Parlamento ni las organizaciones ciudadanas, constituye un gesto de arrogancia consistente sólo con el origen y ánimo de sus gestores: los asesores de las propias eléctricas y de los servidores de un modelo de desarrollo eléctrico fracasado e ineficiente. Esta afirmación está avalada por las continuas caídas de sistema, por tener las tarifas más elevadas de continente y del mundo, rentabilidades escandalosas frente a constantes alza de tarifas, una matriz eléctrica cada vez más sucia y contaminante. La propuesta no hace más que repetir la lógica impuesta desde la privatización del sector durante la dictadura y que se ha revelado cara e ineficiente frente a los desafíos energéticos, de desarrollo, ambientales y de competitividad.

Se despliegan en la propuesta, supuestas medidas para el uso eficiente de la energía (EE) y el fomento a las energías renovables (ERNC). La verdad, sin embargo, se desprende de algunos hechos contundentes: la ley de Presupuesto del 2012 redujo en un 27% (real) los fondos acordados al Programa de Apoyo a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y el presupuesto de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética se redujo en un 14%. Fondos que supuestamente irían vía a otros ministerios (Vivienda por ejemplo) con propósitos “energéticos”  no sólo deben competir con necesidades más urgentes de la población en ese ámbito sino que además hace incierto sino imposible el seguimiento o cumplimiento de metas de política pública.

Cualquiera sea la opción tecnológica para responder a la creciente demanda eléctrica, necesariamente se deben cambiar las reglas de juego del mercado eléctrico chileno: cambiar el más vendo más gano por el mejor usamos la energía más ganamos todos. Debido al actual marco normativo Chile es más dependiente, más vulnerable y menos competitivo que ayer y que hace 10 años. Mantenerlo, tal cual, no sólo es un gran error sino una provocación. Los costos los seguirá pagando la gente, la Pyme y el medio ambiente. Cambiar las reglas del juego significa: cambiar las formas de evaluar ambientalmente los proyectos, usar un modelo distinto al de costo marginal hoy vigente para la fijación de tarifas, introducir en la evaluación de proyectos eléctricos cabalmente, las externalidades ambientales: acorde a fuentes especializadas de EEUU, el impuesto al carbón en la generación de electricidad debería ser algo así como 15 a 17 veces de lo que hoy se acepta en ese país (tales magnitudes haría que en Chile se volvieran rentables la mayoría de las energías renovables). De este necesario cambio de la normativa nada dice la propuesta 

La sintonía fina de un modelo ineficiente no sirve para los desafíos energéticos, de desarrollo y de cambio climático que enfrenta Chile. Al respecto se debe señalar que la propuesta consolida una matriz que aumenta aceleradamente su contribución al fenómeno del cambio climático.

Los progresistas aseguran, que la pretendida mirada de largo plazo de parte de empresarios y de ciertos grupos de poder, excluyen los necesarios cambios y las verdaderas opciones en el sector energético todo: el hidrógeno, las celdas de combustibles, las energías renovables en todas sus expresiones, nuevos modelos de negocios y de gestión de la energía, la desconcentración de los mercados, la generación distribuida, la cogeneración, una nueva ENAP y sobre todo, la adopción de medidas que apunten a perfiles y estilos de desarrollo menos voraces en energía y agua.

Una mirada de futuro exige además  compromisos serios en el ámbito de la investigación y desarrollo cosa que la propuesta omite. Los progresistas afirman que las mejores, más eficientes y más rentables medidas no se encuentran en el sector energético sino en el tipo de casas y construcciones que alentamos, en el perfil de ciudades y urbes que desarrollamos y los procesos productivos que fomentamos a nivel minero e industrial.

En el contexto antes señalado, el movimiento progresista reiteró que los desafíos son a la vez políticos y de poder: no existirán ni podrán concretarse las verdaderas opciones tecnológicas sino se cambian las reglas de juego y el Estado no asume el liderazgo que le corresponde.