Empleados Públicos denuncian más de 800 despidos injustificados

10 Diciembre 2012

En algunos casos, las desvinculaciones piden una "repostulación" a los cargos.

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800 trabajadores en servicios centralizados y una cifra similar en los descentralizados, es hasta el momento la cantidad de funcionarios públicos cuyos contratos se terminaron unilateralmente, pese al instructivo enviado  por el Ejecutivo, que fue acordado con la Mesa del Sector Público. Este documento establecía la renovación automática de las contratas de todos quienes tienen altas calificaciones y si sus programas continúan.

Dentro de las reparticiones que encabezan las desvinculaciones se incluyen el Ministerio de Educación, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

Algunas asociaciones de funcionarios ya han iniciado movilizaciones, mientras los 14 gremios de la mesa, coordinados por la CUT, realizan gestiones a todo nivel para exigir el cumplimiento del acuerdo. En esa línea, estarían evaluando, incluso,acudir a la justicia.

Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, dijo que  con esta actitud el gobierno mancha un muy buen acuerdo alcanzado.

“Con el pretexto de la modernización del Estado, lo que se está haciendo es disminuir las capacidades de éste. Este proceso no es más que la desvinculación del Estado de sus responsabilidades principales que es fiscalizar y generar condiciones de atención desde sí mismo respecto a las políticas públicas. En ese marco, nosotros evidentemente que estamos preocupados de la atención y de la situación de nuestros trabajadores”, comentó la dirigente.

En tanto, Raúl De La puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), recordó que la circular 41 del Ministerio de Hacienda, deja claro que no se pueden dar despidos arbitrarios.

“Hay una serie de casos donde no se explica cuál es el criterio que se está aplicando. Éste tiene que ser claro y responder a lo que se firmó en el sentido de que las personas bien calificadas, cuyos programas continúan vigentes y en los cuales no hay procesos de modernización debe renovársele automáticamente la contrata y debe considerarse en el acuerdo que las personas que están en edad de jubilar, con enfermedades graves y con años de servicio en la administración pública también se deben ser contemplados. Eso lo queremos hacer cumplir integralmente”, afirmó.

En los municipios, luego de que asumieran los nuevos alcaldes, han aumentado considerablemente los despidos de funcionarios. El caso más paradigmático sería el de La Florida.

En esa comuna, el alcalde Rodolfo Carter  ha ordenado  cerca de 400 despidos en el área de salud y 7000 sumarios.

En protesta contra esta actitud, el  6 de diciembre no se constituyó el nuevo Consejo Municipal debido a la falta de quórum, el que fue negado por los concejales de oposición.

El concejal electo, David Peralta, criticó duramente al edil UDI. “Funcionarios de muchos años a contrata han sido comunicados por el alcalde electo de despidos y se les termina el contrato el 31 de diciembre. No se trata de uno, dos o diez desvinculados por razones particulares, sino que de aplastar y humillarlos porque, además, se les ha entregado un documento donde se les pide repostular –a quien quiera – entregando algunos antecedentes que permitieran que el alcalde decida si lo recontrata o no”, denunció.

Aunque en varias reparticiones las asociaciones de funcionarios han logrado  establecer diálogos con los jefes de servicio para revertir los despidos,  en otros ya hay movilizaciones contra las exoneraciones.