Formalizan a funcionaria público y músico por irregularidad ocurrida en Gobernación de Arica

30 Junio 2017

Imputada habría contratado de manera directa al acusado en 2012 para impartir clases de alfabetización digital, sin embargo se estableció que éste no contaba con el título ni las competencias técnicas necesarias para el trabajo.

Equipo El Morro... >
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Una investigación llevada a cabo por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica detectó un perjuicio por más de $8 millones, monto defraudado al fisco por la funcionaria de la Gobernación de Arica, y un músico y productor de eventos.

Según los antecedentes entregados por Fiscalía, N. A. C. habría contratado los servicios de J. Z. P., para que este último impartiera un curso de alfabetización digital, sin embargo no contaba con los conocimientos técnicos necesarios para el trabajo.

Los hechos se remontan a marzo de 2012, cuando la Gobernación de Arica se adjudicó un total de 12 proyectos financiados por el Fosis, dineros que servirían con el fin de efectuar programas de apoyo a micro emprendimientos locales.

En este contexto, la imputada se desempeñaba en la Gobernación como encargada de la ejecución de dichas iniciativas adjudicadas, gestionando la contratación de relatores de diversos talleres de capacitación a beneficiarios.

La investigación determinó que durante junio de ese año la acusada gestionó directamente la contratación de J. Z. P. como relator del taller de alfabetización digital, el cual se desarrolló en 12 módulos, trabajo por el cual recibió una remuneración por cada actividad.

Al respecto, el fiscal Francisco Ganga explicó que “durante los talleres el imputado solo se limitó a enseñar a los beneficiarios elementos más que básicos, como por ejemplo enseñaba a prender un computador, el modo de uso del mouse y crear una cuenta de correo electrónico, pese a que figuraba como experto”.

Agregó que “la imputada validaba los informes del imputado, pese a que las horas declaradas en las boletas no correspondían a las horas efectivas de clases".

No obstante, el Fosis objetó las rendiciones, por lo que ambos imputados modificaron el contrato de honorarios, esto a objeto de ocultar los pagos excesivos que percibía por realizar los talleres, causando un perjuicio fiscal de 8 millones 200 mil pesos.

Tras ser formalizados, ambos imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de firma mensual, fijándose un plazo de investigación. 

Defensa dice que no hay delito ni fraude

"Los procesos de licitación y la adjudicación de los fondos a la Gobernación no tuvieron ningún tipo de irregularidad, no hay ninguna observación de ningún órgano fiscalizador", indicó Antonio Raveau, abogado particular, a La Estrella.

Tras 5 años de investigación de Fiscalía, el defensor dice que no hay delito ni fraude y los programas fueron fiscalizados por la Gobernación y el FOSIS, donde -excepto observaciones menores- no hay pruebas para perjuicio del fisco.